El Gobierno sigue dando pasos para la reestructuración de la deuda: convocó a empresas especializadas para rastrear a los acreedores de bonos

El gobierno de Alberto Fernández sigue dando pasos, lentos pero continuos, en plano de la reestructuración de la deuda pública que, según la consultora Ecolatina, representa cerca del 90% del Producto Bruto Interno (PBI). En ese contexto, la secretaria de Finanzas que conduce Diego Bastoure, emitió un comunicado este miércoles en el que invita a “agentes de Información” (empresas especializadas) a identificar a los tenedores de bonos de deuda argentina.

Según explicaron fuentes de la cartera a Infobae, el Gobierno invita de manera voluntaria a empresas especializadas a buscar poseedores de bonos. Dichas empresas, que no son bancos de inversión, deberán tener presencia en la Argentina y tendrán tiempo hasta el 13 de enero para presentar su propuesta de servicio.

“El servicio es voluntario y tiene que ver con que las empresas, aunque sean extranjeras, tengan presencia en la Argentina y estén sujetas a la normativa argentina. Esto no significa que rastreen solo bonos bajo ley local sino también bonos emitidos bajo otra normativa”, detallaron.

Se trata de otro paso más para ordenar la deuda y el reperfilamiento contrarreloj que llevó a cabo el gobierno anterior, señalaron las fuentes. Y remarcaron que apuntan a “recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de Argentina".

Desde el Ministerio de Economía señalaron que en la propuesta de servicio, los agentes interesados deben incluir el cronograma estimado, las fechas de adelanto de información y la estimación de certeza de la verificación. Mientras que en la evaluación de las ofertas se va a preferir la aplicación de la normativa y jurisdicción local.

“La Secretaría de Finanzas ratifica la intención de la República Argentina de iniciar un proceso en línea con los objetivos propuestos por el Sr. Ministro de Economía (Martín Guzmán) en pos de recuperar un crecimiento económico sostenible y la capacidad de pago de la República Argentina”, amplía en el comunicado.

En tanto, aquellas firmas interesadas en formular sus propuesta deben dirigirse a la casilla de correo electrónico ugs-agentesinfo@mecon.gob.ar.

Cabe recordar que Guzmán ya había dado otros pasos previos en busca de ordenar el camino para hacerle frente al pago de la deuda pública. Los primeros días de enero venció el plazo para que bancos, asesores financieros y acreedores enviaran sus propuestas formales al Ministerio de Economía para la reestructuración de la deuda que el Estado argentino tiene con privados y con organismos multilaterales de crédito, como es el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De todos modos, fueron pocos los días que dio Economía para formalizar el envío de las propuestas –apenas cuatro días hábiles–, por lo que se entiende que los bancos y asesores financieros habrán reenviado las que ya le habían acercado al anterior ministro de Economía, Hernán Lacunza, que ascendían a 13.

Según había trascendido en ese momento, las alternativas que ofrecían las entidades financieras internacionales eran variadas. La mayoría proponía extender los plazos de pago entre cuatro y cinco años y algunas sugerían una quita sobre del capital del 20%.

La idea del gobierno anterior había sido sólo patear los plazos de los vencimientos de capital y seguir pagando los cupones, ya que la idea manifestada en varias oportunidades por Lacunza era que la Argentina afronta un problema de liquidez pero no de solvencia. Pero lo que creen en el actual gobierno es que la Argentina primero debe crecer para empezar a pensar en pagar la deuda y que se requieren de algunos años de gracia.

Para Guzmán, en tanto, el país también tiene un problema de solvencia. Y lo dijo claramente en un tuit que publicó a comienzos de noviembre: “Liquidez y solvencia no son estados independientes. Las percepciones de solvencia afectan al precio de la liquidez, y viceversa. La Argentina tiene un problema de liquidez y de solvencia (sostenibilidad de deuda). Resolverlo es condición necesaria para la recuperación”.

Según datos oficiales, la deuda bruta de la administración central ascendía a mediados de este año a USD 337.267 millones, de las cuales un tercio está en manos de agentes privados. Habrá que ver cuáles son los siguientes pasos que dé el Gobierno en busca de desentrañar el problema de la deuda y apuntar a reconstruir una economía que tenga el crecimiento como horizonte.

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