Cuáles son las empresas que están detrás de la venta millonaria de alimentos al Estado

Luego de que este lunes se publicaran en el Boletín Oficial siete resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social donde se autorizaba la compra masiva de alimentos básicos para abastecer a los sectores más vulnerables en el marco de la epidemia del coronavirus, se desató una polémica en relación a los precios que pagó el Gobierno a las empresas proveedoras del Estado y que en algunos casos estuvieron hasta un 37% por encima de los incluidos en Precios Cuidados y son más altos que los de las primeras marcas de cada categoría.

Algunos ejemplos son botellas de aceite de 1,5 litros a $166,58 contra los $121 de los productos de Precios Cuidados (una diferencia de 37%). O el kilo de azúcar, que se autorizó al Gobierno a comprar a cerca de $75, un 25% más que el azúcar de primera marca Ledesma, que cuesta en las grandes cadenas $59.

En el caso de los fideos, se autorizaron compras por $84 el kilo, es decir, $42 para el paquete de 500 gramos. Esto también está por encima de lo que se paga en los supermercados mayoristas.

De las seis empresas que le vendieron aceite, fideos, arroz o lentejas al Ministerio de Desarrollo, en dos de ellas se repiten socios o domicilios. En ese sentido, la compañía Sol Ganadera SRL tiene las mismas oficinas que Alimentos Generales SA. Ambas en la Avenida Corrientes 1327 4 piso. En las dos aparece Federico José Toscano como director o apoderado.

Toscano cumple la función de apoderado en Alimentos Generales y en Sol Ganadera asumió como gerente en 2018 en reemplazo de Federico Andrés Toscano.

En tanto, otro de los proveedores de alimentos, Teylem SA, tiene oficinas en San Martín 66, piso 4 departamento 410, mientras que en la oficina contigua se ubican las oficinas de Forain SA, ambas con el mismo teléfono, según los datos que figuran en la página web COMPRAR, el portal de compras públicas electrónicas de la República Argentina en el que se reflejan las contrataciones de entidades gubernamentales.

En otro orden, la empresa Copacabana SA, que cobraría $188 millones por la operación, está a cargo de varios integrantes de la familia Assisa. Y uno de ellos, Osvaldo Jorge Assisa, fue presidente y ahora es secretario de la Unión de Empresas Proveedoras del Estado.

En total son seis empresas las que participaron de la compra del Gobierno. Se trata de Sol Ganadera SRL, Copacabana SA, Teylem SA, Forain SA, Alimentos Generales SA y MH Accurso SRL.

La información fue anticipada por el periodista Matías Longoni en su cuenta de Twitter.

Esta particularidad motivó la denuncia de Silvina Martínez, asesora de Margarita Stolbizer y ex directora de la Inspección General de Justicia (IGJ), ante la Procuración General de Investigaciones Administrativas (PIA) por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude al Estado.

“Tenemos a la misma persona detrás de distintas empresas”, acusó Martínez, quien además pidió que se haga cuanto antes un allanamiento en la sede del Ministerio que comanda Arroyo.

Según explicó Martínez, se presentó ante la fiscalía de investigaciones administrativas. “Esta denuncia es para que analicen si efectivamente encuadra esto que estamos analizando dentro de los delitos de administración fraudulenta y malversación de caudales públicos”, enfatizó.

En el medio de esta pandemia, el Gobierno sacó una normativa que establece que no va a haber licitaciones públicas sino que va a haber contratación directa y para garantizar transparencia es que el funcionario a cargo del organismo que necesita el bien o el servicio tiene que mandar un mail a tres proveedores del sistema del Estado.

“Fue el propio Estado el que eligió a los tres proveedores que corresponden al mismo grupo empresario. Un funcionario (del Ministerio de Desarrollo) mandó el mail a tres proveedores sabiendo que detrás estaba la misma persona, el Grupo L, que ya había sido denunciado anteriormente por sobreprecio”, explicó Martínez.

Para Martínez se está ante una decisión arbitraria, que no fue al azar y que tuvo un direccionamiento desde el Ministerio de Desarrollo Social para lograr la contratación. “Mucha buena suerte tuvo el Grupo L que un funcionario haya decidido que sean distintas empresas del mismo grupo, que ellos hayan pasado un presupuesto mucho más alto que el del mercado y se lo hayan aceptado”, concluyó.

El Gobierno reconoció el pago de sobreprecios

No hay que perder de vista que el Gobierno admitió este lunes que pagó precios más altos por la compra de aceite, fideos, lentejas y arroz y lo justificó por la urgencia para concretar las compras.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, fue la voz oficial que salió a explicar que las compras de alimentos fueron para atender a la mayor demanda en comedores en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

“En los casos de aceite y azúcar, los proveedores cotizaron por encima del precio testigo y se les solicitó una mejora de precio. Las ofertas posteriores siguieron por arriba del precio, pero ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra”, explicó el ministro.

Sin embargo, el Gobierno inició una investigación del tema donde no descarta sancionar a las empresas que pusieron precios por encima del valor de mercado para proveer al Estado en este momento de emergencia.

En este sentido, tanto el Presidente como el resto de su equipo creen que el ministro Arroyo actuó correctamente en medio de una emergencia y que hubo “empresarios avivados” que van a investigar.

En términos políticos, sobre el final del día Arroyo recibió un contundente respaldo del presidente Alberto Fernández. En declaraciones televisivas, el primer mandatario señaló: “Confío en Daniel Arroyo y él va abrir una investigación interna. Me preocupó lo que me dijo del tema de los precios y eso habla de una cartelización y no podemos permitir el abuso de precios. Y si hay un tema de corrupción, yo mismo lo voy a perseguir”.

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