La producción agropecuaria se pronunció y elevó una propuesta en medio del reclamo para que los políticos reduzcan sus sueldos, frente a una realidad económica de la Argentina que es cada vez más compleja y que se agravó en las últimas semanas por los efectos de la pandemia del coronavirus.
En los últimos meses, en muchas asambleas de productores agropecuarios que se realizaron en diferentes puntos del país en rechazo a la decisión del gobierno de Alberto Fernández de aumentar la presión impositiva al campo, estuvo muy presente el pedido para que los integrantes del Estado y de la clase política realicen un ajuste en sus gastos.
Ayer los integrantes de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) aseguraron que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de este país tienen la oportunidad histórica, “no tan solo de aportar a una lucha impensada sino también de reivindicar su imagen ante la sociedad, una sociedad harta y agotada de tener que aportar siempre ante un estado cada vez más grande, incompetente e inoperante”.
Y en ese sentido propusieron a los integrantes de dichos poderes, que realicen un aporte del 33% de sus sueldos, “hasta que el país supere esta emergencia económica, y quizás tengan más suerte que el campo y puedan volver al ciento por ciento de su sueldo y no desaparezcan”, dijeron desde APRONOR.
Además, aclararon que el destino de ese porcentaje, que es similar al de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados, “debería administrarlo el Ministerio de Salud de la Nación con total transparencia e información pública. Si se supera esta enfermedad, quedan un montón de temas pendientes y urgentes en este bendito país de los que deberían ocuparse, como el dengue, solo por nombrar uno”.
El aporte del sector agroindustrial
Históricamente la cadena agroindustrial ha realizado un enorme aporte al país. Los productores asociados a Apronor, recordaron que en 2002 se le pidió al sector producir para hacer frente a la grave crisis económica en ese momento y en la actualidad se está realizando el mismo reclamo de seguir produciendo y pagar todos sus impuestos, como al resto de la sociedad, “sin consideraciones y compensaciones ante un parate económico que en muchos casos será irreversible. En el caso que seas emprendedor, autónomo, independiente o pyme te tenés que encomendar a Dios”, explicaron desde la Asociación.
“El aporte lo hicimos y lo estamos haciendo, a pesar de que en el 2002 nos instauraron las retenciones, sin importar si el campo ganaba o perdía, sin considerar las características productivas de cada región ni la distancia al puerto ni la escala productiva. Hicimos el esfuerzo y tuvimos que hacer frente a todos los impuestos. No salimos ilesos, perdimos casi 83.000 productores”, dijeron desde la entidad.
Y además manifestaron: “Pasaron 18 años y el aporte fue de 105.000 millones de dólares solamente en concepto de retenciones, un impuesto que de alguna manera llegó a institucionalizarse, y que lo único que hace es retroceder y postergar el desarrollo genuino de un país, sobre todo el del interior. Actualmente, las retenciones a la soja están en un 33% pero no es el único impuesto que crearon y que sigue hace mucho tiempo, ya que también está el increíble impuesto a los débitos y a los créditos, que supuestamente eran por un tiempo”.
A partir de las decisión del gobierno nacional de aumentar las retenciones a las exportaciones de soja y derivados, que pasaron del 30 al 33%, la dirigencia agropecuaria realizó varias propuestas para que el Estado disminuya sus gastos. Unas de ellas, fue de la Sociedad Rural de Jesús María.
Desde la entidad corbobesa propusieron un ajuste de la política que alcanzaría los 1.200 millones de dólares, una cifra que sería más del doble de lo que el Estado recaudará con la suba de las retenciones a la soja, “a través de la disminución del gasto en dietas y sueldos de asesores del Poder Legislativo Nacional; achicar el gasto público de la estructura parlamentaria de las provincias; incrementar los ingresos a partir del pago de impuestos a las ganancias por parte de los jueces y funcionarios judiciales; achicar el gasto en publicidad del Poder Ejecutivo, entre otras cosas”, manifestaron los integrantes de la rural.
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