
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lo había adelantado en conversaciones informales a las empresas, en este contexto iba a ser muy difícil llevar adelante una revisión al alza de las tarifas de los servicios públicos. Y hoy finalmente se hizo realidad lo que el funcionario había adelantado.
Mediante el Decreto 543/2020 de la Emergencia Sanitaria, el Ejecutivo Nacional dispuso congelar por 180 días, es decir, hasta fin de año, los aumentos para la tarifa de los servicios de energía eléctrica y de gas.
La norma, que también establece la imposibilidad de cortar los servicios por deudas impagas de hasta seis meses, señala que se tomó la decisión de mantener sin modificaciones las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal porque la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio “han imposibilitado el desarrollo de los procesos de renegociación de la revisión tarifaria vigente -ya sea esta integral o de carácter extraordinario- de los servicios públicos de electricidad y gas natural”.

A partir de esto es que en el momento es que se venza el plazo original de lo que fue el primer congelamiento, que será a finales de junio, se ampliará el proceso de renegociación de las tarifas por 180 días más, que hace que las empresas no puedan incrementar el valor de su servicios. En los hechos, es una extensión del congelamiento.
El artículo 5 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública es el que habilitó al Ejecutivo a mantener los valores de los precios realativos y a encarar un nueva negociación con las compañías proveedoras del servicio.
En el caso del sector del gas, la antesala de esto es el trabajo que se viene realizando con las compañías que lo extraen en donde, al igual que pasó con el petróleo, la Secretaría de Energía busca establecer un precio sostén.

Fuentes oficiales explicaron a Infobae que actualmente se encuentra trabajando “un proyecto de ley para presentar al Congreso cuya principal característica es la inclusión de incentivos de precio a la producción de gas natural que proviene de todas las cuencas y yacimientos del país, incluyendo Vaca Muerta”.
“El objetivo es, tanto en petróleo como en gas, fomentar la inversión tanto en recursos convencionales –fuente histórica en nuestro país– como en recursos no convencionales –la oportunidad de Vaca Muerta– a los fines de evitar el devlive de la producción, abastecer a la demanda interna y, en el mejor de los casos, generar saldos exportables que traccionarán un equilibrio en la balanza comercial y en la cuenta de capital”, agregaron.
Esto es lo que se denomina el Plan Gas 4, una serie de incentivos a la producción como contraposición a la imposibilidad de subir tarifas, y que tiene de un lado de la mesa al Gobierno y del otro a empresas del peso de PAE, Total, Pluspetrol, Pampa, Tecpetrol, etc.

“Con los productores de gas están intentando fijar un precio estímulo, que es el famoso plan Gas 4. Pero es algo entre secretaria y ellos por el momento”, explicó un jugador de la industria.
“Están buscando un precio estímulo para el gas de USD 3,5 por millón de BTU. Como no se pueden tocar tarifas, intentan fijar ese precio de referencia para que no caiga la producción de gas. De esta forma garantizarían una oferta de base para cubrir la demanda prioritaria y evitar caer en fuertes importaciones de gas en barco”. agregó.
El precio es bastante más bajo que los USD 7,5 que pagaba la administración de Cambiemos con Mauricio Macri a la cabeza. Y, al igual que lo que sucedión con las petroleras y el precio sostén denominado “barril criollo” el Gobierno les pedirá a cambio a las compañías que mantengan los niveles de inversión y producción así como también la planta de trabajadores.
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