Empresarios de los EE.UU. apoyan al Gobierno, pero dudan de la marcha de la economía

Enviada especial a Washington.- “Luna de miel colaborativa”. Así califican los empresarios norteamericanos que tienen negocios en la Argentina la relación actual con el gobierno de Alberto Fernández, con quien casi ninguno comulgaba antes de que fuera presidente.

Aunque las inversiones no llegaron por la marcha de la economía, la relación del establishment de los Estados Unidos con el ex mandatario Mauricio Macri fue muy estrecha y la vuelta del “kirchnerismo” al poder generaba en este país una fuerte preocupación.

Ahora, a casi tres meses de su asunción, son muchas las inquietudes y dudas sobre cómo marchará la economía argentina durante los próximos años, con una renegociación de deuda mediante y muchos frentes por resolver, pero por ahora la elección es apoyar y promover también un vínculo aceitado con la Casa Blanca, lo que no había sido posible durante los años K.

Para el empresariado norteamericano presente en la Argentina, que está nucleado en la Cámara de Comercio de los EE.UU. (Amcham), el país tiene grandes oportunidades y se mantienen optimistas de que el gobierno no las desaprovechará. El desarrollo de Vaca Muerta; la industria de economía del conocimiento; la exportación de alimentos; y el turismo son todos sectores con gran potencial de crecimiento y que le pueden dar a la Argentina la salida que necesita en materia de divisas. Sin embargo, y así como remarcan estas virtudes, las compañías también se permiten dudar sobre si el Gobierno avanzará con las políticas adecuadas para impulsar el desarrollo de estos sectores.

Un claro ejemplo es el nuevo proyecto de ley de la Economía del Conocimiento. Con la norma anterior, sancionada durante la gestión de Macri, los cálculos hechos indicaban que en 2030 se generarían 415.000 empleos y exportaciones por USD 15.000 millones, cifras “poco creíbles” para el actual gobierno. “Ahora está en duda. El proyecto de ley tiene limitaciones en cuanto al potencial fijado en la ley anterior”, aseguran en las empresas. El sector de los servicios representa el 8,3% de las exportaciones y el 6,5% del empleo. El 25% de las exportaciones se destinan a los EE.UU. Pero el potencial es enorme. Mientras que en la Argentina este sector representa el 7% de la economía, en este país el 68 por ciento.

¿Qué pasará con el desarrollo energético? Hasta el año pasado, el desarrollo de Vaca Muerta estaba en un proceso de crecimiento sostenido, pero las decisiones adoptadas, primero por el gobierno de Macri, y ahora por el actual, desalentaron la producción y de 84 equipos de perforación que había en el yacimiento en enero del año pasado, en enero habían caído a 50. Hoy no hay precio del gas y los combustibles están congelados. Aunque en este caso, la fuerte baja del petróleo que se produjo como consecuencia del coronavirus en los primeros dos meses del año hizo que el atraso en materia de precio haya bajado sustancialmente. Según los cálculos del sector, de un 10% de brecha, hoy ronda el 3 por ciento.

Pero todavía no hay una definición clara en materia de política energética, afirman en las empresas. El proyecto de ley de Hidrocarburos que el ministerio de Desarrollo Productivo había anunciado que enviaría al Congreso para que se trate en extraordinarias no sólo no fue enviado, sino que tampoco se conoce. Las compañías fueron consultadas oportunamente, pero desconocen el texto. Por lo tanto, en el sector privado están a la espera de tener definiciones en este sentido para poder tomar decisiones de mediano y largo plazo. Lo que está claro es que Vaca Muerta es la segunda plataforma de shale-tight gas y la cuarta de petróleo del mundo y la explotación actual sólo se ubica en el 2%. Entre octubre de 2017 y octubre de 2018, la producción de gas no convencional creció 243%, pero luego se frenó por las medidas adoptadas. “Los recursos están; la duda es si se van a desarrollar y en qué tiempo”, aseguran en las compañías norteamericanas.

También hay dudas en el establishment en torno al acuerdo económico y social que prometen desde el Gobierno y a las reformas estructurales que deberían, a juicio de muchos, hacerse. Hacer sostenible el sistema previsional; repensar el sistema educativo, alinearlo con la demanda laboral y con formación docente acorde al conocimiento del siglo XXI; adecuar el marco regulatorio de las relaciones laborales actuales y futuras; tener un sistema tributario equitativo que reduzca la carga impositiva, que hoy se ubica entre 42% y 55% y es la más alta de Latinoamérica, y que se promueva un plan para reducir la informalidad; mejorar la competitividad, la productividad y la infraestructura; reformar el Estado para que sea más eficiente; y contar con una política macroeconómica integrada y con desarrollo.

Estos son los ejes que desde el sector privado remarcan como importantes para avanzar en un desarrollo de país. Pero en cada uno de los puntos plantean interrogantes. ¿Hay espacio hoy para una reforma previsional integral? ¿Existe propensión para negociar con los sindicatos docentes profundos cambios en las currículas? ¿Hay consenso para avanzar en cambios profundos en materia laboral? Y hasta el propio gobierno le admitió a las compañías que no hay espacio para encarar estas grandes reformas. En cuanto a los impuestos, la Ley de Solidaridad aumentó la carga tributaria, y no pareciera haber un plan para bajar la informalidad, dicen en las compañías.

Respecto de la política macroeconómica, para el sector privado nucleado en Amcham, el foco en el corto plazo está puesto en arribar a un pronto acuerdo con los bonistas y el FMI y en utilizar mecanismos parciales para reducir la inflación, recuperar los niveles de consumo, incentivar la inversión y el ingreso de los ciudadanos. Pero de cara al segundo semestre, la gran pregunta que todos se hacen es si luego de la renegociación de la deuda -si resulta exitosa-, se conocerá el plan económico integral y si se revertirán las condiciones actuales que limitan el crecimiento: la falta de políticas de Estado que aprovechen las oportunidades mencionadas; los controles de cambios y las limitaciones en el giro de dividendos y pagos al exterior; la administración del comercio, que ya comenzó a generar algunas demoras para la liberación de importaciones, y la situación internacional adversa.

A estos puntos, también se le suma la ya sancionada Ley de Góndolas, por la que Amcham hizo un fuerte lobby en contra, pero que finalmente fue aprobada por el Congreso. Ahora el trabajo será la reglamentación y tratar de que el impacto para las empresas de consumo masivo sea el menor posible.

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