La delegación del Fondo Monetario Internacional sigue visitando los despachos de los funcionarios que manejan los números y planes de la economía argentina.
Los técnicos de la misión que empezó a renegociar el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario llegaron al Ministerio de Desarrollo Productivo donde los esperaba su titular, Matías Kulfas.
El encuentro, según indicaron a Infobae fuentes oficiales, se desarrolló entre el ministro y 10 técnicos del Fondo, encabezados por la vicedirectora del organismo para la región, Julie Kozack, y el jefe de la misión argentina, Luis Cubeddu.
“Fue una reunión cordial; preguntaron lo habitual y dijeron que compartían la estrategia de estabilizar la economía para volver a un sendero de crecimiento”, agregaron desde el entorno del ministro encargado de formular los planes para reactivar el aparato productivo.
Lo “habitual” que quiere saber el FMI en un despacho como el de Kulfas apunta a datos sobre el aparato productivo, el estado de situación del entramado pyme, uso de la capacidad instalada, los sectores sensibles y los prioritarios.
El FMI se reunió con Arroyo y Kulfas, y la semana que viene están en agenda la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y su par del Banco Central, Miguel Pesce.
Hoy por la tarde, la delegación del FMI volvió al Ministerio de Economía para seguir los encuentros con los técnicos argentinos que encabezan el secretario de Finanzas, Diego Basturre, y Sergio Chodos, el representante argentino en el FMI, mientras se termina de delinear el resto de las reuniones.
La semana entrante será el turno del encuentro con el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce, para conocer la política monetaria y cambiaria, además de la situación del sistema financiero local.
Algo similar sucedería con la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, antes del cierre de la misión para regresar a Washington.
Hasta ahora Kozack y Cubbedu se reunieron con el equipo del Ministerio de Economía y con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien les mostró el funcionamiento y el costo del programa social más ambicioso que presentó la administración de Alberto Fernández y que implica una inversión de 60.000 millones de pesos. Luego de este encuentro, desde el entorno de Arroyo aseguraron a Infobae que la sensación reinante fue que “entendieron que en la Argentina no hay espacio para ajustes” en materia de gasto social.
Si había una idea equivocada de esto, el propio Guzmán se ocupó de aclarar que eso no iba a suceder en uno de los pasajes de su exposición en el Congreso. El ministro señaló que para este año “no hay margen” para llevar adelante un ajuste mayor y que el escenario en el que trabajan es que la Argentina alcance el equilibrio fiscal en 2023, cuatro años más tarde de lo que proponía el acuerdo que se firmó con la administración Cambiemos.
Los funcionarios del FMI llegaron al país anteayer para comenzar a renegociar el acuerdo que se firmó en el gobierno anterior, que implicó el desembolso de unos 44.000 millones de dólares.
Esto implica, entre otras tareas, auditar las cuentas públicas y por eso ayer también siguieron las reuniones entre la misión y los funcionarios del Ministerio de Economía, en las que analizaron los números fiscales y el análisis de sustentabilidad de la deuda preparado por el equipo económico.
Diálogo constructivo
Ayer, el vocero del organismo, Gerry Rice, calificó como muy “constructivo” el tono de las reuniones desarrolladas en Buenos Aires, como el primer paso para llegar a un nuevo acuerdo. Rice dijo que el Fondo coincide con los objetivos del Gobierno de recuperar la senda del crecimiento económico y cuidar particularmente la situación de los sectores más postergados de la sociedad.
Por otro lado, no dio detalles del tipo de acuerdo que se puede llegar a negociar y negó que, tal como expresó la vicepresidenta Cristina Kirchner, el organismo haya violado sus reglas al prestarle dinero al gobierno de Mauricio Macri. También descartó la posibilidad de aplicar una quita a la deuda que tiene el país, porque lo prohíben sus estatutos.
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