Hasta el martes 26 el área de “Presupuesto Abierto” del Ministerio de Hacienda informó que llevaba ejecutado el 75,49% de la partida de gastos actualizada a $4.986.791 millones para todo el año; y el 87,01% recaudado de los recursos esperados para todo el año de $3.937.386 millones.
Y si bien el ritmo de gastos pareciera extremadamente austero, habida cuenta de que se ha transitado prácticamente el 90% del año, respecto de lo comprometido hasta el último dato disponible, se observa un casi pleno uso del margen autorizado primero por el Congreso y luego por sendas modificaciones discrecionales del Jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Economía, hasta mediados de agosto Nicolás Dujovne y desde entonces Hernán Lacunza.
Pero a la hora de analizar cómo se ha desempeñado cada organismo de la Administración Pública Nacional, y en particular el ritmo de pago de las obligaciones contraídas, Infobae detectó una singular heterogeneidad.
Sobre un Presupuesto 2019 ampliado en un 19,5% respecto de la previsión original de $4,17 billones a casi $5 billones hasta el 26 de noviembre, y un día después levemente recortado en poco más de $ 17.000 millones, se llevaban ejecutadas partidas por un total de $3,76 millones, de las cuales se habían pagado $3,63 millones. De ahí surgía una deuda de unos $131.272 millones, equivalentes a casi 12 días calendario, o unos 8 en términos de días hábiles.
El promedio oculta singulares desvíos en los parciales
En consecuencia, pese a las clásicas limitaciones que impone un sector público que se desempeña con un recurrente saldo negativo entre ingresos y gastos total, esa demora promedio en los pagos no aparece relevante.
Sin embargo, ese promedio está en gran parte determinado por la singular representatividad del gasto social, como se denomina al conjunto de las obligaciones vinculadas con salarios, jubilaciones y pensiones y planes de asistencia a los sectores más carenciados de ingresos, los cuales en conjunto representan casi 2 de cada 3 pesos del Presupuesto, los cuales se honran en un plazo que no excede los primeros 5 días hábiles siguientes de cerrado el mes, con excepción de los previsionales que en general se pagan dentro del período que se devengan.
Integran el listado de los “mejores pagadores”, con una semana de demora promedio del año, 58 sobre un total de 125 organismos que en forma detallada informa el sitio de Internet “Presupuesto Abierto”, del Ministerio de Hacienda, poco menos de la mitad, con una representatividad agregada del 68%; de los cuales 22 pagan en el día (1% del gasto total).
Entre esos buenos pagadores, según representatividad en el total de las erogaciones presupuestarias se destacan, aparte de los casos mencionados: la Agencia Nacional de Discapacidad; deuda pública; Procuración General de la Nación; Superintendencia de Servicios de Salud; el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Cancillería); El Ministerio de Producción y Trabajo; y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria.
Por el contrario, entre los organismos a los cuales se recurre habitualmente como forma de mostrar un menor déficit fiscal base caja, a través de la demora en los pagos a proveedores, sobresalía al 26 de noviembre, último dato al momento de hacer este análisis, sobresalen la Dirección Nacional de Vialidad con 85 días, y una deuda de $17.913 millones sobre gastos corrientes ejecutados hasta esa fecha por $92.175 millones; la Secretaría de Gobierno de Energía 48 días, con obligaciones impagas por $24.448 millones sobre un total devengado de $243.414 millones; también 48 días el Consejo de la Magistratura, $6.094 millones; en torno a 40 días el Estado Mayor del Ejército, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina; se reduce el atraso a 35 días en el caso del Ministerio del Interior; el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Cámara de Diputados; y el Servicio Penitenciario Federal, entre otros.
Semejante retraso en los pagos, principalmente a proveedores, que en el pasado ha sido sustancialmente mayor, en medio de un contexto de altísima inflación y tasas de interés del crédito singularmente más altas, ha sido una de las causas de los “sobreprecios” en las contrataciones, porque llevan incorporados el valor de la incertidumbre del cobro. Claramente, semejante dislate administrativo no justifica los conocidos hechos de corrupción en la obra pública, los cuales tuvieron otras motivaciones.
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