Más de 600 representantes de pequeñas y medianas empresas de todos los sectores económicos del país reclamaron hoy al Gobierno nacional una compensación por la doble indemnización por despido y un tratamiento regional diferenciado, además de apelar a la “responsabilidad” de los gobernadores tras la suspensión por un año del Consenso Fiscal que establecía un cronograma de disminución de las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos.
El reclamo se formuló en el marco de un encuentro en Parque Norte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), con dirigentes de la CGT, en el que también destacaron “aspectos positivos” del paquete económico, como la moratoria, el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la derogación del impuesto cedular o a la Renta Financiera.
“Una amplia moratoria le dará oxígeno a las pymes, lo veníamos pidiendo desde hace tiempo”, indicó el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, quien por otro lado expuso sus reparos a la aplicación de la doble indemnización, al tiempo que pidió “una compensación” para las empresas del sector que recurran al despido de personal, ya sea por medio de créditos blandos o mejoras impositivas.
Su par de CGERA, Marcelo Fernández, manifestó una postura distinta al señalar que las pymes “no tienen problemas” con la duplicación de las indemnizaciones porque en su mayor parte no tiene en sus planes la desafectación de personal.
La dirigencia pyme insistió en su pedido de un tratamiento diferenciado por región y actividad, en atención a que la mayoría de las economías regionales son mano de obra intensiva y afrontar costos de logística más elevados que los de las producciones de la región pampeana.
En el primer acto luego de la presentación del proyecto de “ley de Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”, las dos entidades ratificaron el compromiso de reflotar la Confederación General Económica (CGE), que de esa manera retoma su actividad luego de varios años de intervención.
Las entidades consensuaron un documento en el que señalan cuatro aspectos “positivos” del proyecto y diez sobre los que advirtieron que deben “analizar el impacto”. Los primeros son:
1.- Amplia moratoria
2.- Faculta a la AFIP a generar reintegros a consumidores y estímulos a pequeños contribuyentes
3.- Congelamiento de tarifas
4.- Las inversiones en pesos no pagarán el impuesto a la renta financiera
Los 10 puntos sobre los cuales las pymes “analizan el impacto” son:
1 - El proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo a disponer de forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos.
2 - La compensación de aportes patronales no es tan beneficiosa como el decreto 814 del 2001, aunque adicionalmente a la detracción del proyecto, los empleadores que tengan una nómina de hasta 25 empleados, gozarán de una detracción de $ 10.000 mensuales, aplicable sobre la totalidad de la base imponible.
3 - El proyecto reduce el ajuste por inflación de un tercio a un sexto y en consecuencia “se va pagar más Impuesto a las Ganancias porque no se podrá computar tanto la pérdida en cada período”.
4 - Sube el porcentual estadístico del Código Aduanero del 2,5% al 3% y las alícuotas de seguridad social de Comercio y Servicios del 18% al 20.40%
5 - Establece un 30% de recargo al dólar para atesoramiento, turismo y compras al exterior, sin tener en cuenta que “cerca de la mitad de los viajes al exterior no son por turismo sino por trabajo, gestiones comerciales o estudio”, señaló a Infobae Pedro Cascales, de la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta.
6 - Aumento de Bienes Personales
7 - 100% de aumento por bienes en el exterior
8 - Suspende la posibilidad de disolver una Sociedad por pérdida del capital social de la Ley General de Sociedades
9 - La suba del impuesto a las Ganancias para todo tipo de sociedades pasa del 25 al 30%.
10 - Aumento de las retenciones para exportaciones agroalimentarias
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