
El primer aviso de que le habían soltado la mano se produjo el 30 de abril. Cuando aquella tarde todavía no se había hecho noche, dos hombres pasaron en una moto por Arijón al 500, en la zona Sur de Rosario, y dispararon diez tiros sobre el frente de una vivienda y de un auto estacionado en la puerta. No hubo heridos. Pero sí un mensaje unívoco: el dueño de casa era Aldo Sosa, más conocido como el Gatito en el mundo de los barras y Chemea en el de los narcos. Dos días después, en la previa al clásico que Central le terminó ganando a Newell’s en Arroyito, el frente del comercio del vicepresidente del club, Cristian D’Amico, y candidato del oficialismo para las elecciones suspendidas momentáneamente por las nuevas restricciones por la pandemia, apareció con una pintada amenazante que decía: “Chemea, no a la presidencia narco en el club”. Lo que unía una vez más y de forma transparente las dos puntas que siempre se remarca en este asunto: barrabravas y narcos unidos por un cordón umbilical.
Pero faltaba la tercera pata que siempre sostiene a esta mesa y que se ofreció esta mañana, tras un allanamiento a la casa de Sosa, cuando la Justicia confirmó no sólo que investigan al capobarra como testaferro del grupo Los Monos sino también que es empleado estatal y, aunque suene insólito, desempeña funciones en la Defensoría del Pueblo donde recibe una paga mensual de 180.000 pesos. Creer o reventar.
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Sosa es un viejo habitante del mundo del paravalanchas. Entró a ese planeta delictivo de la mano de Roberto Pimpi Caminos, amo y señor hasta su asesinato en 2010 de todo lo que ocurría en las tribunas del Coloso y el manejo de la droga en alianza con Los Monos. Su nombre saltó por primera vez en los registros judiciales cuando terminó detenido en septiembre de ese año en medio de una balacera feroz en la interna de la barra previo a un partido contra Estudiantes de La Plata. En aquella oportunidad compartió causa con Monchi Cantero y a ambos se les aplicó, junto a otros 30 barras, la prohibición de concurrencia a los estadios.
Aquella batalla fue el inicio de una guerra sin cuartel por las distintas bandas narcos de Rosario para quedarse con la tribuna leprosa que se llevó la vida de cuatro barrabravas que quisieron acceder a ese sitial en apenas dos meses. Por entonces, los grupos también atacaron a los dirigentes y uno de los damnificados fue el propio D’Amico que era vicepresidente segundo por entonces, cuya camioneta recibió diez disparos cuando salía a buscar a su hijo a una escuelita de fútbol.
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Pero en el último tiempo las cosas parecían haberse calmado. En un pacto insólito, el jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés Pillín Bracamonte ofreció poner en conjunto con el grupo Los Monos a Marcelo el Pipi Arriola como jefe. Arriola había sido secuaz de Pimpi Camino y tenía una foja de servicios apta para el trabajo: ocho causas penales entre ellas una por presunto asesinato. Bajo su mando y con los sicarios de Los Monos detrás, Arriola logró sostenerse a pesar que en dos oportunidades otras bandas rivales, como los Funes, intentaron derribarlo. Pero su liderazgo terminó en julio del año pasado, cuando la pandemia frenó los lucrativos negocios del club y se empezaron a rebelar algunos soldados.
El que prometió recaudar y repartir mejor los dividendos fue el histórico Aldo Sosa, que venía ganando cada vez más espacio en la zona Sur de Rosario. Ya por entonces el seudónimo de Gatito como se lo conocía en el fútbol había dejado paso al de Chemea, que era como se lo conocía en el submundo del tráfico de estupefacientes. Y entre ambas facetas fue tomando un poder inaudito, a punto tal que el colega Alejo Diz en enero de este año lo mostró en el estadio junto al vicepresidente D’Amico. Pero a Sosa le salió competencia: otro grupo vinculado a Los Monos, pero en este caso con asiento en Villa Gobernador Galvez y que dirigiría desde la cárcel Leandro el Pollo Vinardi –condenado a 13 años de prisión por asesinato–, vio que las elecciones en el club eran un buen momento para desplazarlo. Si Sosa jugaba para el oficialismo, ellos irían con la oposición. Y si había cambio de manos en el club, lo mismo sucedería en la tribuna.
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Así la guerra escaló con los balazos del 30 de abril y las pintadas antes y después del clásico. Con semejante panorama, la Justicia activó una vieja causa en la que aparecía mencionado Sosa: el crimen de otro narco y barra de Newell’s llamado Marcelo Coto Medrano, que sucedió en septiembre del año pasado. Según la Justicia, en varias comunicaciones telefónicas aparece mencionado por su relación con Los Monos y con la persona procesada por el crimen de Medrano. Pero además de toda esta trama dantesca, la fiscalía encontró una credencial laboral de Sosa a nombre de la defensoría del pueblo. Y cuando fueron a los registros, lo confirmaron: cobra 180.000 pesos y está nombrado como jefe de división reportando como empleado de la dependencia desde hace 30 años. Como para cerrar un círculo que siempre se sospecha, y que una vez más va camino a probarse.

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