Mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, avanza con el plan de reestructuración del total de la deuda pública, la Secretaría de Finanzas dio a conocer los datos preliminares del total de compromisos al 31 de marzo y el detalle de las variaciones de sus principales componentes.
Con un nuevo nivel de USD 323.399 millones, el total de la deuda pública acusó una disminución de USD 975 millones, pese a que las necesidades de financiamiento del mes ascendieron al equivalente a USD 13.175 millones y los pagos de capital y otras cancelaciones sumaron USD 12.371 millones, que determinaron un aumento parcial de USD 774 millones.
La diferencia negativa en USD 1.719 millones con la variación total se originó principalmente en el “efecto licuación” de la deuda en pesos no ajustable por inflación convertida a dólares a un tipo de cambio real mayor al de febrero (subió 4% con una inflación de 3,3% a nivel consumidor) en USD 1.675 millones; en tanto la actualizada por CER se redujo en el equivalente a USD 417 millones. Por el contrario, se elevó en USD 351 millones por la Capitalización de Bonos del Canje, Préstamos Garantizados, Pagaré Banco Nación, Bocones y otras operaciones menores, según el informe de la Secretaría de Finanzas al que accedió Infobae.
Y si bien en comparación con un año antes también la deuda pública disminuyó en USD 1.499 millones, mostró una apreciable desaceleración respecto de la baja en USD 10.103 millones que había registrado en febrero.
Pero la preocupación del equipo económico se centra en la concentración de vencimientos en el corto plazo, dentro del corriente año, 5% del total, principalmente por el peso de la carga anual del servicio de intereses, muy superior al promedio que pagan los países vecinos, derivado del altísimo índice de riesgo país que genera la dificultad para reducir el déficit fiscal y la inflación y volver a crecer, más aún ahora en un escenario de altísima incertidumbre y recesión agravada por la llegada de la Covid-19 y la segunda prórroga de la cuarentena forzosa para la mayor parte de la población y de la actividad de las empresas.
De ahí que, pese a la segunda disminución mensual consecutiva del monto total de la deuda en valores nominales, se estima que la relación con el PBI total de la Argentina volvió a aumentar significativamente a un rango cercano a 90%, aunque el dato real no se conocerá antes de mediados de junio próximo.
Estructura de los compromisos
De la nueva estadística oficial surge que en el último mes la colocación neta de títulos públicos ascendió a USD 3.256 millones, con un desagregado de disminución en el equivalente a USD 1.581 millones la nominada en moneda nacional no ajustable por inflación (CER) y aumento en USD 4.837 millones la actualizada por la variación del Índice de Precios al Consumidor; y en USD 681 millones en las emisiones en moneda extranjera.
En contrapartida, el Gobierno nacional dispuso la cancelación de Letras del Tesoro de mediano y largo plazo por un total de USD 4.341 millones, y préstamos, principalmente con organismos internacionales, como el FMI, por USD 503 millones.
Por el contrario, por segundo mes consecutivo se elevaron los Adelantos Transitorios del Banco Central al Tesoro, en carácter de “extraordinarios”, sumaron USD 1.396 millones y acumularon USD 7.577 millones, a los que se agregan USD 9.248 millones “ordinarios” que se cancelan al cierre de cada año y se renuevan el primer día del siguiente. Esa asistencia de la autoridad monetaria fue utilizada para pagar Letras del Tesoro de corto plazo por USD 206 millones, y Pagarés del Tesoro por USD 1.243 millones, principalmente.
La participación de la deuda en moneda extranjera se mantuvo en 78% del total, y sólo 22% quedó nominada en la moneda nacional, porque así lo determinaron las preferencias de los pocos inversores dispuestos a financiar a la Argentina, por su casi costumbre a caer en situaciones de default, o de reestructuración como ocurre actualmente. Aunque por tipo de legislación, se divide en 44% externa y 56% nacional.
Y cuando se observa el perfil de vencimientos, los últimos datos dieron cuenta que pese al sostenido aumento de la deuda pública, la maduración en el corto plazo es de apenas 5% del total; 1% pendiente de reestructuración en la década anterior: 94% distribuida en el mediano y largo término.
En tanto, según el desglose por tipo de tasa de interés, 48% estaba contraída a un valor fijo, 39% variable y el 13% restante sin cargo.
Sin embargo, la debilidad de las finanzas públicas y la resistencia de la dirigencia política a votar un Presupuesto con menor carga de la burocracia estatal ha hecho que esa estructura de la deuda pública, en plazos y tasas, se constituyera en muy pesada, y por tanto recurrentemente se transite el camino del reperfilamiento y cesación de pagos, aunque sea parcial, el cual el mercado de capitales castiga con una sobre tasa, denominada riesgo país, que volvió a escaparse por arriba de los 4.000 puntos básicos.
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