Los bonistas, el equipo económico y los bancos asesores del Gobierno trabajan en forma silenciosa para lograr la mayor cantidad de consensos posibles que deriven en un acuerdo para que el país deje atrás el default de los últimos dos meses.
Una calificada fuente que participa de las negociaciones del lado argentino indicó a Infobae que, más allá de las declaraciones altisonantes, hay una negociación que no se ha interrumpido y que está mucho más cerca que hace algunas semanas atrás en términos de las posturas de ambas partes.
¿Qué señal espera el Gobierno para “aflojar” frente a algunos de los pedidos de los acreedores? Aunque parezca un juego de palabras, quiere que estos grupos demuestren en forma fehaciente que aceptarán el canje. “Si hay un deal asegurado, hay cambios”, precisó la fuente.
Y los movimientos internos dentro de los tres grupos no preocupan tanto a los negociadores, enfocados en lograr que los bonistas firmen el canje. “Nadie está adentro o afuera hasta que no se firme el contrato de canje de sus bonos; el resto son interpretaciones de analistas que no tienen la suficiente información como para saber el estado de situación”, afirmó, tajante, en referencia a las críticas del exministro Alfonso Prat Gay y otros.
“El Gobierno mostró mucha flexibilidad desde que presentó la primera oferta y la nueva es mejor, tanto en términos financieros como de estructura, así que ahora el último tramo de flexibilidad lo deberían aportar los bonistas”, afirmó la fuente.
Desde el lunes, el equipo económico y los bancos HSBC y Bank of America trabajan sobre la base de la contraoferta que prepararon los tres comités de acreedores, que reúnen cerca del 40% de la deuda que el Gobierno pretende reestructurar.
Más allá de las declaraciones políticas, la fuente aclaró que hay un diálogo constante entre las partes: los bonistas por un lado y el equipo económico con los mencionados bancos y el estudio jurídico que representa al país en Nueva York, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, por el otro.
Este marco de negociaciones no se cortó nunca, aclaró la fuente, que consideró que todavía hay margen para seguir avanzando, sobre todo en el andamiaje legal de la oferta.
En cuanto al valor presente de la propuesta oficial, que ronda los 53 dólares en promedio, aclaró que solo podría haber una modificación parcial en la estructura de algunos de los nuevos bonos, sin que afecte el flujo de pagos previsto por el Gobierno, pese a que la contraoferta privada requiere USD 300 millones más por año para igualar a la oficial.
La posibilidad de que esa pequeña brecha se elimine con un cupón contingente parece haber quedado en el olvido, sobre todo por el avance de las causas en el exterior contra el país por la manipulación de las estadísticas entre 2007 y 2015, que, según los acreedores, perjudicaron el pago del cupón ligado al PBI.
Pero lo más importante, aclaró, es que ninguna de las dos partes ha mostrado intenciones de “patear el tablero”, a través de una ruptura del diálogo o, del lado de los acreedores, de una aceleración de la deuda que ya venció o de una demanda ante los tribunales extranjeros.
Esto incluye a BlackRock, el fondo más importante de Wall Street, que, sin embargo, “en esta negociación no es ni el más importante, ni el más duro”, aclaró la fuente.
La otra clave son las fechas: aunque el cierre del canje está previsto para el 4 del mes próximo, el intercambio de bonos recién se realizaría un mes después y, como ha ocurrido previamente, siempre se puede postergar en tanto y en cuanto sirva para negociar un acuerdo más amplio.
Mientras tanto, con excepciones, el mercado interpreta que habrá acuerdo, tal como se refleja en la suba de los bonos argentinos del último mes, respecto de niveles muy bajos. Esto no significa, aclaró la fuente, que se llegue a un resultado tajante: puede haber grises, con un acuerdo y canjes parciales, que permitan que el país salga del default en algunos bonos y en otros no.
Desde uno de los comités de los bonistas, confirmaron a Infobae que hay buena predisposición para llegar a un acuerdo y que la unión de los tres grupos, lejos de complicar al Gobierno, le puede facilitar las cosas, porque modera a los más duros y les quita heterogeneidad a los pedidos de los acreedores.
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