La AFIP investiga a grandes contribuyentes que mudaron su domicilio fiscal a otros países en 2019

La AFIP investiga a 17 contribuyentes que cambiaron en 2019 su residencia fiscal a otros países para saber si lo hicieron con el fin de evadir el pago de impuestos.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, dijo en declaraciones a Radio con Vos que el organismo está “haciendo un trabajo de fiscalización muy fuerte porque en 2019 aumentó la cantidad de personas que hicieron cambio de domicilio” fiscal.

“Tenemos que ver si (ese cambio) tiene un objetivo genuino o no. El año pasado fueron 17 y veníamos de un ritmo de 2 o 3 personas”, detalló.

El ritmo de cambios se habría acelerado luego de la derrota de Cambiemos en las PASO, en agosto pasado.

De todos modos, si el cambio ocurrió el año pasado, el contribuyente tiene hasta mediados de este año para justificarlo y, por lo tanto, hasta ahora no cometió ninguna irregularidad en términos fiscales.

En los últimos cambios impositivos que aprobó el Gobierno, se ajustó el criterio de residencia fiscal con mayores exigencias.

La persona que cambia de residencia fiscal para pasar a pagar impuestos en otro país debe mostrar no sólo que vive la mayor parte del año en el exterior, sino que tiene todos los bienes a su nombre y su fuente de ingresos fuera del territorio nacional.

La AFIP tiene la potestad de chequear si la persona cumple con estas exigencias y determinar si el contribuyente no tiene doble residencia fiscal, es decir que pague en el exterior y en la Argentina.

En los casos que menciona Marcó del Pont –quien no brindó los nombres, dado que se encuentran protegidos por el secreto fiscal– si se detectara una irregularidad, se les denegaría el cambio de residencia o se les cobraría por los impuestos que eventualmente no pagaron.

De todos modos, la cifra de 17 personas no suena relevante en el padrón de grandes contribuyentes nacionales, integrado por 860 sociedades y 980 personas; los grandes contribuyentes aportan más del 80% de la recaudación del país.

Defensa de Echegaray

Por otra parte, la titular de la AFIP defendió el levantamiento de la suspensión administrativa al ex titular del organismo Ricardo Echegaray, al afirmar que, aunque tenía múltiples procesamientos, “había otras alternativas previas, como su traslado”.

Por lo tanto, consideró que esa sanción, que consistió en suspender el goce de sueldo cuando fue procesado, fue parte de una “persecución” que llevó adelante la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri a funcionarios que ocuparon lugares clave en el kirchnerismo.

“Todos somos inocentes hasta que no haya una condena”, afirmó.

También defendió la designación del frustrado candidato a procurador Daniel Reposo, quien pasó a trabajar en la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP.

“Tiene una enorme experiencia en el tema; no me prendo con ese cuestionamiento”, afirmó, en referencia a los cuestionamientos que recibió al postularse como reemplazante de Esteban Righi con un CV irregular.

El reintegro del IVA

Por otro lado, defendió la medida anunciada ayer, que habilitó el reintegro de $700 mensuales a los jubilados que cobran la mínima, al considerar que tiene un “efecto redistributivo”, a diferencia de la eliminación del IVA a los alimentos aplicada por el gobierno anterior.

“Es una decisión basada en un análisis crítico del gobierno anterior porque la eliminación del IVA no bajó los precios ni tuvo carácter redistributivo, además de que generó un elevado costo fiscal”.

Además, destacó que, a diferencia de la medida de sacar el IVA, esta decisión no afecta las finanzas provinciales.

También subrayó que, al canalizarse este beneficio por medio del uso de la tarjeta de débito, se promueve la formalización de la economía.

“Es muy importante porque si un jubilado lo usa en forma plena representa un aumento del 4,5% mensual y del 22% para los beneficiarios de la asignación universal por hijo”, explicó.

En cuanto al costo fiscal, precisó que “es una asignación de recursos fiscales de 5.000 millones de pesos”.

En este sentido, defendió que la medida no se adoptara para todos los jubilados, porque hubiera implicado “mucho esfuerzo fiscal”.

“Si se usara para todos, sería mayor que el costo fiscal de la eliminación del IVA”, indicó.

Por otra parte, anunció que en los próximos días se anunciará un plan de facilidades de pago para las empresas grandes, que no calificaban para ingresar a la moratoria votada por el Congreso. En este caso, no habrá quita en el monto de la deuda.

La negociación con los acreedores

Más allá de su área de influencia, la funcionaria opinó sobre la renegociación de la deuda y sobre la recuperación de la economía.

En este sentido, dijo que “se está negociando a cara de perro” con los acreedores privados, un tema que, supuestamente, está fuera de su órbita.

“La prioridad de la política macro es el crecimiento y a diferencia de lo que pasó en la posconvertiblidad, con una deuda que no se estaba pagando, dio mayor oxígeno, en un contexto en el que el mundo crecía”, expresó.

Más aún, indicó, el Gobierno no plantea “como una prioridad el pago de la deuda”, pese a que todas las medidas que adoptó buscan recuperar capacidad de pago.

En este sentido, volvió a negar que el Gobierno haya practicado un “ajuste” sobre las jubilaciones al decretar un aumento mayor sobre el haber mínimo que sobre el resto y puso en duda la “herencia” fiscal que dejó Cambiemos.

“Era medio trucho el déficit del 0,9 por ciento, porque se hizo en base a no gastar un mango en la población”, expresó.

La funcionaria, que presidió el Banco Central cuando se instaló el cepo en 2011, defendió el financiamiento de esta entidad al Tesoro y aseguró que “no tiene por qué generar aumento de precios”.

Además, insistió en que la salida de capitales “está controlada por el control de cambios, que lo puso el gobierno anterior y le devolvió al Banco Central autonomía para hacer política monetaria”.

Seguí leyendo: