Carrió dice "basta" pero el Gobierno seguirá con los tarifazos

"Le diría basta al Gobierno. La clase media hoy está apretada, no le alcanza, y deben comprender que las clases medias son las que hacen grande este país. Por eso me opongo al aumento de tarifas, creo que se puede ir más despacio, con más gradualismo", dijo la impredecible diputada.

No hay duda de que una gran mayoría de la población critica la manera en la que el Gobierno está corrigiendo una de las peores políticas del kirchnerismo, que fue la de mantener tarifas baratas para todos y todas en electricidad, gas, transporte y agua. Una política que promovió un uso irracional de los recursos, estimulando el derroche, afectando negativamente la producción, y por lo tanto siendo factor determinante de que se tuvieran que gastar muchísimos miles de millones de dólares en importar energía.

Y que, además, benefició sobremanera a los segmentos de mayor poder adquisitivo. Fue lo que se dice una mala política pro-ricos. Efectivamente, según una investigación del muy prestigioso Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata, en el cuatrienio 2012-2015 el gobierno anterior gastó un total de USD 81.651 millones en subsidiar las tarifas baratas para todos y todas, de los cuales el 40% benefició al 30% de los hogares de mayores ingresos, mientras que tan solo el 23% fue percibido por el 30% de los hogares más pobres.

Sobre esa base, el Ministerio de Hacienda calculó que si en lugar de haber subsidiado a toda la población se hubiera beneficiado nada más que a la mitad de menores ingresos, se habrían ahorrado en cuatro años USD 49.163 millones, dinero suficiente para, por ejemplo, construir 130.000 jardines maternales o duplicar la red nacional vial.

De pro-ricos y progresivo a a anti-ricos y regresivo

Pero, paradójicamente, la política de subsidios fue pro-ricos y progresiva al mismo tiempo. El último informe de coyuntura del Instituto Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala aclara ese aparente contrasentido.

Explica que fue pro-ricos porque en relación a los montos distribuidos destinó, como se vio, mucho más dinero a la gente de ingresos más altos, pero que también fue progresivo porque en relación al ingreso de cada hogar benefició proporcionalmente más a los más vulnerables ($1.000 de subsidio para una familia que gana $100.000 le representa un ahorro del 1%, mientras que $200 para un hogar con ingresos de $10.000 le significa un descuento del 2%, o sea el doble).

Por lo tanto, si el esquema de subsidios heredado era pro-rico y progresivo, al desarmarlo sus consecuencias son inversas: resulta anti-rico pero regresivo, al mismo tiempo.

Es decir que la mayor parte del ahorro fiscal derivado del aumento de tarifas y del consecuente recorte de subsidios es a costa de los sectores de mayores ingresos, pero el impacto se siente más en los bolsillos de usuarios de clase media baja y baja que en los presupuestos de hogares acomodados.

El rol de la tarifa social

Por supuesto que la tarifa social es un moderador del impacto sobre los más pobres, pero como señala el mencionado informe "no está claro que la combinación de ajuste y tarifa social hayan tenido el efecto de mejorar la progresividad".

Lo que no está incluido en el análisis que hizo Cedlas sobre la distribución de los subsidios entre 2012 y 2015, es la categoría de comercios y empresas. Al respecto, los pequeños comercios y las pymes han sido muy afectados por los tarifazos.

El análisis se complejiza aún más si se considera el impacto indirecto de los tarifazos a través del aumento que generan en otros precios de la economía.

Los presupuestos de los hogares soportan de manera directa el incremento en las facturas de luz, gas, agua y transporte, pero también se sobrecargan por el traslado a precios que realizan las empresas y comerciantes del aumento en sus costos de servicios públicos. Y es sabido que la inflación castiga más a los que están en la parte inferior de la pirámide social.

Cuesta pagar las tarifas pese a que siguen bajas

De todas maneras, eran tan absurdas las tarifas vigentes a fines del gobierno anterior, que luego de la gigantesca recomposición de 2016 y 2017 y antes de los tarifazos de este año, la mayoría de la población seguía pagando poco.

En el caso del gas, a comienzos de 2018 el 51,9% pagaba menos de $250 por mes, es decir menos que el abono al cable o al teléfono celular, y más de dos tercios (68,9%) pagaba menos de $500 por mes.

En electricidad, cerca de la mitad de los clientes de Edenor y Edesur estaba pagando menos de $300 por mes y dos tercios hasta $500 por mes.

En el Gobierno no hay la más mínima intención de atender las quejas de Lilita Carrió sobre este tema ni hacer caso a los pedidos de mayor gradualismo en los aumentos de tarifas. "Nuestros socios nos vienen pidiendo eso desde que comenzó el gobierno, pero no hay manera de reducir el déficit fiscal que no sea bajando los subsidios", responde un ministro en Casa Rosada.

Y si bien el vicejefe de Gabinete Mario Quintana dijo anteayer en público que "los aumentos significativos (en tarifas) están llegando a su fin", los subsidios remanentes en electricidad y gas ascenderán este año a 100.000 millones de pesos.

A la serie de tarifazos aún le faltan algunos capítulos.