Qué impacto tendrá en la economía que Alberto Fernández gobierne sin nuevo Presupuesto para el 2020

Tal como anticipaba la semana pasada, el presidente Alberto Fernández le dijo a los legisladores en el Congreso que no tratará la Ley de Presupuesto 2020 y que prorrogará la actual. Para especialistas, la decisión le permitirá un cierto grado de flexibilidad para el manejo de los gastos durante el año que viene, aunque limitada. En particular, señalan que ante una inminente re negociación de la deuda no tenía mayor sentido fijar una pauta de servicios de capital e intereses que está siendo discutida.

“Lo que planteó Alberto Fernández está previsto en la Ley 24.156, artículo 27, que fija que al inicio del período presupuestario no está aprobado el presupuesto entra en vigencia el presupuesto del año anterior con una serie de ajustes, como una estimación de recursos, de gastos, la eliminación de pagos que se hicieron por única vez -como obras terminadas o contratos finalizados- y un recálculo de los servicios de la deuda”, dijo Marcos Makón, director de la Oficina de presupuesto del Congreso.

“Una dificultad es que antes de contar con el nuevo Presupuesto hay que aprobar la Ley de Ministerios, eso es una complejidad extra porque hay ministerios nuevos y otros que dejaron de existir. Hay que hacer una conversión de estructuras administrativas en la que se identifica cuál era el área equivalente”, agregó. “Con los actuales créditos presupuestarios no alcanza para todo el año que viene, pero puede alcanzar hasta mayo o junio, momento en el que tal vez ya haya una renegociación de la deuda, en resumen esto le da al Gobierno una flexibilidad limitada que es acorde con la necesidad de re negociar los pagos”, dijo Makón.

Desde una lectura más financiera, analistas del mercado sostienen que gobernar sin presupuesto tiene sentido desde el punto de vista de dejar libres las condiciones que ofrece el Gobierno a los acreedores. Particularmente en materia de déficit, ya que el sendero fiscal es el punto principal a partir del cual una propuesta de deuda puede hacerse creíble a ojos de los tenedores privados de deuda o el propio FMI.

“Por lo visto, entienden que presentar el Presupuesto ahora condicionaría la negociación para la reestructuración de la deuda. Enunciar un déficit fiscal primario sustancialmente mayor al 1% hace un poco menos creíble lograr el equilibrio en 2021”, dijo el economista Javier Marcus. “Me refiero a que se pueden negociar todos los puntos si no tenés Presupuesto pero si ya vas con un 2% de déficit, ya no queda mucho espacio para algunas de las propuestas y hay que ir más al largo plazo”, comentó.

Para Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), lo que logre Fernández es una flexibilidad condicionada por las dificultades que genera la inflación.

“A priori en un país con la inflación que tiene Argentina no es fácilmente aplicable un presupuesto de un año previo. Pero creo que el Gobierno está priorizando armar un presupuesto con la renegociación de la deuda concluida y muy encaminada, y seguramente algunas otras cuestiones de ingreso y gasto. Pero todos los controles de ejecución siguen vigentes”, dijo Argañaraz.

“El Gobierno tiene que jugar en varios frentes a la vez, deuda con bonistas, FMI y toda la cuestión de política fiscal con impacto interno. Lo que veo es que elige no atarse desde inicio, porque implicaría tener que modificar ese presupuesto sin tener la negociación de la deuda avanzada. Cuando cierre la negociación, en lugar de modificar el presupuesto del Gobierno saliente presenta el propio. Le brinda flexibilidad para avanzar en varios frentes a la vez”, concluyó.

Otro experto, Rafael Flores, ex presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), consideró “razonable” la decisión de Fernández de prorrogar la vigencia del Presupuesto 2019 ya que no dispone de tiempo para su tratamiento parlamentario ni de parámetros definidos para que su elaboración no termine siendo “un dibujo como el anterior”. Puntualizó que la ley 24.156 es lo suficientemente “flexible” como para que el flamante gobierno pueda “armar de cero” el cálculo de gastos y recursos.

“Me parece razonable la prórroga, no hay tiempo para el trabajo en comisiones en las dos cámaras y, además, no se sabe con qué tipo de cambio se debe elaborar una nueva ley, con qué recursos fiscales se van a contar y de qué impuestos van a provenir. Por no hablar de qué monto de capital e intereses de la deuda se van a pagar y cuál será el programa de operaciones de crédito público para todo 2020”, manifestó Flores a Infobae.

“Sus números no reflejan la realidad macroeconómica no social, ni los compromisos de deuda que se han asumido”, resaltó el primer mandatario, quien advirtió que el nuevo proyecto será presentado “sólo cuando la instancia de negociación de la deuda haya sido concretada”.

La ley de Administración Financiera

La ley de Administración Financiera fue sancionada en 1992, luego de un extenso período de incumplimiento de los plazos de presentación y sanción de los presupuestos en el país. Por esa razón, consideran los especialistas, el artículo 27 le da “amplia libertad” al Poder Ejecutivo a fin de que no se caiga en los government shutdown que en Estados Unidos provocan una auténtica paralización de la administración pública federal.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el Presupuesto que se prorroga no es el de la ley original sancionada a fines de 2018 sino el vigente en la actualidad con todas las modificaciones realizadas por decisiones administrativas y decretos de necesidad y urgencia.

“Por ejemplo, si en 2019 recaudé 80 pesos y calculo que el año que viene voy a recaudar 100, en la prórroga le sumo los 20 pesos de recursos faltantes”, señaló Flores, quien se desempeñó como director de Hacienda en la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Aníbal Ibarra.

La ley de Administración Financiera determina que “si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior”, aunque también le concede al Poder Ejecutivo una serie de “ajustes” que, a la luz de las estrecheces financieras marcadas por el reperfilamiento, serán un verdadero alivio tanto para el ministro de Economía, Martín Guzmán, como para su secretario de Hacienda, el reincorporado Raúl Rigo, que se desempeñó como subsecretario de Presupuesto del 2002 al 2016, sobreviviendo a cuatro presidentes y nueve ministros del área.

Si bien por el momento no hay precisiones oficiales, Guzmán prevé una aprobación de la propuesta de renegociación que esté lista para marzo o abril de 2020, por lo que la prórroga se extendería hasta entonces y luego podría comenzar el proceso de elaboración de un proyecto de ley de Presupuesto “corto”, que abarque los meses restantes.

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