Casi un 60% de las pymes podría incorporar el teletrabajo luego de la cuarentena, pero no están de acuerdo con la ley que trata el Congreso

Un relevamiento entre 1.700 empresas de menos de 800 empleados analizó las fortalezas y debilidades para expandir el empleo remoto

La pandemia hizo que la transformación digital se ponga en los planes de muchas empresas, aún no es un hecho generalizado (Shutterstock)
La pandemia hizo que la transformación digital se ponga en los planes de muchas empresas, aún no es un hecho generalizado (Shutterstock)

La mitad de las empresas argentinas con menos de 800 empleados tiene posibilidades de adaptar su operatoria al uso de tecnologías remotas. No obstante, el 40% de ellas no reconoce posibilidad alguna de hacerlo, mientras que sólo un 6% cuenta con procesos y personal aptos para desempeñarse a través del teletrabajo. Al mismo tiempo, consideran que la eventual aprobación de la ley que se encuentra en el Senado para regularlo podría frenar parte del impulso para la adopción de estas nuevas modalidades.

Esas son las principales conclusiones del relevamiento Coronavirus: impacto sobre las pyme - Producción y empleo, llevado a cabo entre 1.700 micro, pequeñas y medianas empresas por la Fundación Observatorio Pyme. El documento destaca que si bien la pandemia hizo que la transformación digital se ponga en los planes de muchas empresas, aún no es un hecho generalizado.

“Asumir la transformación hacia el teletrabajo implica altas dificultades que condicionan especialmente a las empresas más pequeñas, las menos calificadas y aquellas situadas en regiones remotas del centro productivo del país, por lo cual la política pública se hace particularmente necesaria para promover y cofinanciar”, observó el informe.

Asumir la transformación hacia el teletrabajo implica altas dificultades que condicionan especialmente a las empresas más pequeñas, las menos calificadas y aquellas situadas en regiones remotas del centro productivo del país

Sobre este último aspecto, el director de la Fundación Observatorio Pyme e investigador de la Universidad de Bologna, Vicente Donato, dijo: “el cambio al que debe apuntar esa política pública no puede limitarse a cambiar el lugar físico del trabajo. Hay que evolucionar hacia un esquema en el que el trabajo se pueda hacer en cualquier horario y lugar basado en la predeterminación de los objetivos a cumplir por parte del trabajador. Hace falta un cambio de enfoque, hacia una filosofía de cohesión, de autonomía y de confianza mutua entre el trabajador y su empleador”.

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Donato criticó la intención de trasladar el mismo tipo de relación de dependencia laboral que se de “en la oficina o en la fábrica” hacia otro lugar. Aseguró: “el cambio requerido es más profundo y si la ley se aprueba con el mismo texto que ya tiene media sanción de la cámara de Diputados, habrá impactos negativos: Nos va a condicionar las necesidades de competitividad internacional de nuestras empresas y sufriremos la pérdida de una gran oportunidad”.

Asimismo, planteó como un antecedente negativo la sanción de “la Ley Pyme de 2016, que fue sancionada por unanimidad pero sin debate y hoy es como si no existiera. No se puede legislar al galope”.

El relevamiento aportó datos significativos sobre las fortalezas y debilidades de las pyme argentinas para adoptar modalidades de teletrabajo en la post-pandemia:

- La implementación de trabajo remoto, con ayuda de tecnología, en el escenario productivo pospandemia, puede abarcar al 57% de las MiPyME y empresas medianas-grandes de la Argentina.

- Solamente el 6% de estas empresas está en condiciones de articular el teletrabajo para todo su personal. Ese universo abarca unas 60.000 firmas y 220.000 empleos.

- “Además, entre 800.000 y 1 millón de trabajadores formales podrían estar involucrados en los procesos de implementación parcial del teletrabajo en el 51% de las firmas con hasta 800 ocupados”, apuntó el informe.

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- En el contexto de las urgencias que impone la crisis del COVID-19, solo un porcentaje menor de las empresas relevadas está en condiciones de implementar la modalidad antes de fin de año: 15% de las firmas de servicio, 9% de las radicadas en AMBA y 12% de las microempresas (más flexibles, basadas en servicios avanzados y profesionales independientes).

Solo un porcentaje menor de las empresas relevadas está en condiciones de implementar la modalidad antes de fin de año: 15% de las firmas de servicio, 9% de las radicadas en AMBA y 12% de las microempresas

- “Otra parte del universo empresarial de las empresas con hasta 800 ocupados quedará completamente fuera de la dinámica del teletrabajo en la pospandemia”. Un 43% de las compañías relevadas declararon que ninguna función de su personal podría desempeñarse bajo teletrabajo. Son 280.000 empresas y 1,5 millones de trabajadores. Aquí pesan de manera significativa las microempresas, aquellas de los sectores diferentes de los servicios y de las regiones más alejadas del AMBA.

- El estudio concluye que el universo empresarial de las empresas con menos de 800 empleados queda dividido “en dos grupos de igual dimensión: aquellas firmas sin ninguna posibilidad actual de implementar el teletrabajo y aquellas donde el teletrabajo podría constituir, en un futuro muy próximo, un instrumento competitivo de gran importancia”.

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- A pesar de que ambos grupos no constituyen obviamente compartimentos estancos, existe un riesgo de creciente dualismo productivo territorial, sectorial y dimensional que la política pública deberá poder enfrentar con decisión a través de adecuadas regulaciones de los incentivos.

Existe un riesgo de creciente dualismo productivo territorial, sectorial y dimensional que la política pública deberá poder enfrentar con decisión a través de adecuadas regulaciones de los incentivos

- “La crisis derivada de la llegada del COVID-19 está imponiendo promulgar una Ley de Teletrabajo cuyo debate debería ser sostenido con evidencia y análisis riguroso sobre la real situación de las empresas”, afirmó la Fundación Observatorio Pyme.

El informe advirtió que esa norma, junto con la Ley de Pyme y la Ley de Economía del Conocimiento “deberían constituir un cluster de instituciones regulatorias capaces de incentivar la convergencia de productividades entre sectores, tamaños de empresas y territorios, la creación de trabajo para eliminar la pobreza y la competitividad internacional de las empresas argentinas”.

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