Si buscan en nuestra Constitución Nacional del año 1853, modificada en 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994, no contiene en su texto a la palabra "deporte", uno de los derechos inalienables reconocidos a nivel mundial. Desde la antigüedad el deporte ha concitado la atención de los gobernantes aunque no siempre por motivos loables sino más bien relacionados con las pujas por el poder.

A diferencia del caso argentino, la constitución brasileña de 1988 estableció en el capítulo referido a la educación y cultura que "Es un deber del Estado fomentar las prácticas deportivas formales y no formales, como derecho de cada uno, observando: i) la autonomía de las entidades deportivas y de las asociaciones, en lo referente a su organización y funcionamiento; ii) el destino de los recursos públicos a la promoción prioritaria del deporte escolar y, en casos específicos, para el deporte de alta competición; iii) el tratamiento diferenciado para el deporte profesional y no profesional; iv) la protección y el incentivo a las manifestaciones deportivas de creación nacional".

Otro ejemplo en Latinoamérica en igual sentido pero desde una diferente perspectiva política está dado por la Constitución de la República de Cuba (Estado socialista de los trabajadores), que garantiza "como Poder del pueblo, en servicio del pueblo, que no haya persona que no tenga acceso al estudio, la cultura y el deporte" porque "todos tienen derecho a la educación física, el deporte y la recreación", con inclusión obligatoria en los planes de estudio.
En los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dos leyes modificaron la Ley del Deporte promulgada el 2 de abril de 1974. Una de ellas fue sancionada el 28 de octubre de 2015 bajo la firma del ex vicepresidente Amado Boudou, créandose la "Asignación Universal por Hijo en el Deporte", como suplemento adicional por cada persona menor de edad o persona con discapacidad, entre los 6 y 16 años de edad, que estén a cargo de los titulares de la Asignación Universal por Hijo.

La ley declara que dicha asignación universal será destinada al pago de "la cuota de estímulo deportivo" de los beneficiarios en las asociaciones civiles deportivas, resultando incompatible con el cobro de becas y subsidios relacionados con el deporte, a nivel nacional, provincial y municipal.

Esta ley fue modificada y derogada en 41 de sus 54 artículos, por el Decreto (DNU) n° 92/19 firmado por el presidente Mauricio Macri en enero pasado. Por este decreto se crea la Agencia de Deporte Nacional –en reemplazo de la Secretaría de Deportes-, declarándose entre sus considerandos: "Que una de las premisas del Gobierno Nacional es lograr la utilización racional de los recursos públicos para potenciar una gestión más eficiente". Ese decreto dejó vigente a la Asignación Universal por Hijo en el Deporte a la espera de su reglamentación.

Pronto se escucharon las voces críticas desde la Confederación Argentina del Deporte, fundada en 1921, organización privilegiada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en la década del 50 luego relegada durante las dictaduras militares. Esa entidad nuclea a 138 disciplinas deportivas y su actual presidente, Rodolfo Paverini, (ex presidente del club Sportivo Barracas durante 18 años), fue quien apuntó contra las acciones del gobierno del presidente Macri endilgándole el haber modificado el marco general de la Ley del Deporte, abriendo una ventana que facilite la intromisión de las sociedades anónimas deportivas y de crear una "agencia inmobiliaria" para la venta de tierras fiscales destinadas al deporte. El directivo anticipó que la entidad continuará con sus reclamos para el cumplimiento efectivo de la Ley del Deporte y de la Asignación Universal por Hijo para el Deporte (AUHD), cuyo monto a absorber por el presupuesto nacional rondaría los 35 mil millones de pesos. Es aquí que más allá de las declaraciones a la prensa, en épocas de "vacas flacas" esta pretensión luce como irrealizable.

La segunda ley sancionada el 4 de noviembre de 2015, que también lleva la firma del ex vicepresidente Amado Boudou, crea junto con el Instituto Nacional del Deporte y la Actividad Física (integrado por 22 representantes), una enorme estructura conformada por consejos regionales y municipales, una comisión y un observatorio a nivel nacional, más un sistema de información para el deporte. Esta norma no fue modificada por el presidente Macri.

Ante este panorama, cabe preguntarse si la legislación del deporte argentino puede continuar como un barco a la deriva. Los sucesivos parches a la Ley del Deporte sólo se han concentrado en una declaración de principios nunca concretados, llevando a cuestas una súper estructura administrativa cada vez más onerosa para el erario.

En una economía con inflación recalcitrante y con una moneda deteriorada desde hace décadas, no aparece como racional el asignar más recursos públicos –sin otra fuente de financiamiento genuina ni con controles eficientes- para socializar el deporte sin contarse con una base constitucional ni una normativa que le sirva de adecuado marco a la organización deportiva.
La llamada "Asignación Universal por Hijo en el Deporte" tal como está concebida, sin otro mayor respaldo que el presupuesto nacional que nutre a las arcas del Estado, hoy resulta ser otra clara demostración del irreal mundo que inspira a la mayoría de nuestros legisladores y dirigentes deportivos.

El deporte argentino en su conjunto, necesita de una profunda reforma legislativa de fondo, dejándose de lado lo meramente conyuntural y las solapadas aspiraciones del gobierno de turno. Para ello, deberá elevarse la vara hasta lograr la puesta en marcha de verdaderas y sustentables políticas de Estado, por encima de los nombres propios, con el fin de derrumbar definitivamente el muro de la burocracia y la inoperancia.

* Abogado UBA – Director de Iusport.com Latinoamérica