
El Fondo Monetario Internacional recordó hoy que es responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri negociar los apoyos políticos necesarios para la aprobación legislativa del presupuesto para 2019, una negociación que se anticipa reñida por los recortes comprometidos para alcanzar la meta de reducción del déficit pactada con el FMI en el acuerdo stand by sellado en esta capital.
"Es prerrogativa del gobierno de Argentina" llegar a un acuerdo entre los diferentes grupos políticos, señaló esta mañana el vocero principal del Fondo, Gerry Rice, durante una conferencia de prensa en la sede del organismo. "No es prerrogativa del FMI, le toca al gobierno de Argentina trabajar en eso", insistió el funcionario en la única mención que hizo al programa pactado este mes y que incluye metas fiscales ambiciosas para los próximos años.
En ese acuerdo, el Gobierno contempla entre otras cosas recortes en las transferencias no automáticas a las provincias y trasladar a los gobernadores parte del peso del ajuste. Las voces de protesta no tardaron en dejarse oír entre los gobernadores peronistas, pero esa discusión, que debe conducir a la aprobación de una ley de presupuesto para el año que viene, está todavía en pañales.
"Las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos que han sido asignados como responsabilidad de cada provincia por la Constitución se irán reduciendo ya que las provincias tomarán estas responsabilidades", indica el acuerdo firmado con el FMI. Estas transferencias, que corren por afuera de la coparticipación federal, financian una parte de los gastos educativos, previsionales y de infraestructura de las provincias.
El vocero del Fondo insistió también en que el programa negociado en Washington es "propiedad completa del gobierno de Argentina, refleja sus prioridades y es en beneficio de pueblo argentino". Expresó así su confianza en el éxito del acuerdo, por el cual la Argentina recibirá USD 50.000 millones a lo largo de tres años. "El objetivo del FMI es apoyar los planes del Gobierno", enfatizó Rice.

Los fondos del FMI comenzaron a llegar la semana pasada, luego de que el board del organismo multilateral diera su aprobación final al acuerdo firmado con la Argentina. Esos recursos frescos, sumados a la buena noticia de la recategorización del país como economía "emergente", le ofrecieron al Gobierno un breve respiro después de varias semanas de fuertes turbulencias en los mercados.
Pero las últimas jornadas volvieron a exponer la vulnerabilidad de la economía local a los vaivenes externos. Sobre todo, en tiempos de incertidumbre internacional y amenazas de una guerra comercial a escala global.
El primer tramo del préstamo del FMI, unos USD 15.000 millones (algo menos de un tercio del monto total), fue desembolsado inmediatamente después del visto bueno del directorio del Fondo y se destinará a financiar el déficit fiscal y reforzar las reservas del Banco Central.
Los próximos giros en cambio estarán sujetos a las revisiones trimestrales que llevarán a cabo los técnicos del organismo, con el objetivo de auditar los números de la gestión y verificar el cumplimiento de las metas pactadas.
Entre otras cosas, esas metas harán necesario un fuerte recorte del gasto público para bajar el déficit a 2,7% y dejar por el momento en suspenso la política gradual que hasta ahora había instrumentado la conducción económica para corregir las distorsiones heredadas pagando el menor costo social posible.
Los números de abril, que confirmaron una contracción interanual de la economía de casi un punto (0,9%), no ayudan a vislumbrar un horizonte más sencillo. Más allá de ese dato negativo, que ya se descontaba hace varias semanas, el FMI expresó una y otra vez su confianza en el programa acordado con el equipo de Nicolás Dujovne.
"Si es bien implementado, dará buenos resultados", afirmó la semana pasada en rueda de prensa uno de los economistas que participó de la negociación. Eso sí, de Christine Lagarde para abajo todos los funcionarios del organismo se encargaron de recordar, también una y otra vez, que el programa fue "concebido y diseñado por las autoridades argentinas", y de ellas dependerá ahora su puesta en práctica.
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