El caso mantiene en vilo a la ciudad de Gualeguaychú, y no es para menos: involucra a una de las familias más conocidas del lugar, dueños de una las principales empresas de esta ciudad entrerriana, sinónimo del Carnaval, que tiene 110.000 habitantes.
De hecho, el escándalo es uno de los temas preferidos en las rondas de mate del balneario Ñandubaysal y de las noches de corsódromo, donde compiten con gran pompa las comparsas Arayeví, Papelitos y O’Bahía. Esa puja, la de plumas, batucadas y carrozas, se definirá el lunes 24; la otra, la causa judicial que concentra los rumores y protagoniza la familia Baggio, está lejos de resolverse pero tiene novedades.
Denuncias cruzadas de estafa y otros cargos más serios, y una fuerte pelea familiar-societaria son los ejes de esta trama que se calienta día a día y USD 7 millones perdidos en Hong Kong.
Allanamientos
Este mediodía, el juzgado federal de la ciudad, a cargo de Hernán Viri, ordenó tres allanamientos. Uno a la planta, que se encuentra Parque Industrial local, sobre la Ruta Nacional 14. Son “70.000 metros cuadrados cubiertos dedicados a la elaboración de jugos de fruta, gaseosas, aguas, sodas, bebidas a base de frutas y diversos productos lácteos”, según la web de la empresa. Baggio tiene 1.500 empleados, exporta a más de 72 países y factura unos USD 300 millones por año.
Los dos allanamientos fueron a una sucursal del banco Santander y a la casa de una de la involucradas en la causa, una empleada de la empresa que asegura haber sido víctima de una maniobra de phishing, por medio de la cual fue engañada y transfirió USD 7 millones de dólares a varias cuentas en Hong Kong que luego fueron vaciadas.
Esa primera denuncia, que por ahora tramita la Justicia local, tiene una contraparte que encabeza el principal accionista de la empresa, enfrentado con parte de su familia que la conduce. Y es mucho más grave, por eso recayó en el juzgado de Viri, que se creó recién el año pasado y tiene a esta trama como uno de sus casos centrales por estas horas. Allí se habla de delitos graves, como vaciamiento, lavado de dinero, evasión tributaria, uso de facturas apócrifas e infracción a la ley penal cambiaria.
La solicitada
El caso tomó trascendencia nacional con una solicitada de la empresa en los principales medios. Fue el 2 de febrero y allí se habla directamente de “personas en conflicto de intereses con RPB SA y con socios de la misma”. RPB es la sociedad detrás de la marca y significa Rufino Pablo Baggio, fallecido fundador de la compañía y padre de los hermanos en pugna.
“RPB SA nació hace 60 años en Gualeguaychú, Entre Ríos, fruto de la visión y el entusiasmo de nuestros fundadores, Doña María Celia Munilla y Don Rufino Pablo Baggio (Padre)”, contextualiza la solicitada. Don Rufino y doña María Celia tuvieron cuatro hijos. Rufino Pablo hijo, “Pino”, Alejandro, Aníbal y Celia María. Cuando el patriarca murió, su viuda cedió sus acciones y la operación de la empresa a sus cuatro hijos, pero se quedó con el poder de designar cargos en el directorio. Celia María le vendió su 25% a su hermano “Pino”, quien así obtuvo la mayoría accionaria. Pero el presidente de la compañía es Alejandro. Aníbal, el otro accionista, estaría alejado del día a día del negocio.
Rufino hijo es quien motoriza la denuncia federal. Según fuentes cercanas a la causa, cree que la primera denuncia, la de la estafa informática, fue “preventiva”. Una suerte de coartada cuando desde la empresa advirtieron que él estaba al tanto de supuesta “maniobras extrañas”.
El juez Viri le pidió a la Justicia de la ciudad que le remita todo el expediente, que quedará en sus manos por completo en las próximas horas dada la gravedad de los hechos denunciados. También se investiga si las cinco transferencias a Hong Kong fueron sustentadas por facturas “truchas”. Incluso hay una versión que indica que un allegado a la empresa, que estaba en China, podría haber sido el encargado de extraer el dinero. “Todo se está investigando”, repiten desde tribunales sin dar más datos.
La empresa no respondió los llamados de Infobae. “El hecho ilícito sufrido consistente en una estafa ocurrida en el mes de diciembre fue debidamente denunciado y está siendo investigado a los efectos de conocer quiénes son sus autores y responsables”, se defendieron con la solicitada de comienzos de mes. Allí explican que el hecho representa un porcentaje no significativo de la facturación mensual del grupo, “resultando irrelevante para la normal actividad comercial, financiera e industrial de RPB SA”.
Un hermano denuncia un robo informático. El otro, que quieren vaciar la compañía de la que es accionista mayoritario y a la que tendría vedado en ingreso. La causa judicial recién comienza.
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