Las señales cruzadas entre el mercado y el Gobierno por el “affaire Kicillof” y el canje del bono dual de Martín Guzmán

Es la dinámica habitual: toda negociación alcanza un punto máximo de tensión, antes de las concesiones y el acuerdo. Con tiempos cada vez más cortos, la pulseada de la provincia de Buenos Aires con sus acreedores no escapó a este minué y ya pegó la vuelta. La mejora -tal vez tardía- del pago de 30% del capital del vencimiento del BP21 por US$ 250 millones más los intereses, si bien no allanó de inmediato el camino a la solución, por lo que se extendió otras 24 horas el plazo de adhesión, al menos sí reflejó la voluntad explícita de evitar el default. El gesto no fue pasado por alto en el mercado, que reaccionó acorde con marcada baja del riesgo país, donde había dudas hasta ayer de las verdaderas intenciones del gobernador Axel Kicillof.

Si bien desde el principio ni inversores ni analistas creen en la posibilidad de un incumplimiento de la provincia, mucho menos en el contexto de la gira por Europa del Presidente Alberto Fernández, sí percibían matices entre la estrategia bonaerense y la que intenta llevar adelante a nivel nacional el ministro de Economía, Martín Guzmán. Esa es, precisamente, la primera conclusión a la que arriban fuentes involucradas en la negociación soberana: “Quedó claro cuál es la línea. En algún punto, las dificultades de Kicillof le terminan sirviendo a Alberto Fernández para imponer su propia estrategia de negociación”, aseguró a Infobae un ejecutivo de uno de los grandes bancos de inversión.

Así es que, ahora, la atención se desplazó a otro de los grandes test que afronta la reestructuración en estos días: el canje del AF20 o bono dual, cuyo vencimiento del próximo 13 de febrero se busca estirar hasta agosto de 2021. Ese título, si bien fue emitido bajo ley local, está mayormente en carteras de acreedores extranjeros, según explicaron desde la Secretaría de Finanzas.

De ahí que el nivel de adhesión a la propuesta oficial -que implica una quita en valor presente neto de de 7,5% a 10% según el bono del menú, que crece ya que la paridad de los nuevos títulos estará por debajo de su valor nominal- resultará en un indicio clave de cómo se moverán los acreedores en la negociación por los bonos bajo legislación extranjera. El plazo del canje se extendió ayer, lo que fue leído como una señal de baja aceptación.

“La quita que contempla la oferta es muy alta. Parecieran creer que los inversores van a aceptar el recorte porque sí y no es tan fácil”, opinó un asesor de fondos de inversión y acreedores institucionales. Con matices, Ezequiel Asensio, de Valiant Asset Management, tiene una mirada similar. “Alcanzar una adhesión del 50% o 60% de los acreedores es importantísimo y sería un éxito. Es clave para seguir reconstruyendo la curva de interés en pesos y recuperar el financiamiento doméstico”, dijo. En ese sentido, lo mismo que muchos de sus colegas, no descarta que Economía ofrezca mejoras en la oferta inicial. “Tal vez con alguna mejora, no sea tan difícil de lograr un buen porcentaje de aceptación”, arriesgó.

En definitiva, la operación es, para el Gobierno, un primer sondeo concreto al nivel de tolerancia y flexibilidad que tendrán los acreedores en la negociación cuya oferta se conocería dentro de 45 días y que cerraría, de cumplirse el calendario oficial, a fin de marzo. Para los acreedores, la operación en algún punto representa exactamente lo mismo: de la reacción de Guzmán a un bajo nivel de aceptación, podrán dilucidar hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a mantener una postura intransigente respecto de las quitas.

Esto porque, eventualmente, de tener escaso éxito, Finanzas puede mejorar la oferta, pagar tal como está previsto a quienes no acepten o, directamente, reestructurar el bono por decreto, sin riesgos de litigiosidad.

Este último camino, el que luce hoy el más improbable en la opinión de analistas del mercado, marcaría un nivel de agresividad que por ahora, tras el “affaire Kicillof”, se vuelve a descartar.

Seguí leyendo: