Emergencia e impuestos: los municipios se suman a la Nación y a las provincias y aumentan la presión fiscal

Derechos “de Registro e Inspección”, o "Tasa de seguridad e higiene” o “de comercio y construcción”. Tasa por publicidad en góndolas, por publicidad en la vía pública, por publicidad en rodados. Tasa de Abasto Municipal para alimentos perecederos ingresados desde otros Municipios, tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza; tasa por servidumbre de Red Pública, por pavimento y cloacas, por red de agua potable, por extensión de red de gas. Tasa por terreno baldío, tasa de cementerios, tasa para obras de infraestructura, Impuesto a proveedores no-residentes por facturación de Insumos y Servicios a empresas instaladas en jurisdicción del Municipio.

La lista podría seguir y aumenta con el tiempo. Hace unos años, el tributarista rosarino Antonio Margariti llegó a listar más de 100 impuestos entre Nación, Provincia y Municipios, y nada menos que veinte “tasas” (que se supone son la contrapartida de una prestación específica) eran más bien verdaderos impuestos salidos de la creatividad de intendentes y ediles ansiosos tanto por aumentar los recursos municipales como por depender menos del gobernador de turno.

La cuestión es que después del paquete impositivo incluido en la ley de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” y de leyes impositivas, como la que Axel Kicillof impulsa en Buenos Aires, empezaron a llegar las boletas con subas en los impuestos o “tasas”municipales.

La cuestión no se limita a Buenos Aires. Por caso, aprovechando que con el dólar 30% más caro para ir al exterior más argentinos optarán por el turismo interno, San Antonio Oeste, en Río Negro, aplica desde el primer día de 2020 una “ecotasa” que es en realidad un “impuesto al turismo", creación original de Bariloche. Los afectados serán quienes quieran disfrutar del balneario Las Grutas: deberán oblar hasta 120 pesos por día de “ecotasa” si paran, por caso, en un total 4 estrellas.

En el conurbano bonaerense, Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, dio la campana de largada; cuando asumió su segunda intendencia, ante niños que le leyeron su juramento “Por Perón, Néstor y la demostrada lealtad a Cristina Kirchner”, ya se había asegurado un aumento de tasas de nada menos que 60%, que ya empezó a llegar a los vecinos de Avellaneda.

Ferraresi fue el primero, pero muchos jefes comunales del conurbano y de la provincia de Buenos Aires, del peronismo y de Juntos por el Cambio, no se quedaron atrás; la mayoría subió las “tasas” locales de 40% para arriba. Ese umbral está por debajo de la inflación 2019, es cierto, pero se supone que sobre los municipios también se derramará parte de la suba nacional (aunque el gobierno de Alberto Fernández cuidó asegurarse que cerca del 85% del aumento esperado en la recaudación no sea coparticipable) y de las provincias, ahora eximidas de cumplir con las reducciones de las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos a que se habían comprometido en el Pacto Fiscal firmado a fines de 2017 con el gobierno de Macri.

Ingresos brutos

Ingresos Brutos es un impuesto en el que sus alícuotas parecen bajas, pero operan en cascada; al irse sumando en cada etapa (producción primaria, elaboración, distintos tramos de transporte, distribución, comercialización) y no netearse, como el IVA, su efecto sobre el precio final del bien o servicio alcanzado es muy superior a lo que sugiere su tasa.

Los Municipios, en cambio, recurren a los ya mencionados, como sinónimos, Derecho de Registro o Inspección, Tasa de Seguridad e Higiene o “de Comercio y Construcción”. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal analizó esta “tasa” en 40 de los municipios más grandes del país y constató que en la mayoría de los casos los Municipios mantienen o aumentan la presión de este tributo que es, a los gobiernos locales, lo que Ingresos Brutos es a los gobiernos provinciales.

El Instituto de Desarollo Social Argentino (Idesa) señaló en un breve informe que si bien el aumento de impuestos justificado en la “solidaridad que los más tienen deben guardar con los que menos tienen” es un razonamiento válido, no lo es para el caso argentino, porque el país ya tiene una presión impositiva muy alta.

“Para bajar la pobreza no hay que aumentar impuestos sino gestionar mejor el Estado”, dice el informe, porque el argumento de que el Estado puede mitigar la pobreza “redistribuyendo” en los sectores más pobres no tiene sustento empírico ni histórico.

“¿Qué relación se observa en el tiempo entre presión impositiva y pobreza?”, se pregunta el paper. Y responde con datos: en 1988 la pobreza afectaba a 31% de la población y la presión impositiva nacional y provincial era de 15% del PBI. En el año 2000 la pobreza había cedido apenas dos puntos, a 29%, mientras que la presión impositiva había aumentado 6 puntos (ó 40%) y en 2019, aunque la presión impositiva (la masa de recursos a partir de la cual el Estado puede “redistribuir”) había llegado al 29%, la pobreza siguió aumentando, hasta abarcar al 35% de la población. Esto es, en 31 años la presión impositiva nacional y provincial se había casi duplicado, sin evitar que la tasa de pobreza, lejos de ceder, aumentara hasta abarcar un tercio de la población.

El argumento para justificar aumentos de impuestos por razones distributivas puede ser válido cuando la presión tributaria es muy baja, pero no parece válido en la Argentina, que tiene una presión tributaria superior a la de países como Corea del Sur, Suiza, Estados Unidos e Irlanda, y cercana al promedio de los países de la OCDE, dice el informe. Para peor, la excesiva presión fiscal desalienta el empleo formal, el medio más eficaz para salir de la pobreza, argumenta Idesa.

Un eje central para mejorar la ecuación entre impuestos y pobreza, concluye el informe, es unificar tributos de los tres niveles de gobierno y de ese modo hacer viable el objetivo de bajar impuestos sin perder recaudación, de la mano de un “ordenamiento funcional”, de modo Nación, Provincias y Municipios no superpongan funciones ni tributos. Aunque los Municipios los llamen “tasas”.

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