El gobierno informó que la Unidad de Información Financiera (UIF), dedicada a combatir el lavado de dinerom “profundizará el monitoreo de las Sociedad por Acciones Simplificadas” (SAS) debido a las vulnerabilidades y riesgos que presentan para el sistema de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Delitos Económicos Complejos".
La creación de las SAS se aceleró a partir de la sanción de la ley 27.349, “de apoyo al capital emprendedor”, sancionada en abril de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri. La ley facilitó la tramitación de nuevas sociedades comerciales y según el gobierno de Alberto Fernández “presenta importantes vulnerabilidades debido a la posibilidad de utilizar este tipo de entidades para ocultar a los beneficiarios finales a través del uso de prestanombres o testaferros” y también para generar organizaciones pantalla para eludir estándares internacionales y los estándares del sistema antilavado.
“Las SAS reúnen una serie de particularidades que la tornan frágil (sic) ya que se vinculan con la extrema simplificación de los trámites de constitución, desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de sus deberes bancarios, tributarios y societarios. Por ejemplo: no están sujetas a la fiscalización del Registro Público en su constitución ni durante su funcionamiento, disolución y liquidación”, señaló el gobierno. Además, señaló, “pueden constituirse con muy poco aporte capital, ser administradas por terceros ajenos y tener un objeto muy amplio, lo que les permite canalizar el capital en diversos y muy variados circuitos comerciales y mercados formales e informales”.
“Debido a los riesgos y amenazas que puede implicar el uso de estas sociedades como instrumentos de defraudación y lavado de activos, la UIF se encaminará a investigar en profundidad a los Sujetos Obligados que presenten este tipo organización”, dijo el gobierno en un comunicado de lo que parece ser una nueva batalla política y legal entre el actual y el anterior gobierno.
La ley 27.349 promovió la creación de miles de sociedades, por su sencillez y bajos costos, pero el actual gobierno, a instancias del senador kirchnerista Oscar Parrilli, suspendió por 180 días el registro de inscripción de nuevas sociedades. Antes, a principios de este año, la Inspección General de Justicia (IGJ) había dictado resoluciones imponiendo un capital mínimo superior al que marca la ley y obligándolas a la presentación de estados contables y otras regulaciones que motivaron las quejas de la Asociación de Emprendedores Argentinos (ASEA) y la promoción de una acción de amparo contra esas medidas. Al frente de la IGJ el gobierno designó, apenas asumió, al abogado Ricardo Nissen, apoderado de Máximo y Florencia Kirchner como accionistas de Hotesur.
Ya en febrero, Nissen había dicho a Infobae que el gobierno de Macri había puesto “al país en un estado de gravísimo peligro en materia de control de personas jurídicas: fue una especie de fiesta donde se podía hacer cualquier cosa, con la constitución de sociedades en apenas 24 horas para hacer hacer cualquier tipo de negocios”.
Además, en la UIF, cuyo anterior titular, Mariano Federici, había promovido varias denuncias contra exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner, el gobierno designó al abogado Carlos Cruz, un penalista de origen peronista de buenos vínculos con el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. En 2007, Cruz fue defensor de la exministra de Economía Felisa Miceli, en la causa en la que fue condenada por “encubrimiento agravado” por el hallazgo de la bolsa con $ 100.000 y USD 31.000 en el baño de su despacho del Palacio de Hacienda.
En agosto de 2016, Macri anunció la iniciativa “Argentina Emprende”, en cuyo contexto fue sancionada la ley que permitió la creación de las SAS, en dos actos que en un espacio de pocos días tuvieron lugar en la sede de Mercado Libre y en la de Tecnópolis. La legislación fue presentada como un complemento de la “Ley Pyme” que había sido sancionada durante la anterior gestión kirchnerista.
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