
"Hungría ha sido miembro de la familia de naciones cristianas europeas desde hace más de mil años", aseguró el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ante el Parlamento Europeo el pasado 12 de septiembre, día en que se aprobó el inicio de un procedimiento disciplinario contra Budapest por sus serias violaciones a los valores de la Unión Europea (UE); en los términos del artículo 7 del Tratado de Lisboa. De prosperar, la medida podría privar de voto a Hungría dentro del Consejo Europeo, máximo órgano político de la UE. En su descargo ante los eurodiputados, Orbán –en el poder desde mayo de 2010– reafirmó que su país "continuará defendiendo sus fronteras, deteniendo a los inmigrantes ilegales y defendiendo sus derechos".
"La política migratoria de la UE ha fracasado estruendosamente", manifestó Orbán, quien opinó que "la afluencia de inmigrantes conducirá a la desintegración de las naciones, al debilitar sus idiomas, hacer que sus fronteras se vuelvan difusas y provocar que las culturas nacionales se disuelvan en una única sociedad abierta".
"Nosotros debemos defender nuestras fronteras exteriores como precondición para garantizar la libre movilidad en el interior de la UE", aseguró el premier húngaro, al tiempo que se mostró dispuesto a prestar "asistencia para transportar a los migrantes de nuevo a su hogar". "La migración no es un derecho humano fundamental", sostuvo, por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó.
Hungría no está sola en esta cruzada contra la inmigración. El Grupo Visegrado, que integra junto a Polonia, la República Checa y Eslovaquia, se encuentra en la misma sintonía y ha hecho causa común con Budapest. En mayo de 2015, en el marco de la denominada "Agenda Europea de Migración", la Comisión Europea –presidida por el luxemburgués Jean-Claude Juncker– lanzó una serie de medidas de "respuesta rápida" al drama humanitario que vivían los países de la cuenca del Mediterráneo, especialmente Grecia e Italia.

Además de reforzar las operaciones Tritón y Poseidón, conducidas por la agencia europea Frontex, y del compromiso de intensificar las acciones contra las redes delictivas de traficantes, se planteó un ambicioso programa de "reubicación" y "reasentamiento" de refugiados. El reparto, manifestaba la Comisión, estaría basado en "criterios objetivos, verificables y cuantificables" que tomaría en cuenta "la capacidad de los Estados miembros para absorber e integrar a los refugiados". Los criterios considerados incluían el tamaño de la población de cada país, su PBI, el número medio de solicitudes en el período 2010-2014 y su tasa de desempleo. El programa fue aprobado cuatro meses más tarde y debía conducir a la redistribución de un total de 120.000 refugiados.
¿Cuál fue la posición del Grupo Visegrado? Los gobiernos de Hungría, la República Checa y Eslovaquia votaron en contra de esa medida, en tanto que el Ejecutivo polaco de Eva Kopacz –que había dado el visto bueno a la redistribución de refugiados– fue derrotado en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2015 por el partido Ley y Justicia (PiS) de Jaroslav Kaczynski, que centró su campaña en un discurso antiinmigratorio y de defensa de la identidad nacional polaca. En una declaración conjunta, formulada en Praga en junio de 2016, los gobiernos del bloque manifestaron su oposición al sistema de cuotas, que además de "no funcionar en los hechos", corría el riesgo de convertirse en un "factor de estímulo" a la llegada de los refugiados.
La situación no se limitó a una simple cuestión retórica, sino que se tradujo, en el caso de Hungría, en el cierre de su frontera meridional con Serbia, Croacia y Eslovenia para evitar el ingreso de refugiados procedentes de Grecia que se aventuraban por la denominada "ruta de los Balcanes". Posteriormente, el rechazo a las cuotas de refugiados dio paso a una acción legal, impulsada por Hungría y su vecina Eslovaquia ante la Corte Europea de Justicia, que desestimó ese recurso en septiembre de 2017.
"En un momento en el que los europeos somos testigos del ascenso de movimientos nacionalistas que socavan la lógica de una unión aún más estrecha, con el Brexit avecinándose, la reconciliación entre Bruselas y el Grupo Visegrado se convierte en un prerrequisito para la resolución de la actual crisis dentro de la UE", advierten los investigadores Pol Morillas y Kiera Hepford en un trabajo sobre la situación del Grupo Visegrado y su impacto sobre el futuro de la Unión Europea (UE), publicado en 2017 por el Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona (Cidob) y la Fundación Friedrich Ebert.
La llegada al poder de partidos euroescépticos y cuestionadores del statu quo en Italia y su vecina Austria y las dificultades que enfrenta la gran coalición alemana liderada por Angela Merkel, debido a las posiciones populistas de sus socios bávaros de la Unión Social Cristiana (CSU), parecen haber reforzado la posición del Grupo Visegrado y ha avivado el temor a un efecto contagio en otros países de la UE, lo que arroja cada vez más dudas sobre el futuro de una Europa abierta y solidaria, con la que soñaban sus padres fundadores allá por 1957.
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