Mientras en el Congreso avanzaba el debate para dar media sanción al Proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que eleva la presión tributaria para hacer frente a aumento de gastos en áreas sociales, principalmente, el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, firmaron la primera Decisión Administrativa del gobierno de Alberto Fernández para aumentar el Presupuesto de gastos en lo que resta del año en $40.263 millones.
Si bien se trata de autorización de aumento de partidas que no necesariamente serán ejecutadas, se sabe por los propios dichos del Presidente: “la situación fiscal es mucho más compleja de lo que se cree”, semejante incremento de gastos se traducirá en la suba del déficit fiscal primario en el equivalente a 0,14% del PBI, y elevaría el resultado final de 2019 a un rojo cercano a 1% de producto bruto interno.
Del análisis del Anexo I de la Decisión Administrativa 1 que se publica en el Boletín Oficial de este viernes, el cual consta de 76 folios, surge que los mayores refuerzos presupuestarios corresponden a la Asignación Universal por Hijo y para Protección Social (PPG), por $27.110 millones, para poder hacer frente al “pago extraordinario” de $2.000 por beneficiario el 30 de diciembre; y quedará una cuota similar en enero 2020, la que seguramente requerirá de otra DA con las firmas del Jefe de Gabinete y el ministro de Economía.
También sobresalen otras 2 partidas, una por $5.210 millones para el Pago de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa, a cargo de la Presidencia de la Nación; y la otra por $5.154 millones para el Programa de Asistencia en Servicios Económicos, a cargo de la Tesorería, porque “resulta necesario incrementar las Transferencias a fin de atender conceptos relacionados con la asistencia a distintas Jurisdicciones provinciales”, destaca la norma en sus considerandos.
Mientras que también los ministros autorizaron elevar en $2.350 millones la partida destinada a Asistencia Sanitaria, a cargo del Ministerio de Defensa, entre otras.
El resultado de las reasignaciones de partidas y autorizaciones de aumentos para varios programas impostergables que se vieron desbordados por la realidad de la aceleración de la inflación y la caída de la actividad económica, junto al compromiso que asumió el nuevo Gobierno de atender desde el primer día la situación de los sectores más vulnerables, suma $40.263 millones, mientras que los ingresos adicionales previstos para lo que resta del año se estimaron en $492 millones.
De ahí surgió un crecimiento de las necesidades de financiamiento, por la suba del déficit fiscal, en $39.771 millones, las cuales se solventarán con “Aplicaciones Financieras”.
Con la esperada sanción de la Ley de Emergencia Económica, el equipo económico espera cerrar gran parte de la brecha fiscal negativa en el curso del próximo año, y de ese modo allanar el camino para una rápida reestructuración de los vencimientos de la deuda pública.
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