Advierten una “litigiosidad espuria” en el sistema de riesgos de trabajo

"La importante reducción en la siniestralidad es uno de sus logros más significativos. Sin embargo, la intensa y creciente judicialidad espuria pone en juego la supervivencia de las aseguradoras de riesgo de trabajo", señaló un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), al dar cuenta del aniversario número 20 de la entrada en vigencia del sistema.

"Desde que empezó a funcionar la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) se han alcanzado logros muy importantes en materia de prevención y seguridad en el trabajo. Uno de los más contundentes es la reducción de la tasa de mortalidad por siniestros laborales que entre los años 1997 y 2015 bajó del 1,4 al 0,5 por cada mil trabajadores", señaló la consultora especializada en temas previsionales y laborales.

"El rasgo más sugerente es que la masificación de la litigiosidad está centrada en reclamos por afecciones de dudosa relación con la actividad laboral", advirtió el instituto, desde el cual aclararon que "se trata de las lumbalgias, hipoacusia y hernias, enfermedades que, salvo situaciones puntuales, se originan en la genética de las personas y el desgaste normal de la vitalidad, y no por el desarrollo de la actividad laboral".

"La LRT contempla reglas de aplicación automática y en base al conocimiento científico disponible procura dar objetividad y transparencia a la evaluación del origen y magnitud del daño como así también la determinación de su reparación".

IDESA destacó la importancia del "Listado de Enfermedades (que asocia la enfermedad profesional a la exposición a un agente de riesgo, por ejemplo, la hipoacusia al ruido), el Baremo (que fija porcentajes de incapacidad para cada minusvalía) y una fórmula matemática para calcular las indemnizaciones".

El incremento de la litigiosidad espuria, tal como lo presenta el instituto que dirige Jorge Colina, se origina "al abandonar estas reglas y evaluar a cada trabajador aplicando criterios subjetivos y discrecionales", lo que lleva a "multiplicar el oportunismo y la corrupción".

"Para preservar y profundizar los logros de la LRT es imprescindible que el Poder Judicial acepte las decisiones del Poder Legislativo", enfatizó IDESA.

"Un paso que ayudaría a cumplir con esta elemental regla institucional es formalizar un acuerdo entre la Nación y la Provincias para crear centros especializados en evaluación de incapacidades."

"Estos centros deberían ser los únicos autorizados a dictaminar el origen laboral de una dolencia y el porcentaje de incapacidad que le corresponde, interviniendo tanto en sede administrativa como judicial", concluyó la consultora.