En qué se diferencian las herencias que dejaron Cristina Kirchner y Mauricio Macri

Los argentinos en su conjunto, y los economistas en particular, tienden a ver la realidad en términos de blanco y negro; Boca-River, River-Boca; Maradona-Messi, vino-cerveza, capitalismo-socialismo. También a la hora de hacer balances de una gestión: desde el oficialismo se habla de “luces y sombras”, como el ministro de Hacienda Hernán Lacunza; o de “economía arrasada que no puede pagar la deuda”, según la oposición que resultó electa en octubre.

Claramente, en todos los análisis siempre hay matices, y muchas veces se cae en la tentación de evaluar los resultados frente a las promesas de campaña, las cuales se caracterizan por ser ambiciosas. Pero en una apretada síntesis de indicadores de la realidad económica y social se advierten avances y retrocesos respecto de la herencia que recibió Mauricio Macri de Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2015, y también del punto de partida que le deja el actual Presidente a su sucesor, Alberto Fernández.

El resultado pareciera alineado con el registrado en las últimas elecciones, con casi 41% de aprobación y 59% de rechazo, independientemente de la ponderación que se le pueda asignar a cada variable e hitos de cada gestión.

Lamentablemente, la debilidad de las instituciones en la Argentina, en particular en lo que respecta al tratamiento de las estadísticas públicas y las cambiantes metodologías para su procesamiento, no permite ser rigurosos para construir amplias series de mediano y largo plazo, de modo de no solo poder ver la fotografía, sino su dinámica.

Sobre una apretada síntesis de 16 indicadores relevantes de la economía global y familiar, se advierte un claro resultado negativo, con 6 avances, y 10 retrocesos, sin incluir el efecto de haber reconstituido la credibilidad del Indec, la cual fue reconocida por el presidente electo.

Entre los progresos se observan el aumento del total de empleados, asalariados e independientes, en blanco y en negro, según el resultado de la Encuesta Permanente de Hogares hasta junio de 2019, aunque el resultado entre extremos no se modificará sustancialmente tras el deterioro de los cinco meses siguientes; la reducción del déficit fiscal con más impuestos y menores gastos; la recuperación del saldo de la balanza comercial con el resto del mundo; el aumento de las reservas de divisas en el Banco Central, tanto las brutas como las de libre disponibilidad, estas habrían pasado de negativas en unos USD 4.500 millones, a positivas en unos USD 7.300 millones; y el aumento de los trabajadores.

Está claro que las tenencias de oro pueden transformarse en billetes en poco tiempo, pero no se las considera líquidas, dada que la autorización de venta no es un trámite sencillo y se estima que exigiría consenso político. En ese caso, las reservas líquidas negativas al 9 de diciembre de 2015 hubieran caído a menos USD 2.350 millones, aproximadamente, y las actuales a unos USD 10.200 millones. E incluso, subirían a USD 13.000 millones si el nuevo gobierno logra un acuerdo con el FMI que le permita utilizar el saldo remanente de los desembolsos acumulados hasta julio de unos USD 45.000 millones.

Por el contrario, entre los retrocesos en los últimos cuatro años, excluidas algunas variables claves como la medición de la pobreza que se había interrumpido por ser considerada un indicador estigmatizante por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, sobresale la devaluación de la capacidad de generar riqueza.

El PBI pasó de USD 643 mil millones a unos USD 450 millones, en gran parte por efecto de pasar de un tipo de cambio real atrasado a un nivel de virtual equilibrio, mientras que en pesos constantes pasó de crecer 2,7% en 2015 a caer 3% este año.

El salto de la tasa de desempleo, también con limitaciones por la calidad de las estadísticas, pasó de 5,7% a 10,7% de la oferta laboral; el singular deterioro del poder de compra de los salarios y de las jubilaciones, más de 20% en el período.

También la aceleración de la inflación; la suba de las tasas de interés, solo nominales para el ahorrista y reales positivas para los deudores; el crecimiento de la deuda pública, en particular en dólares; la disminución de las empresas registradas, la baja de los asalariados en blanco y el aumento de los ocupados en negro y de la precariedad laboral, entre otros.

Algunas mejoras en infraestructura y en lo social

En el ámbito de la infraestructura las limitaciones de las estadísticas del Indec no permiten ser contundentes porque parten desde el primer semestre de 2016, pero sobre 11 indicadores, de los cuales 4 se pueden agrupar en 1, arroja mejoras en 10 o 7 y retroceso en uno.

Sobresalen la disminución de la población en áreas urbanas que habita en una vivienda con materiales insuficientes; mientras que aumentó la que cuenta con los materiales suficientes; se extendió la red de agua corriente a más de 1,1 millones de personas, se elevó del 85,6% al 86,7% sobre un total de 28,3 millones; también la que tuvo acceso a la red de cloacas y de gas natural.

Se redujo la proporción de hogares cercanos a basurales; y repuntó el “clima educativo”, como define el Indec a la población en base a la cantidad de años de estudio: se redujo la cantidad de personas con menos de 7 y de 11 de capacitación; mientras que se elevó notablemente la ubicada en los tramos de 11 a 14 años de instrucción; y de más de 14 años.

Otro indicador relevante ha sido el crecimiento de la potencia energética instalada, la cual se tradujo en la singular disminución de los cortes y apagones generalizados, aunque no estuvieron exentos algunos casos puntuales en el último año: pasó de 32.816 MW a fines de 2015, con un aumento a un ritmo de 719 MW por año en el cuatrienio previo, a 39.604 MW a fines de septiembre, a un ritmo de 1.697 MW por año.

También ha sido notable el progreso en materia de conectividad, tanto del acceso a Internet, como de la extensión de las redes viales y aeroportuarias.

En cambio, la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec registró la disminución en más de 110 mil personas de la población con acceso a la cobertura médica pública, pese a que el total de habitantes en los 31 aglomerados urbanos relevados se elevó de 27,3 a 28,3 millones de personas, mientras que la cubierta por planes asistenciales privados, como medicina prepaga, se destaca en el sector que se ha registrado una notable desaceleración en el aumento de la nómina y un traspaso creciente a planes con menor cobertura, dado el deterioro de los presupuestos de las familias.

También midió el Indec un nivel de pobreza que afecta al 35,4% de la población, unas 16 millones personas al cierre del primer semestre, y se asume tanto en el oficialismo como en la oposición que el cuadro empeoró en la segunda mitad del año, medido en términos de ingreso de los hogares y de sus integrantes. Significó un incremento de más de 7 puntos porcentuales en un año.

Al respecto, destaca un informe del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES (Idelas): “la persistencia de una legislación laboral que data de mediados de los 70, la cual sólo fue parcialmente modernizada a través de algunos planes selectivos y promocionales, como los de competitividad, se ha constituido en uno de los principales obstáculos para la creación de empleos, por el alto costo no salarial que genera su aplicación, y por tanto genera desincentivos para los emprendedores que no tienen capital de respaldo de sus inversiones frente a la instancia de fracaso del proyecto, y traba la posibilidad de reducir la pobreza por ingreso”.

Agrega el estudio privado: “también inciden en el nivel de pobreza factores metodológicos del Indec, porque al tratarse la Encuesta Permanente de Hogares de un relevamiento de campo que tiene como principal objetivo detectar los cambios que ocurren en el mercado de trabajo, no incorpora los ingresos de las personas vinculados con planes sociales, como la Asignación universal por hijo, Becas Progresar, y muchos otros, los cuales fueron creados para paliar situaciones de emergencia, pero en muchos casos se han tornado casi permanente”.

Si se agregara el monto equivalente a dos y tres Asignación Universal por Hijo, que era al cierre del primer semestre de 2019 de $2.560 cada uno, el nivel de pobreza se reduciría del 35,4% a 22,5% de la población; aunque se mantendría igualmente muy alta.

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