El ministro de Hacienda en el momento de su Jura -Foto: Presidencia.
El ministro de Hacienda en el momento de su Jura -Foto: Presidencia.

El Gobierno emitió un decreto de necesidad y urgencia por el cual obliga a todos los organismos públicos y fondos a invertir en Letras del Tesoro (Letes).

La iniciativa, publicada este lunes en el Boletín Oficial, refiere que “una de las necesidades más urgentes es la de asegurar el mantenimiento del financiamiento fiscal a corto plazo".

Las necesidades financieras del Tesoro en dólares estarían prácticamente cubiertas hasta fin de año con la disponibilidad de reservas, pero los elevados vencimientos de deuda en pesos, que el Gobierno cubría en buena parte con venta de divisas para hacerse de pesos, se vuelven muy difíciles de cumplir porque los dólares para este fin no alcanzan sin el ingreso del tramo del préstamo stand by con el organismo -que se esperaba para septiembre, por USD 5.400 millones- y que está demorado sin plazo concreto.

Por otra parte, el roll over o renovación de las Letes en manos de tenedores privados es una quimera en el marco del reperfilamiento de la deuda de corto plazo. Entonces, e Gobierno se garantiza el financiamiento necesario a través de la obligatoriedad impuesta por el DNU 668/2019, autoriza al Tesoro a la colocación compulsiva de Letras que las entidades y organismos del sector público estarán obligados a tomar.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses será el principal organismo tomador de Letras ante la falta de demanda privada

Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, entendió que el decreto “es consecuencia de reperfilamiento, que cerró la única vía de financiamiento de corto plazo que es la colocación de Letes”. Añadió que “el shock del 11 de agosto deterioró en las expectativas del mercado e impactó en el costo de financiamiento, pero el reperfilamiento no fue la medida más inteligente para enfrentar la situación.

Martínez Burzaco dijo a Infobae que “la urgencia y el contexto llevan a esto, porque voluntariamente seguramente los tenedores privados prefieren no quedarse invertidos en estos títulos, pero si se hubiera conversado de otra manera el reperfilamiento con los principales actores institucionales involucrados, se hubiera llegado a otras medidas más efectivas para renovar la deuda”.

Desde Research for Traders apuntaron que la iniciativa está “buscando cerrar las necesidades de financiamiento de este año ante la incertidumbre presente por el desembolso de USD 5.400 millones del Fondo Monetario Internacional”. Agregaron que “el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ( FGS) de la Anses será el principal organismo tomador de Letras”.

Una nuestra de este procedimiento se observó hace dos semanas, cuando el Gobierno colocó a la Anses una letra en pesos por $35.000 millones y una en dólares por 275 millones.

El reperfilamiento cerró la única vía de financiamiento de corto plazo que es la colocación voluntaria de Letes

Desde ahora, las entidades y organismos públicos sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez mediante la suscripción de Letras precancelables emitidas por el Tesoro Nacional a un plazo que no exceda los 180 días.

Sólo podrán eximirse de esta posibilidad si tuvieran necesidades financieras en virtud de las cuales no le fuera posible cumplir lo dispuesto en esta medida o si se constatara la existencia de causas fundadas por las cuales el cumplimiento de este decreto ocasionase desequilibrios financieros dentro del sector público nacional, provincial o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según estimaciones de la consultora EcoGo, hasta fin de año el Tesoro deberá pagar unos USD 1.500 millones por el vencimiento de Letes en dólares, un monto que se podrían cubrir con reservas.

La dificultad aparece en los vencimientos en pesos, pues hasta ahora el Tesoro vendía divisas para obtener liquidez y cancelar compromisos en moneda doméstica. La escasez de dólares impide vender divisas para hacerse de unos $230.000 millones para pagar Letras en pesos.

Un 37% de la deuda soberana está colocada en cartera de organismos públicos

El economista Martín Tetaz indicó que “en cualquier escenario, lo más probable es que si no cuenta con el dinero, el Gobierno cumpla con sus compromisos del último mes del año emitiendo, puesto que se trata de obligaciones que en su mayor parte están en pesos”.

“El impacto inflacionario sería despreciable porque se trata de un mes en el que por razones estacionales la demanda de dinero suele ser un 7% más alta, que sería casualmente el crecimiento de la Base Monetaria en ese contexto. Así, el oficialismo patearía la pelota a febrero, cuando vuelve a caer la demanda de dinero y se notaría en la calle ese excedente”, evaluó Tetaz.

Incrementar la deuda intra-sector público es una vía de obtener financiamiento sin recurrir a una fuerte expansión monetaria.

Según el informe de deuda pública al cierre del segundo trimestre de 2019, los pasivos nacionales en manos de organismos públicos, tanto en pesos como en dólares, ascendía a USD 124.724 millones, un 37% del total o 29,9% del PBI, en los cálculos de la Secretaría de Finanzas.

Hacia fin de año es muy probable un incremento del monto y el porcentaje de esta deuda intra-sector público, al restringirse otras vías de financiamiento, como la emisión de títulos soberanos y los préstamos de los organismos multilaterales.

La alternativa de monetizar los pasivos en moneda doméstica es un recurso que añadirá presión a la inflación, además de desbordar la flexibilización de la meta de Base Monetaria, con una expansión pautada en 2,5% mensual para septiembre y octubre.En el bimestre, el Central prevé elevar la Base Monetaria en unos $70.000 millones, de $1.377.000 millones ($1,38 billón) a $1.447.000 millones en el promedio de octubre, mientras que las necesidades de pesos por las Letes triplican dicha expansión.


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