La quita es del 65%: el Gobierno está obligado a mejorar la oferta si quiere evitar el default total

Para los acreedores, los nuevos bonos que quiere colocar el Ejecutivo tienen un interés exageradamente bajo. Tampoco convencen los años de “gracia” para volver a pagar. La fecha límite es el 22 de mayo y la definición llegaría sobre la hora

El ministro de Economía Martín Guzmán (REUTERS/Agustin Marcarian)
El ministro de Economía Martín Guzmán (REUTERS/Agustin Marcarian)

Es altamente probable que recién horas antes del 22 de mayo se sepa si la Argentina finalmente evitará el default total de la deuda o puede evitar ese destino que persigue al país hace tantas décadas. Alberto Fernández viene repitiendo desde la campaña electoral que entrar en cesación de pagos no le conviene al país y algo parecido reiteró al presentar los lineamientos de la propuesta el último jueves. Sin embargo, Martín Guzmán enfatizó que la oferta es el “límite” de lo que está dispuesto a pagar el Gobierno a sus acreedores si aceptan la reestructuración.

El 22 de abril vencen intereses por USD 500 millones de tres bonos con legislación extranjera. Se descuenta que el Gobierno no pagará y a partir de allí se abre un dramático espacio de 30 días para terminar de negociar. Si no hay acuerdo, exactamente un mes después la Argentina entraría una vez más en cesación de pagos.

Los detalles de los cinco nuevos bonos que se divulgaron el viernes estuvieron bastante en línea con lo esperado por el mercado. Según los distintos análisis que circularon durante el fin de semana, el valor de los nuevos títulos se acerca a USD 35 por cada USD 100 que se entreguen de los nuevos títulos. Se trata de una quita real del 65%, que todavía está algo lejos de las pretensiones de los grandes fondos de inversión que tienen deuda argentina.

Este cálculo incluye un supuesto: la nueva deuda argentina cotizará a un rendimiento de 12% anual. Se trata de un nivel razonable teniendo en cuenta los años de recesión acumuladas y la baja expectativa de un gran repunte en los próximos años. Por supuesto que el impacto de la actividad generado por el coronavirus también juega negativamente.

El presidente Alberto Fernández (Franco Fafasuli)
El presidente Alberto Fernández (Franco Fafasuli)
El Gobierno y los acreedores tienen un interés común: llegar a un acuerdo y evitar el default de la deuda. La oferta oficial no quedó tan lejos de lo que reclaman los acreedores y tiene a mano varias cartas para jugar antes del 22 de mayo, la fecha límite

Pero Guzmán parte de un supuesto completamente diferente. De acuerdo con su planteo, en realidad la nueva deuda argentina podría rendir 7% anual, un escenario extremadamente optimista. En ese caso, entonces los nuevos bonos tendrían un valor de USD 45 y el acuerdo estaría a la vuelta de la esquina.

Las discusiones de las próximas semanas rondarán casi exclusivamente sobre este asunto. ¿Podrá convencer el ministro a los acreedores sobre un escenario futuro tan optimista para la Argentina, con un riesgo país que volvería a la zona de aproximadamente 600 puntos básicos luego del canje? Hoy parece extremadamente difícil.

El otro camino es introducir mejoras en la propuesta presentada. Pagar algo más de interés anual en cada uno de los bonos (en los más cortos la tasa no sube del 1,75% hasta 2030) o achicar los tres años de “período de gracia” para el pago de capital e interés. También estuvo sobrevolando la posibilidad de reintroducir el cupón PBI para asociar a los acreedores a una posible reactivación económica. Cualquiera de estas cartas las puede jugar Guzmán, pero es posible que no las muestre casi hasta el último día.

¿Quién se vería más perjudicado por un default: los acreedores o el Gobierno? La experiencia de la provincia de Buenos Aires de enero, cuando el gobernador Axel Kicillof amenazó con defaultear, dejó un mensaje relevante. Los fondos de inversión tienen hoy más espalda que el Gobierno para aguantar.

Las consecuencias de un default total son asimétricas: el impacto negativo es mucho mayor para el Gobierno que para los bonistas. Así quedó claro en la amenaza de no pagar la deuda de parte de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. El escenario no es muy distinto ahora

Puesto de otro modo, el impacto de entrar en cesación de pagos total dejaría al Gobierno en una posición sumamente débil para enfrentar el desafío que tiene por delante: reactivar la economía luego del derrumbe generado por el coronavirus. Esto significa que será casi inevitable introducir mejoras en la propuesta si la idea es evitar el default.

Guzmán tiene una gran ventaja que no tuvo Néstor Kirchner cuando negoció la deuda en 2005. Consiguiendo sólo el 66% de aceptación está en condiciones de meter en el canje al resto de los acreedores. Esto no es válido para los tenedores de bonos de aquella reestructuración (Par y Discount), donde se precisa un 85%. Para estos casos se ofrecieron mejores condiciones para aumentar la tasa de participación en el canje, sin quita de capital.

El ministro tiene una “bala de plata” para soñar con un repunte de la economía luego del coronavirus, que es avanzar con una renegociación de deuda exitosa. Eso sería clave para descomprimir los altos niveles de ansiedad y desconfianza que hoy sobrevuelan la economía argentina.

<b>Evitar el default total es una “bala de plata” que tiene el Gobierno para recuperar la economía del derrumbe causado por el coronavirus. Pero también sería fundamental para que el desborde monetario no impacte en el dólar y alejar el peligro de una hiperinflación</b>

Alejar de una vez el fantasma de un default total también sería fundamental para contrarrestar los efectos del desborde monetaria que ya está generando el coronavirus. El Banco Central tuvo esta semana un fuerte llamado de atención: se excedió brutalmente con los $300.000 millones que liberó a los bancos para que le presten a las pymes. La consecuencia fue un salto del tipo de cambio desde $85 hasta $105. Pero fue solo un aviso de lo que podría venir en unos meses, teniendo en cuenta que la expansión de dinero deberá multiplicarse en las próximas semanas.

Un default total podría generar un verdadero incendio en la economía. No solo impediría que la economía se recupere del derrumbe actual, sino que además el desborde monetario podría volver incontrolable al tipo de cambio. De ahí a un salto inflacionario de proporciones habría un paso muy pequeño.

La pura lógica indica que finalmente se alcanzaría un acuerdo. Los USD 66.000 millones a reestructurar representan el 20% del PBI y son sólo 21 bonos elegibles. La diferencia entre la propuesta oficial y los acreedores no parece irreconciliable ni mucho menos. Alberto Fernández también expresó en varias oportunidades la necesidad de evitar el default total.

Resta, sin embargo, que juegue la política. ¿Cuál será la opinión de Cristina Kirchner y del ala más dura del kirchnerismo? ¿Tendrán voz y voto en la decisión final? ¿Y si así hacia dónde inclinarán la balanza? Se trata de interrogantes demasiado fuertes y que estarán presentes casi cotidianamente en los próximos 30 días. Pero será imposible responderlos hasta horas antes de la fecha límite.

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