Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que dirige Jorge Colina, advirtió sobre la sustentabilidad del sistema previsional, principal componente del gasto público nacional: cuatro de cada diez pesos de erogaciones nacionales corresponden a jubilaciones y pensiones.
El resultado fiscal del primer cuatrimestre del año muestra un aumento de los ingresos públicos del orden del 21% interanual mientras que los gastos en jubilaciones y pensiones crecen al 31% interanual.
Es decir, que "el gasto previsional sigue subiendo a una tasa superior a los ingresos y a la inflación. Teniendo en cuenta que las jubilaciones y las pensiones son el principal componente del gasto primario nacional (42% del total), se trata de una dinámica fiscalmente insostenible", apuntó el informe.
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IDESA precisó que en la búsqueda de restablecer la sustentabilidad de las finanzas públicas son muchas las tareas pendientes. "Una de las más importantes es el ordenamiento del federalismo transfiriendo gastos nacionales que hoy se hacen en favor de la región metropolitana a las jurisdicciones correspondientes y eliminar los derroches que generan programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales", consideró. "Sin embargo, el desafío más sobresaliente y complejo de resolver es el ordenamiento del sistema previsional", subrayó.
La Secretaría de Seguridad Social informa que la ANSeS paga beneficios previsionales a 5,7 millones de jubilados y pensionados de los cuales:
– El 80%cobra un solo beneficio que se integra por un 32% de personas que hicieron aportes y 48% de personas beneficiadas por las moratorias (sin aportes).
– El 20%tiene doble beneficio, es decir, son personas que cobran de manera simultánea una jubilación y una pensión.
– Del total de las personas que cobran doble beneficio, el 69% accedió al segundo beneficio gracias a las moratorias.
"Estos datos muestran que apenas uno de cada tres jubilados recibe una jubilación o una pensión como compensación a haber realizado los aportes correspondientes durante su vida activa", mientras que "la mitad recibe una jubilación o pensión gracias a las moratorias que otorgaron beneficios sin acreditar aportes y sin evaluación de la situación socioeconómica de la persona", aseveró IDESA.
EL 20% COBRA DOBLE BENEFICIO
El informe de IDESA enfatizó que hay un 20% de pasivos que percibe doble beneficio, cobro que al que la mayoría accedió a través de las moratorias. "Se trata de una estimación de mínima ya que estas estadísticas no computan los pensionados de otros sistemas previsionales (como provincias, militares, fuerzas de seguridad, etc.) que aprovecharon las moratorias para solicitar jubilaciones sin aportes a la ANSeS", detalló el estudio.
Para los expertos de IDESA, se trata "por lejos" de "la medida más irresponsable tomada en la Argentina desde el regreso de la democracia", pues "no hay antecedentes en el mundo de una distribución tan masiva e indiscriminada de jubilaciones sin aportes".
"En lugar de limitar y focalizar las jubilaciones sin aportes en personas en estado de vulnerabilidad, se regalaron jubilaciones a personas que no hicieron aportes y que no estaban en situación de vulnerabilidad generando una irritante inequidad ya que se les dio los mismos beneficios que a las personas que hicieron aportes y, en muchos casos, ahora duplican con otro beneficio previsional", analizó.
La otra consecuencia previsible es un severo problema de insostenibilidad del sistema previsional.
IDESA propone en el corto plazo establecer un doble mecanismo de movilidad. Por una parte, que se mantenga la fórmula general para los beneficios con aportes o con moratorias pero que llegan a personas en situación de vulnerabilidad.
Mientras que, "para los beneficios que se duplican o que siendo un único beneficio por moratoria va en favor de personas con otros ingresos", se puede "establecer una movilidad más reducida".
Con este esquema, IDESA estima que "se podría lograr que el gasto previsional no siga creciendo por encima de la inflación encuadrándolo en la misma regla que la Ley de Responsabilidad Fiscal estipula para el resto del gasto público nacional y provincial".
El informe considera que parte del financiamiento del sistema podrá resolverse con el fin de las moratorias en el 2019 y su reemplazo por la Pensión Universal de Adulto Mayor. Pero apuntó que "sigue pendiente revisar la regla de pensión por fallecimiento. Desde el punto de vista de la equidad y la sustentabilidad no debería haber pensión por fallecimiento cuando el cónyuge tiene otro beneficio previsional".
En contraposición propone que se considere la cobertura –hoy no contemplada– de los hijos que estudian y no tienen otro medio de vida cuando fallecen sus progenitores.
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