El Gobierno movió una ficha el fin de semana para avanzar en la discusión con los grupos de acreedores privados, pero el acuerdo para renegociar los USD 66.500 millones emitidos bajo ley extranjera todavía pareciera estar lejano. Si bien la nueva propuesta informada por el equipo económico a los bonistas, y cuyos detalles publicó en exclusiva Infobae, elevó de 40 a 45 dólares por cada 100 de valor nominal, los inversores reclaman 55 dólares.
“Hay que seguir conversando y mejorando el valor relativo. Es un proceso dinámico donde las partes debieran moverse hacia un punto de acuerdo”, dijo a este medio una fuente del Gobierno cercana a la negociación. Pero para el 2 de junio faltan siete días, por lo que aún si hubiera un acuerdo y la Argentina presentara cambios a la propuesta en la Securities & Exchange Commission (SEC), debería postergar el plazo igual, para darle a los acreedores un mínimo de 10 días de tiempo a que acepten o rechacen la oferta.
Lo que podría suceder es que si las partes llegan a un entendimiento durante esta semana, la prórroga podría ser superior a los diez días, pero es la opción más probable según cómo están hoy las negociaciones. Al respecto, el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, afirmó esta mañana en declaraciones radiales que “hay un mayor nivel de comprensión y ha habido un acercamiento entre las partes”, pero evitó referirse al detalle de estas discusiones por el acuerdo de confidencialidad firmado en los últimos días. “A veces se dice que la pelota está en una cancha o en otra; ahora estamos más en una instancia de diálogo”, agregó.
Sobre la fecha del 2 de junio, dijo que “no se puede tener la oferta abierta al mercado por menos de diez días. Como todavía el Gobierno no ha modificado la oferta, el plazo de extensión fue hasta el 2 de junio", dando a entender que ese tiempo será extendido.
En el Gobierno aseguran que los canales de diálogo están abiertos, de forma tal de que “luego no puedan alegar de que hubo una oferta unilateral”, dijo la fuente consultada, quien agregó: “Lo óptimo sería enmendar la oferta vigente de modo de lograr una mayor aceptación de todos los acreedores”.
De todos modos, es imposible que las autoridades puedan tener el total consentimiento de la mayoría de los acreedores con una determinada propuesta. Cada grupo de bonistas tiene sus pretensiones y sería inviable realizar una oferta que contemple los deseos de todos. Por lo tanto, lo que se espera es que se acerquen aún más las posiciones y en algún momento el Gobierno decida presentar la enmienda a la SEC, aunque sin tener la garantía de que el canje será exitoso.
Desde la firma del acuerdo de confidencialidad, el canal de diálogo entre los acreedores y el Gobierno se reabrió, pero el vínculo es más que nada con los asesores financieros y los bancos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo de Finanzas, sólo aparecen cuando es necesario, como sucedió el fin de semana con varias videoconferencias que realizaron con la presentación de la nueva propuesta.
Contactos con los acreedores que no integran los comités
Respecto de cuán exitosa puede ser la operación, si bien sería mucho más conveniente tener un aval importante de los fondos nucleados en los tres comités (reúnen el 40% de las tenencias), luego el Gobierno tendrá que conseguir el apoyo del otro 60% de los acreedores. O, aunque sea, del 30% de ellos para lograr una reestructuración “aceptable”.
Será tarea entonces de los bancos colocadores salir a buscar a esos bonistas y tentarlos con la oferta. Chodos se refirió al tema y planteó que “ahí es donde es tan importante el rol de las entidades financieras que la Argentina ha contratado a tal efecto”, como son el Bank of America (BofA) para el mercado norteamericano, y el HSBC para Europa. Al respecto, desde Economía aseguraron que ambos bancos estarán contactando a los poseedores de bonos que no están agrupados en los tres grandes clubes de acreedores.
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