Carlos Cruz (a la izquierda) y el ex juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Julio Maier en la Facultad de Derecho el 30 de septiembre pasado en el homenaje al ex procurador -fallecido- Esteban Righi.
Carlos Cruz (a la izquierda) y el ex juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Julio Maier en la Facultad de Derecho el 30 de septiembre pasado en el homenaje al ex procurador -fallecido- Esteban Righi.

El abogado Carlos Alberto Cruz será el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo del Poder Ejecutivo dedicado a prevenir el lavado de dinero, en reemplazo de Mariano Federici. Así lo anunció ayer Alberto Fernández. “Es un abogado especializado en Derecho Penal y Económico, titular de cátedra en la Universidad Nacional de Buenos Aires a quien conozco de hace muchísimo años. A él le he ofrecido el cargo”, dijo en una entrevista con Radio Nacional.

Cruz, de 72 años, es egresado de la Facultad de Derecho de la UBA y licenciado en Derecho, con un título homologado por el Ministerio de Educación de España. Comenzó como docente auxiliar en esa casa de estudios, hizo toda la carrera y, en 2005, fue designado profesor adjunto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, cargo al que accedió por concurso. Por haber alcanzado el límite de edad establecido por el Estatuto Universitario, en 2015 fue designado profesor consulto adjunto, con dedicación parcial.

De origen peronista, tiene cercanía ideológica con el kirchnerismo y es crítico del poder financiero. Quienes lo conocen, señalan que este abogado penalista comulga con la escuela del académico David Baigún, doctor en Derecho y Ciencias Sociales fallecido en 2015 y uno de los pioneros en la especialización de delitos financieros, con un pasado juvenil de militancia universitaria en el Partido Comunista. Cruz también tiene muy buenos vínculos con el ex miembro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y sus discípulos.

“Es inteligente, obsesivo del trabajo y gran tipo. Con una perspectiva progresista desde lo jurídico. Adhirió al espectro de pensamiento que suscribió el gobierno anterior, en términos de la política criminal”, lo define un abogado y dirigente universitario que lo conoce como colega en la Facultad y que trabajó a su lado.

En 2007, asumió la defensa de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, en la causa en la que se la condenó por “encubrimiento agravado” por el hallazgo de la bolsa con $100.000 y USD 31.000 en el baño del Palacio de Hacienda.

Para ese época, era a su vez miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación –cargo que ocupó entre 2005 y 2009– y mantenía una relación cercana con el entonces procurador general, Esteban Righi, jefe del fiscal federal Guillermo Marijuán que debía acusar a la ex funcionaria de Néstor Kirchner.

El juez federal Daniel Rafecas, Carlos Cruz (al micrófono), Carlos Más Velez y el ex decano de Derecho de la UBA Atilio Alterini, en el VII Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal en 2007.
El juez federal Daniel Rafecas, Carlos Cruz (al micrófono), Carlos Más Velez y el ex decano de Derecho de la UBA Atilio Alterini, en el VII Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal en 2007.

Su trayectoria

Con el retorno democrático y hasta principios de los 90, fue consejero directivo de la Facultad de Derecho de la UBA, en representación del Claustro de Graduados, y entre 1990 y 1992 fue miembro del Consejo Superior de esa casa de estudios. Volvería a ser consejero directivo de Derecho en 2005, hasta 2010, pero ya como profesor.

“Es un viejo militante de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y perteneció al espacio de peronistas y radicales que en los 90 enfrentamos al menemismo en la Facultad, entonces representado por la UPAU y el Colegio de de la calle Montevideo”, en referencia a la otra institución que reúne a los abogados de la Ciudad, recuerda un abogado que compartió militancia en esos años de la Facultad.

Cruz fue además, en la década del 90, presidente de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) y uno de los fundadores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Con un posgrado en “Especialización en Protección Jurídica del Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Patrimonio” de la Universidad de Castilla, La Mancha (España), también consignó en su currículum ser profesor a cargo de “cursos de Grado y Posgrado de las materias Delitos Económicos y Delitos Informáticos en universidades del país y del extranjero”. Entre las casas de estudios del país donde dictó clases figuran las universidades nacionales de la Patagonia San Juan Bosco, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Rosario y del Comahue.

En los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, también se desempeñó como asesor de la Comisión de Legislación Penal y de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación.

Asimismo, fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal entre 2006 y 2008, y desde ese año y hasta 2011, se desempeñó como subdirector de la Maestría en Derecho Penal del Mercosur de la UBA.

Desde 2008 es investigador adscripto del Instituto de Investigaciones Jurídicas Ambrosio Gioja, que concentra las investigaciones de la Facultad de Derecho de la UBA. Según la web de esta casa de estudios, su primer trabajo de investigación estuvo referido a una base de datos en materia de delitos económicos.

En 2014, participó del capítulo Delitos contra el orden económico y financiero en la redacción del trabajo “Anteproyecto de Reforma del Código Penal de la Nación – Aportes para un debate necesario”, bajo la dirección de Zaffaroni y su discípulo, el jurista Roberto Carlés.

Un año antes, en 2013, Cruz integró la lista de conjueces que Cristina Kirchner envió al Senado para la Cámara Federal de Casación Penal.

Sobre el final del mandato de Cristina Kirchner, en 2015, fue designado miembro titular del primer Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa, en representación del Consejo Interuniversitario Nacional, cargo en el que cesó en sus funciones hace tres meses.

Jura de Cruz en 2015 como miembro titular del primer Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa, en representación del Consejo Interuniversitario Nacional.
Jura de Cruz en 2015 como miembro titular del primer Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa, en representación del Consejo Interuniversitario Nacional.

Su pensamiento

“Es un profesional y académico serio y respetado, con sobradas credenciales en el campo de los delitos económicos. Su trabajo desarrolla una visión crítica del capitalismo financiero. Aunque no estamos parados en la misma línea ideológica, creo compartir la idea de que la globalización ha alcanzado niveles irracionales, que deben ser administrados desde una posición nacional”, le dijo a Infobae Juan Félix Marteau, representante ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ex coordinador nacional para el el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo, quien conoce a Cruz desde hace años, por ser colegas en el ámbito de la UBA.

En opinión de Marteau, director del Posgrado Prevención Global del Lavado de activos y la financiación del terrorismo de la Facultad de Derecho de la UBA, “Cruz tiene un desafío enorme”. Y así lo explica: "Desconectar el trabajo de la UIF de los lobbies de los que ha estado presa estos 4 años, donde los que daban órdenes eran unos banqueros amigos del Gobierno. Entiendo que tiene muy en cuenta que la UIF no puede seguir participando de querellas en los tribunales ya que eso convierte al organismo en un operador judicial de la Casa Rosada”.

Desde la UIF señalaron, en tanto, que el organismo “trabajó estos cuatro años de manera autónoma y operativamente independiente. Hizo culto de esa autonomía y de su independencia, tanto respecto de la política como de las industrias reguladas”. También recordaron que el todavía titular de la UIF, Federici, “preside el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera” y que fue “elegido para presidir ese organismo por las 164 UIFs que lo componen. Desde dicha posición lideró el desarrollo de iniciativas -incluyendo la publicación de documentos internacionales- tendientes a promover la importancia de la autonomía e independencia operativa de las UIF, especialmente en la lucha contra la corrupción”.

En agosto 2017, Cruz expuso en el Senado en el marco de la discusión sobre el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, promovida por el gobierno de Cambiemos y vigente desde el 1º de marzo del año pasado. En su intervención fue crítico de la "injerencia” de “agencias internacionales” como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el GAFI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la Organización Mundial del Comercio en la elaboración de políticas legislativas en materia penal referidas a los delitos económicos. También sobre la normativa referida a la lucha contra la corrupción desde esos organismos de la comunidad internacional.

¿De qué no discutimos en materia de delitos económicos cuando hablamos solo de la corrupción? No discutimos de delitos económicos más graves que generan mayores afectaciones sociales. No hablamos o hablamos poco de la fuga de capitales, de la evasión impositiva, de las consecuencias nocivas de las prácticas monopólicas. En Estados Unidos se hizo un trabajo en el que cuantificó el perjuicio económico derivado de este conjunto de hechos, frente al perjuicio económico de los delitos de corrupción. Y la relación era de 1 a 10. Pero analizamos la lesión económica por uno, y no por el otro. Porque en la lesión económica por uno, el acento lo ponemos en el funcionario público, en la otra línea lo tendríamos que poner en las empresas".

En su exposición dejó planteadas sus dudas sobre la efectividad de la norma: “Este proyecto no va a ser efectivo ni eficaz como mecanismo de control para prevenir comportamientos y va a servir poco para que se ponga en funcionamiento el sistema de agencias judiciales y penales, y que se llegue a algún resultado concreto". Y en ese sentido, agregó: "En esta ley, como en todos los delitos contra la administración publica, están implicadas las empresas, en realidad la línea de investigación penal no avanza sobre las empresas, y en este proyecto, avanza poco. Creo que, más allá del simbolismo mágico que suelen tener las leyes penales, no solo esta, tengo mis dudas de que sea efectiva y eficaz”.

Carlos Cruz al exponer en el Senado en agosto de 2017 sobre el proyecto de la ley penal empresaria
Carlos Cruz al exponer en el Senado en agosto de 2017 sobre el proyecto de la ley penal empresaria

El proceso de su designación

Más allá de que el nuevo presidente haya hecho público su nombre, de acuerdo al artículo 9º de la ley de lavado de dinero sancionada en 2011, el presidente de la UIF será designado por el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanaza en “un procedimiento público, abierto y transparente que garantice la idoneidad de los candidatos”.

Esto implica que sus antecedentes curriculares deberán publicarse en dos diarios de circulación nacional por tres días, y el candidato deberá presentar su declaración jurada con el detalle de sus bienes, los del cónyuge y sus hijos menores, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Ética de la Función Pública. También se le requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.

El candidato deberá, asimismo, informar las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integra o haya integrado en los últimos ocho años; la nómina de clientes y contratistas que tiene o tuvo en el mismo período; los estudios de abogados, contables o de asesoramiento a los que perteneció o pertenece; y “cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello, con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses”.

Tras la publicación de esta información, el candidato deberá someterse a las objeciones y adhesiones de la ciudadanía. Las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince días, presentar al Ministerio de Hacienda, “por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos”. El proceso culmina en una audiencia pública en esa cartera para la evaluación de las observaciones presentadas. En los siete días posteriores, el ministro de Justicia elevará la propuesta a consideración del Poder Ejecutivo, quien recién entonces podría designarlo formalmente.