La presión impositiva para el sector agrícola sigue en ascenso, por la sumatoria de gravámenes impositivos, retenciones y tasas sobre la renta agrícola. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el Estado se queda con el 68,3% de la renta agrícola a julio de 2020, cifra que reporta un incremento de 11,4 puntos porcentuales respecto a igual mes del año pasado. Todo esto significa que de cada $100 de renta (ingresos menos costos) de una hectárea agrícola promedio, $68,30 van al Estado en impuestos nacionales, provinciales y municipales.
David Miazzo, economista jefe de la Fundación Fada, aseguró que un ejemplo del impacto que esto tiene en el ánimo del productor está vinculado por caso a la performance que reporta el maíz: “En términos de precios internacionales, el maíz es el que más ha sufrido, con una caída interanual del 19,5%. Así en junio de 2019, la participación fiscal del Estado en el maíz era del 47,1% y ahora, doce meses después, es del 65,4%. Todo esto producto de la situación de los precios y las retenciones”.
En su informe del trimestre abril-junio del presente año, la Fundación explicó que la participación del Estado en la renta que ofrece la soja ronda el 69,7%, mientras que en el caso del maíz asciende al 65,4%, y en trigo y girasol, alcanza un porcentaje del 67,8% y 59%, respectivamente. Por provincia, estas mediciones reportan los siguientes valores: Córdoba con un 67,8%, Buenos Aires un 66,8%, Santa Fe con 63,4%, La Pampa 71%, Entre Ríos un 73,4% y San Luis con 68,3%.
Según Miazzo, al seguir la evolución que tiene la participación del Estado en la renta agrícola en los últimos trece años, “estamos hoy en el tercer nivel más alto de los últimos cinco años: al tiempo que el nivel del tipo de cambio real ayuda a no tener un indicador mayo a un porcentaje del 70%”.
El informe refirió además que en lo que hace a la carga impositiva total que debe pagar el productor por cada hectárea cultivada: un 67,4% corresponde a cumplir con el abono de gravámenes nacionales no coparticipables, otro 26,6% de impuestos nacionales coparticipables, un 5,2% de gravámenes provinciales y por último un 0,8% de tasas municipales.
Precios y tipo de cambio
La renta del productor, sumado al impacto que tuvo por vía de las retenciones y tipo de cambio, se vio signada también por la variación de los valores de las materias primas agrícolas. En los últimos doce meses, indicó FADA, el precio FOB de la soja perdió un 1,1%, el trigo un 1,6% y el maíz un 19,5%. Respecto a la medición de marzo, la soja ganó un 8,5%, el trigo perdió un 1,2% y el maíz cayó un 11,3%.
Respecto al tipo de cambio y suba de costos, la Fundación explicó que en el último año, el incremento del tipo de cambio nominal oficial fue del 61%, pasando de $43,40 por dólar a $69,97, y solo en los últimos tres meses, aumentó un 9,7%. Medido a precios de junio de 2020, el tipo de cambio de junio de 2019 era el equivalente actual de $65,56.
Al respecto, Miazzo explicó, “que el tipo de cambio real evolucione por encima de los costos es positivo para el resultado económico de estas actividades agrícolas ya que reduce el valor en dólares de los costos pesificados. También colabora en este sentido el congelamiento del precio del gasoil, principal costo de los fletes y labores agrícolas”.
La entidad con sede en Río Cuarto comentó que las restricciones impuestas al acceso al tipo de cambio oficial, más conocido como cepo cambiario, han generado una importante brecha cambiaria, con un tipo de cambio oficial de $69,67, un dólar bolsa de alrededor de $107 y un blue de $125. Desde el regreso del cepo hay temores en la cadena agrícola de que la brecha se traslade a incrementos de los costos de los insumos, situación que se dio en el cepo que operó entre 2012 y 2015.
Al respecto, FADA expresó que la diferencia con ese cepo es que no sólo era cambiario, sino que también era importador, es decir, no solamente se dificultaba el acceso al tipo de cambio para dolarización de ahorros, sino que se restringía el acceso a dólares para importación, acompañado de licencias no automáticas para la importación. Esto generaba escasez y encarecimiento de bienes importados. Al campo, en particular, lo afectó con una suba de los costos de los insumos.
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