
Tras semanas de compleja negociación en círculos, Martín Guzmán y los bonistas pactaron una tregua tácita y oportuna, si se considera que está en juego la reestructuración de la deuda externa privada por 66.000 millones de dólares, la profundización de la crisis económica y el aislamiento financiero de la Argentina por su conocida recurrencia a caer en default.
Este acuerdo entre el ministro de Economía y los fondos de inversión implicó un compromiso asumido por cada una de las partes en conflicto: la Quinta de Olivos no declarará desierto el canje y extiende la oferta oficial durante junio, mientras que los acreedores privados evitarán concurrir a los tribunales frente al default que mañana consumará Argentina cuando ratifique que no pagará 503 millones de dólares por intereses del bono Global.
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La extensión de la vigencia de la propuesta oficial se manifestará en una resolución que se publicará en el Boletín Oficial, en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el New York Times, el Financial Times, un matutino en Luxemburgo y otro en Buenos Aires, acorde a las normativas previstas en la oferta presentada a los acreedores privados.
La resolución está a la firma de Guzmán, no excede de cinco párrafos y su aspecto más importante -plazo de extensión de la oferta- aún no fue definido por el ministro de Economía. “Apostamos a terminar todo en junio”, opinó un miembro del gabinete que conoce Olivos de memoria.
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La Argentina caerá en default mañana al incumplir un pago de 503 millones de dólares por los intereses vencidos del bono Global. Si no hubiera una negociación de buena fe, los fondos de inversión acelerarían las cláusulas corporativas y los procedimientos legales que permiten denunciar al país ante los tribunales de Manhattan. Pero los acreedores privados también apuestan a un acuerdo, y se comprometieron con Guzmán a que no harán nada -por ahora- para que el default lastime las arcas del Tesoro Nacional.
Al margen de este acuerdo tácito entre el ministro de Economía y los acreedores privados, la negociación sufre el síndrome del Día de la Marmota. Guzmán se mantiene firme en su oferta, y los fondos de inversión en las tres propuestas que presentaron en la cartera de Hacienda.
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Guzmán afirma en la intimidad de Olivos que su método de negociación es apropiado a las circunstancias, mientras que los bonistas replican que el ministro “está enamorado” de su discurso académico y se hace complejo encontrar un punto de contacto. Alberto Fernández respalda a Guzmán, pero ya comenzó a escuchar otras perspectivas a la búsqueda de una solución definitiva a la crisis de la deuda externa.
El Presidente conversó con un importante CEO de un fondo de inversión con valiosos activos en la Argentina y escucha en silencio las opiniones de Sergio Massa. El titular de la Cámara de Diputados tiene muy buenos contactos en Wall Street y Londres, y está preocupado por la lentitud en la negociación.
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En cónclaves informales, BlackRock soslaya a Guzmán y busca un backchannel para llegar sin escalas a Olivos. Este poderoso fondo contactó a dos influyentes personajes -de las finanzas y la política-, pero la respuesta fue idéntica: “Por ahora, Guzmán está a cargo. Hay que esperar”.
Alberto Fernández conoce las intenciones de BlackRock y no habilitará una vía paralela que implique debilitar a su ministro de Economía. “Martín soy yo”, repite el jefe de Estado cuando escucha los recurrentes cuestionamientos de los acreedores privados. Y remata: “Estamos negociando; nadie regala nada”.
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Si no hay cambios en la agenda política y burocrática, la extensión del plazo de negociación con los bonistas aparecerá publicada entre sábado y domingo. Sería la tercera prórroga de una pulseada multimillonaria que es seguida con atención por la Casa Blanca y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Donald Trump aún no movió: aguarda que todo se encarrile antes que llegue el verano a Washington.
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