El Gobierno promete no perjudicar a Mercado Libre y a otras grandes empresas con una nueva regulación de la economía del conocimiento

La anulación de la reglamentación de la ley de Economía del Conocimiento abrió un inquietante impasse para muchas empresas dedicadas a la tecnología que veían en esa norma una continuidad de otra, vigente desde 2005, conocida como la ley de Software, cuya vigencia terminó en 2019. Desde el Gobierno se asegura que los cambios regulatorios se concretarán en el corto plazo y que no afectarán a las grandes compañías, entre ellas Mercado Libre, de controvertida relación con la administración de Alberto Fernández.

“El principal problema de la normativa es que carece de incentivos para las pymes en términos de crear empleo y expandirse territorialmente a las provincias. No se diferencia entre empresas grandes y chicas y eso es lo que vamos a corregir. ¿Si lo vamos a hacer sancionando a las grandes? De ninguna manera. Las grandes empresas se van ver beneficiadas con el cambio”, explica una fuente oficial cercana al tema.

Destacó que la ley está vigente y que la reglamentación hará retroactivos sus beneficios al 1° de enero, de manera que no haya interrupciones con los incentivos de la Ley de Software que rigieron hasta el 31 de diciembre. Sin dar mayores precisiones, la fuente oficial aseguró que si hace falta cambiar la ley se hará en sesiones extraordinarias y que los tiempos serán cortos.

“Hay un tema ideológico, por el cual una empresa grande y extranjera no debe ser ayudada por el Estado y solamente debe apoyarse a un pyme nacional. ¿Si el Gobierno suspendió la ley solo por animosidad hacia Mercado Libre? Demasiado daño colateral”, aseguró el consultor Enrique Carrier.

“No tendría sentido meterse contra compañías que generan divisas y empleo de calidad solamente porque sean de gran tamaño o sean extranjeras. Solo un tamiz ideológico podría promover una reacción de este tipo”, agregó. El consultor destacó que no sería la primera vez que una gran empresa recibe un ayuda del Estado. Si en 2009 General Motors recibió un crédito de la Anses, por qué no podrían beneficiarse con incentivos fiscales Globant o Mercado Libre.

Las objeciones que expuso el Gobierno ante las distintas cámaras empresarias para interrumpir el proceso normativo que había puesto en marcha Cambiemos no pasan por el espíritu de la ley.

La economía del conocimiento aporta todo aquello que forma parte del discurso productivo del actual gobierno (y de cualquier otro): creación de empleo de calidad, agregado de valor, generación de divisas. Es considerada un área estratégica de la economía que incluso mereció para el actual gobierno la creación de una Subsecretaría específica. Sería muy difícil encontrar argumentos para oponerse al sector.

Al mismo tiempo, la economía del conocimiento incluye un universo de empresas muy diverso en cuanto a su tamaño y sus actividades. Lo cierto es que en 2019 registró exportaciones por USD 6.000 millones, una cifra nada despreciable.

Definición de las actividades beneficiarias de incentivos

Una de las inconsistencias que el Gobierno critica de la normativa es la ambigüedad en la definición de las actividades beneficiadas por la ley. Muchas empresas con una actividad alejada de la economía del conocimiento pero con algún desarrollo tecnológico propio podrían acceder a la ley por la ventana. Esa chance se impidió con la decisión de frenar la creación del registro de empresas, que debía empezar el 1° de febrero.

También quedó en la mira el porcentaje que deben alcanzar las exportaciones que exige la normativa para que la empresa acceda a las ventajas de la ley. Muchas start-ups, creen en el gobierno, se verían imposibilitadas de cumplirlo.

En muchos casos, la normativa actual obligaba a las empresas a crear una compañía nueva para poder recibir los beneficios impositivos. Por ejemplo, si un laboratorio incorporaba nanotecnología para la elaboración de un medicamento, debía establecer una nueva razón social dedicada solamente a la nanotecnología que sería registrada para conseguir las desgravaciones.

Muchas empresas utilizaron ese esquema y se muestran muy conformes al respecto. No obstante, el Gobierno quiere que crear una compañía nueva sea una alternativa y no una obligación.

Entre las empresas, con absoluta discreción, avanzan con pies de plomo y esperan los próximos pasos del Ministerio de Desarrollo Productivo. El más inmediato es determinar si, además de la reglamentación, cambiarán algunos artículos de la Ley de Economía del Conocimiento. En un comunicado, el ministerio prometió definirlo “en el cortísimo plazo”.

A esto se agrega un pequeño laberinto regulatorio: algunas disposiciones referidas a las cargas patronales de la ley de Solidaridad Social chocan con la ley de Economía del Conocimiento. Y la ley de Solidaridad Social, se asegura, en ningún caso va a ser modificada.

La gestación de la Ley de Economía del Conocimiento se realizó íntegramente durante el gobierno de Cambiemos pero tiene un antecedente, la Ley de Software, que el kirchnerismo apoyó con firmeza. Muchas de las empresas que benefició de 2005 a esta parte son pymes que consiguieron consolidarse. Otras, dejaron de ser pymes, lo que para algunos siembra dudas sobre la necesidad de beneficiarlas con desgravaciones.

El CEO de Globant, Martín Migoya, explicó pocas semanas atrás en una entrevista con Infobae: “Hay una política que está diciendo hace 15 años que éste sector es estratégico para el país. Son tres leyes seguidas, primero la Ley de Software que hizo Néstor Kirchner y Alberto Fernández promulgó. La renovación fue durante el gobierno de Cristina Kirchner; y con Mauricio Macri se aprobó la Ley de Economía de Conocimiento, que además se expandió a otros sectores. Es una política de Estado consistente, y muy pocos países la tienen. Hay una ventaja regional y con muchos países del mundo.”

En esa línea, es claro que sería muy complejo que un gobierno encuentre los argumentos que justifiquen detener ese avance. “No puede negarse que los incentivos de la Ley de Software generaron un crecimiento en el sector, que partiendo de un tamaño muy pequeño se transformó en el tercer complejo exportador. Es evidente que la ley funcionó", dijo Carrier.

El consultor destacó que el sector tiene una preocupación inusual para la Argentina: conseguir los recursos humanos adecuados y retenerlos. Y se trata de un punto clave para aquellos que exportan servicios profesionales al exterior, al estilo Accenture: “A la hora de ver qué ofrece cada país, las posibilidades tecnológicas están estandarizadas, son casi una commodity. El factor diferencial de la Argentina en ese terreno son sus recursos humanos.”

Seguí leyendo: