El aumento de las jubilaciones que se aplicará a partir de marzo aún es motivo de análisis entre los ministerios de Trabajo, del que depende la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)- y de Economía, en el marco de la suspensión dispuesta en la ley de Solidaridad Social a la Movilidad Jubilatoria sancionada en diciembre de 2017.
De todos modos, fuentes oficiales del organismo previsional aseguraron a Infobae que las jubilaciones más bajas “cobrarán más que con la fórmula vieja”, de lo que se desprende que los incrementos serán escalonados, es decir que los haberes superiores tendrán un incremento porcentual menor que los inferiores.
Si bien el ajuste de las jubilaciones es responsabilidad exclusiva de la ANSeS, la incidencia de las erogaciones del sistema previsional en el gasto total es un aspecto seguido de cerca desde siempre desde el Ministerio de Economía, en especial en tiempos de estrecheces financieras y previos al inicio de la renegociación de la deuda con acreedores privados y a las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por eso es que el aumento todavía no tiene el visto bueno de la cartera económica.
En el proyecto de ley de Presupuesto 2020 presentado por el ex ministro de Economia, Hernán Lacunza, se le asignaba a la ANSeS $ 2.882.428 millones, equivalente al 47,3% del Presupuesto total y al 73,8% del Gasto Público Social, con el agravante que, al estar ajustado por la inflación de 2019 (mayor a la prevista en la elaboración del proyecto de ley), podría implicar un problema adicional para alcanzar el equilibrio fiscal primario.
A su vez, dentro del gasto de la ANSeS el 74,9% corresponde a jubilaciones y pensiones y el resto se distribuye entre diferentes prestaciones como asignaciones familiares, AUH, pensiones no contributivas, seguro de desempleo, etc.
El peso del gasto previsional sobre el gasto total es tradicionalmente motivo de análisis de todas las misiones del FMI, cuya próxima visita al país podría darse a fines de enero, días antes de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, coincidan en un seminario a realizarse en el Vaticano.
En ese contexto, el presidente Alberto Fernández declaró pocos días después de asumir que “la fórmula de movilidad de Macri es impagable” y, además de resolver no darle tratamiento parlamentario al proyecto de Presupuesto del Gobierno anterior, dispuso su suspensión por 180 días mediante la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, reemplazando provisoriamente la cláusula automática de ajuste por incrementos discrecionales por decreto.
Como primera medida, estableció un bono de hasta $5.000 en diciembre y enero para las jubilaciones más bajas, de tal modo que en esos meses ningún haber fuera inferior a $ 19.068, en tanto las jubilaciones mayores a ese monto permanecieron sin cambios.
A diferencia de ese incremento acotado a la franja inferior, el aumento de marzo se aplicará a todos los beneficiarios de la ANSES, aunque con sumas diferenciadas, de manera tal que, según indicaron en el organismo previsional, las jubilaciones más bajas “cobrarán más que con la fórmula vieja”
Con la modificación a la ley de Movilidad Jubilatoria aplicada en la segunda mitad de la Presidencia de Mauricio Macri se dispuso que los ajustes en las jubilaciones pasaban de ser semestrales a trimestrales y en base a la inflación previa, ya que al momento de su sanción se daba por seguro que el índice de precios al consumidor iniciaría una tendencia bajista y, en consecuencia, las jubilaciones aumentarían en términos reales.
Sin embargo, la inflación de los dos años posteriores fue superior al 24,8% de 2017, con un 47,7% en 2018 y un 53,8% en 2019, con lo que las jubilaciones perdieron en ese período frente al aumento de precios pero, además, incrementaron su proporción dentro del gasto de la Administración Pública Nacional.
En consecuencia, la situación del sistema previsional es un problema visto desde dos ópticas diferentes: la de los jubilados, por la pérdida de poder adquisitivo, y la del Gobierno y el FMI, por su incidencia en el gasto total y el componente indexatorio de los ajustes.
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