Ciberdelitos, terrorismo y crimen organizado: la nueva política de inteligencia argentina

El gobierno de Javier Milei aprobó el Decreto 864/2025 que establece la primera Política de Inteligencia Nacional formal en más de 20 años, con el objetivo de modernizar el sistema, ampliar capacidades en ciberdefensa, proteger recursos estratégicos y reorganizar la estructura operativa de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Su impacto está por verse, pero la novedad radica en la renovación del enfoque de los servicios de inteligencia, a más de dos décadas de su última actualización, y en la nueva perspectiva en soberanía.

Las claves de la nueva Política de Inteligencia Nacional

El documento de 34 páginas introduce la modernización en la estrategia de inteligencia y defensa nacional, posicionando a la SIDE como conductor del Sistema de Inteligencia Nacional y asignando nuevas herramientas y roles.

En materia de ciberseguridad, deberá garantizar la protección frente a amenazas en el ciberespacio, desinformación y ataques externos. También tendrá a su cargo los recursos estratégicos y de soberanía nacional como recursos naturales, infraestructura crítica, áreas de frontera, zonas marítimas y de proyección antártica.

Por otro lado, la SIDE actuará contra el terrorismo y el crimen organizado, asumiendo el rol de preventor de redes criminales, con foco en estructuras especializadas en narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y amenazas terroristas con alcance regional o global.

En cuanto a la protección de las áreas del Estado argentino, la SIDE continuará siendo la responsable de la contrainteligencia y la seguridad institucional, ejerciendo la detección de operaciones de inteligencia extranjeras, espionaje, injerencias, amenazas a la estabilidad institucional y a la soberanía.

Otro de los puntos importantes del Decreto 864/2025 es la cooperación internacional, para la cual se fomentará la colaboración con otros países, el intercambio de información, el control de influencias externas y la redefinición del posicionamiento argentino en la geopolítica global.

En ese sentido, en octubre, se firmó un acuerdo importante con Estados Unidos, entre el Ministerio de Seguridad Nacional, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el FBI, en el marco del recientemente presentado Centro Nacional Antiterrorista (CNA).

Finalmente, el gobierno de Javier Milei impulsará la modernización del sistema de inteligencia en varios ejes claves: profesionalización, tecnificación, redefinición orgánica de los organismos y actualización normativa tras décadas de espera.

Implicancias y posibles reformas en el horizonte argentino

Para realizar un análisis integral de la Política de Inteligencia Nacional, DEF accedió a la opinión de Edgardo Glavinich, director ejecutivo de la Fundación Sherman Kent, un think tank sobre inteligencia estratégica con sede en Argentina, y secretario nacional del Consejo Argentino para la Seguridad Integral (CAPSI).

El consultor especializado en inteligencia estratégica define el Decreto 864/2025 como el esfuerzo más ambicioso y técnicamente sofisticado de la historia democrática de Argentina, y considera que se trata de “un documento estratégico y técnicamente superior a la mayoría de los publicados a nivel regional”. Además, señala que la especificidad del documento logra conectar la inteligencia estratégica con reivindicaciones soberanas históricas, como Malvinas y los espacios marítimos disputados, de una manera que pocos documentos latinoamericanos logran.

Sin embargo, para hacer realidad la nueva Política de Inteligencia Nacional, indicó tres reformas necesarias. La primera es la creación de una Dirección de Inteligencia Económica y Competitiva para proteger las capacidades económicas y productivas del país. En segundo lugar, considera fundamental el establecimiento de una Dirección de Análisis de Amenazas Futuras y Anomalías, con foco en amenazas físicas (pandemia, climatología), digitales (como la inteligencia artificial y la computación cuántica) y biológicas, tanto naturales como artificiales, como edición genética dual, bioterrorismo y posibles consecuencias no intencionales de biotecnologías emergentes.

Para el caso argentino, propone facultades de inspección irrestricta de actividades de la SIDE y organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, autoridad para recibir denuncias con protección de confidencialidad para denunciantes, y obligación de producir informes anuales al Congreso en versión clasificada completa y versión pública desclasificada.

La tercera y última reforma se enfoca en el control con la institucionalización del inspector general de inteligencia independiente, un cargo de funcionario implementado por Australia y que establece un mandato de siete años no renovable, staff de profesionales, presupuesto independiente controlado por el Parlamento y autoridad legal para acceder a toda información clasificada sin excepciones.

A su vez, Glavinich alertó acerca de las consecuencias de la falta de control sobre los servicios de inteligencia con casos como el software Pegasus en México, la “ABIN paralela” en Brasil y el escándalo de las “chuzadas” en Colombia, tres casos emblemáticos de espionaje en altas esferas del Estado.

Por último, el especialista concluyó que “Argentina tiene la oportunidad histórica de liderar la transformación regional hacia un modelo de inteligencia estratégica que combine sofisticación técnica con accountability democrática efectiva”, aunque depende de su capacidad para “construir una arquitectura institucional que permita ejecutar esta visión de manera profesional, legal y democráticamente legítima de forma sostenida”.