Desde las 11 de la mañana, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores debatirá el proyecto de ley que modifica el Presupuesto General 2020.
El titular de la comisión, el oficialista Carlos Caserio, había convocado a un plenario de ese grupo, pero finalmente fue suspendido y postergado para este martes a media mañana por videconferencia.
El incremento del gasto, que ya fue aprobado la semana pasada en Diputados, autoriza al Ejecutivo a aumentar las erogaciones públicas en $1,9 billones, de los cuales el 80% -según dicen- será destinado a la implementación de programas productivos, laborales y sociales con el objetivo de paliar las consecuencias de la pandemia. De obtener dictamen, podría ser convertido en ley dentro de una semana.
Con el incremento del 33,6%, se proyecta un total de gastos para este año alcanzará los $7,3 billones. La iniciativa es clave para dar inicio al programa de reactivación económica que promueva el Gobierno pensando en la salida de la cuarentena.
La ampliación de los gastos se financiará, en parte, con recursos de recaudación de impuestos por $ 642.844 millones y el resto con las rentas del Banco Central y uso de fuentes financieras. En tanto, se destinarán $55.324,7 millones al Ministerio de Desarrollo Social para la asistencia alimentaria.
El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Productivo se eleva en $215 mil millones, se enviarán a la ANSES $90.000 millones para el pago del IFE y $80.000 millones para el Programa ATP, y se refuerza con $50.000 millones de pesos el Programa de Emergencia Financiera Provincia creada en abril, para atender la emergencia por la pandemia de coronavirus.
Por otra parte, al PAMI se destinarán $11.088 millones de pesos, mediante bonos de consolidación, para abonar las deudas pendientes sobre provisión de medicamentos oncológicos y tratamientos especiales. También se aumenta en $1.625 millones el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), para brindar líneas de financiamiento a empresas, pymes y cooperativas, y se giraran $8.879 millones al Poder Legislativo, y $16.800 millones de pesos al Poder Judicial.
Finalmente, se aumentan en $1.500 millones el presupuesto del ministerio de Educación para el programa “Volver a la Escuela”, el presupuesto del ministerio de Seguridad se incrementa en $45 mil millones, y se crea el Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA).
La oposición decidió acompañar el proyecto en general pero rechazar algunos artículos en particular. Para lograr su apoyo el Gobierno fue cediendo en distintos puntos: por ejemplo, creó un fondo de compensación para el transporte de pasajeros por $10.500 millones y, además, eliminó el artículo que modificaba el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la leche.
El debate se dará en un contexto en el que Juntos por el Cambio, tras varios cruces con la vicepresidenta Cristina Kirchner, pone en riesgo la continuidad de las sesiones virtuales. “Así no podemos seguir”, sostuvo el senador Esteban Bullrich la semana pasada. En una reunión por zoom, que tuvo como protagonista a Mauricio Macri -de vacaciones en la Costa Azul- la oposición anunció que no discutirá en forma remota la reforma judicial.
Ayer Sergio Massa fue contundente: “No podemos cerrar el Congreso para no resolverles el problema de justicia a los argentinos”. En declaraciones a TN, el titular de la Cámara de Diputados agregó: “Se está juzgando a gente de manera virtual. Hay condenas penales por zoom ¿Cómo no vamos a poder discutir la reforma judicial de manera virtual si hay jueces condenando personas a prisión a través de la utilización del zoom?”
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