Una tarea silenciosa pero importante se acentuó en los últimos días para acercar posiciones entre el Gobierno y los bonistas con el objetivo de evitar un nuevo default de la deuda argentina.
Se trata del rol que llevan adelante los bancos que asesoran al Gobierno, HSBC y Bank of America, que, además, colocarán los nuevos bonos surgidos del canje previsto para el mes próximo.
Fuentes del sistema financiero indicaron que esta tarea de “intermediación” resulta muy útil, sobre todo cuando, al principio de la negociación, las partes aparecen muy lejos entre sí.
En principio, los fondos de inversión valúan la oferta del Gobierno cerca de los 40 dólares y pretenden que se acerque todo lo posible a 55 dólares.
Al respecto, el mensaje que reciben de los bancos es que hay que rescatar la actitud del Gobierno de haber seguido adelante con la formalización de la oferta y el canje en medio de la crisis económica global.
Varios jugadores del mercado y también dentro del oficialismo -la información sobre la deuda solo la comparten el ministro Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández- apostaban a que el proceso quedaría en stand by en este contexto.
También se destaca el hecho de que la propuesta busque un punto de equilibrio entre las pretensiones de ambas partes. Como en toda negociación, saben que hay que buscar un término medio entre la escasez de recursos del deudor y el lógico reclamo del acreedor de cobrar. Eso debería traducirse en un valor presente neto más alto para los bonos.
Los fondos les han transmitido a estos bancos que hay espacio para negociar y que a todas las partes les conviene llegar a un acuerdo, pero saben que la discusión será bono por bono, ardua y detallada.
En particular, saben que posiblemente se pueden acercar más en los valores de los bonos de largo (2040 y 2047) que en los de corto plazo que incluyó el Ministerio de Economía en la oferta.
Al respecto, un trabajo de Consultatio sugirió las vías para concretar este acercamiento: “Hay dos maneras distintas y complementarias por las cuales el Gobierno puede mejorar su oferta: trabajando sobre la exit yield (la tasa de salida); y mejorando los problemas de base de la propuesta inicial: el de diseño y el de valor”.
El trabajo del equipo que dirige José Echagüe indicó que “trabajar sobre la exit yield es la manera más eficiente de mejorar la propuesta: no tiene costos económicos y tiene un impacto mayúsculo en el valor de la misma. Además, Argentina tiene todos los elementos para poder hacerlo”.
Por su parte, “mejorar los problemas de base de la propuesta también ayudaría; si bien mejorar los términos de los nuevos bonos (subir cupón, acortar período de gracia, etcétera) podría implicar algún costo en términos económicos, el mismo podría verse bastante neutralizado si, además, se corrigen ciertos errores de diseño que tiene la propuesta presentada”.
En ambos casos, aclararon, las mejoras no implican “alterar los términos de sostenibilidad de deuda definidos por el gobierno y el FMI”.
En cambio, un obstáculo para arreglar es que “el enfoque que ha elegido el Gobierno es el de negociar la deuda sin un plan macroeconómico”. Salvo algunas intervenciones esporádicas del ministro, no se sabe cuáles son las cifras del Gobierno en materia macroeconómica, más allá del efecto de la pandemia del coronavirus.
“Esto es una anomalía en cualquier caso de reestructuración soberana o corporativa conocido”, advirtieron.
La práctica indica que se arranca al revés: “A partir de la voluntad de regularizar una situación percibida como insostenible, el deudor se reúne con los acreedores, negocia objetivos y medios para conseguirlos, y termina realizando una propuesta, un plan, a partir de los que se puede estimar una capacidad de pago que, a su turno, será plasmada en un ejercicio de reestructuración financiera”.
“El arreglo financiero es siempre el reflejo de un entendimiento anterior y no al revés”, aclararon.
En este sentido consideró que “en su carácter de principal acreedor del país y dado también que el perfil de vencimientos con el FMI es a todas luces incumplible, resultaría de gran utilidad clarificar el rol del organismo en la negociación de la deuda de forma tal de despejar conflictos de interés.”
En particular, “sería una señal muy positiva para los acreedores privados conocer bajo qué condiciones y compromisos el FMI reperfilará sus vencimientos”.
El Gobierno le pidió una extensión de plazos de tres años al Fondo para repagar los USD 44 mil millones que le debe abonar entre 2021 y 2023, pero el Fondo todavía no le respondió.
De otra manera, concluyó Consultatio, “si los acreedores acceden al canje y luego el FMI dispone cobrar su préstamo antes que ellos, el mecanismo de incentivos es inconsistente y traba el canje actual”.
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