Reflexiones sobre el fracaso de la reforma constitucional en Chile: impacto en el gobierno y futuro incierto

Cada proceso constitucional tiene su mística, y el plebiscito del pasado 4 de septiembre en Chile no es la excepción. El contundente rechazo a la nueva Constitución generó alerta en la administración de Gabriel Boric y provocó cambios en su gabinete y un viraje en su política exterior en pos de contrarrestar la gran pérdida de su popularidad interna.

Entender el proceso constitucional en Chile es, de por sí, complejo y dista mucho de otras realidades de la región que han experimentado reformas constitucionales, casi siempre como consecuencia de la finalización de un gobierno autoritario. El caso chileno, por el contrario, no responde a estos patrones, ya que la actual Constitución fue sancionada durante el gobierno de Augusto Pinochet y, con más de 40 años en ejercicio, poco se condice con las experiencias internacionales, más aún cuando de los 179 plebiscitos de nuevas constituciones que han tenido lugar entre 1789 y 2016, el 94 % han sido aceptados.

¿Por qué los chilenos dijeron “No“?

El proceso de reforma constitucional, iniciado en 2019, se detuvo ante la negativa en las urnas, que sorprendió al Gobierno nacional. Ahora bien, ¿por qué el pueblo chileno rechazó la modificación de la Constitución, cuando la Carta Magna vigente privilegia el derecho a la propiedad privada, niega el derecho de la ciudadanía a necesidades básicas, como la salud pública o la educación y mantiene el régimen jubilatorio privado?

Existen amplias razones por las que se explica la negativa de la sociedad chilena a una nueva Constitución, incluso a pesar del apoyo inicial al referéndum celebrado en 2021. Sería imprudente decir que la constitución sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet representa los intereses actuales de la sociedad, sobre todo si se considera que, desde su sanción, ha sido refrendada 60 veces.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la propuesta de reforma fue elevada durante la presidencia de Sebastián Piñera, su reforma parece más bien el intento de salida democrática que tuvo el expresidente para ponerle fin a la ola de violencia generada en las revueltas de octubre y diciembre de 2019, a raíz del malestar que provocaron en la sociedad chilena las restricciones de derechos que imponía la constitución de 1980. La falta de salud pública de calidad, los altos préstamos para acceder a educación universitaria, el sistema previsional privado, entre otros, fueron detonantes de estas protestas y están relacionados con el poco margen de acción que da la Constitución para reformarlos a través del Parlamento.

Un cambio en la composición del voto

Uno de los factores que pueden llegar a explicar la negativa de cambio tiene que ver con el proceso de diseño de la nueva Constitución. En primer lugar, el referéndum que debatía la creación de una Constituyente, que obtuvo el 80 % de los votos por el “Sí”, estuvo caracterizado por la participación activa del segmento más joven de los chilenos, que también manifestaron su intención de voto a Gabriel Boric, quien utilizó la reforma constitucional como uno de los pilares de su campaña electoral. En cambio, en el plebiscito que terminó por sepultar la reforma de la Constitución, el segmento de adultos mayores fue el que predominó. Por otra parte, las primeras elecciones, las que habilitaron la reforma en 2021, se dieron en el marco de la pandemia de COVID-19, con fuertes impedimentos para ir a los comicios. De hecho, se registró solamente un 43 % de participación en 2021, contra un 85 % en 2022.

Por otro lado, si bien la Convención Constitucional reflejaba el interés de que todo el pueblo estuviera representado, en tanto se buscó asegurar la igualdad de género, hay algunas aclaraciones por hacer. Teniendo en cuenta la presencia de grupos que representaran a la población indígena –que constituye un 9 % de la población chilena–, sumado a que dos tercios de los 155 miembros electos no eran parte de los partidos del mainstream chileno, esta misma representación puede haberse convertido en uno de los factores de su fracaso, por la diversidad de voces al momento de la toma de decisiones y las varias anomalías que se presentaron a lo largo de la formulación de la nueva Carta Magna. El resultado inmediato fue una pérdida de confianza sobre el proceso.

En lo que concierne al texto de la nueva norma, en el caso de ser aprobada sería una de las más extensas, con 388 artículos en los que se reconocían 100 derechos, más que en cualquier otra constitución. El planteamiento principal al respecto fue su funcionalidad, dada la cantidad de artículos y la interpretación que, al respecto, se puede hacer de estos. Sin embargo, el cambio más radical que planteaba el nuevo texto giraba en torno a la propiedad privada, ya que confería derechos de propiedad a los pueblos mapuches y proponía la eliminación del Senado, medida que, según algunas estimaciones, llevaría al aumento del gasto público en un 14 %.

Boric, obligado a pegar un volantazo

Por último, si bien el presidente Gabriel Boric se plantó como un férreo detractor de la represión militar de los mapuches, el viraje en su política respecto a los conflictos en el sur de Chile puede haber inclinado la balanza en el plebiscito como claro mensaje de desaprobación a su gestión. Cabe recordar que, el pasado mayo, Boric ordenó la militarización de la zona donde las comunidades reclaman tierras como parte de una reivindicación ancestral, decretando un estado de excepción “acotado” que, en la práctica, implica la autorización para que militares custodien rutas y carreteras en la región de La Araucanía y en las vecinas provincias de Arauco y Biobío.

La contundente negativa a la reforma trajo consecuencias directas sobre el Gobierno de Boric, debilitando fuertemente su imagen, que pasó de un 56 % de aceptación al momento de asumir su mandato a un 20 % tras el plebiscito constitucional. Asimismo, junto con la pérdida de legitimidad de su Gobierno, también se fue la confianza sobre la Constitución por parte del electorado chileno, que parece haber cambiado sus prioridades entre 2019 y 2022 hacia temas como la inflación, la seguridad y el delito. Esto llevó a que el presidente hiciera un cambio en su gabinete. Reemplazó a cinco ministros y cambió de posición a uno de ellos. Como consecuencia, perdió a dos de sus ministros de confianza, la ministra del interior y el secretario de la presidencia. También fue reflejo de una actitud más conciliadora que busca tener el Gobierno para poder gobernar.

¿Un nuevo rumbo para el gobierno?

Si bien todavía no se sabe cuál será el rumbo de esta reforma, el presidente Boric, en su primer discurso en la sesión inaugural de la 77.a edición de la Asamblea General de Naciones Unidas, dedicó gran parte de su tiempo para hablar de esta temática señalando la necesidad de conciliar y buscar “nuevas fórmulas para construir ese encuentro entre todos los chilenos y chilenas” y recalcando la vía democrática como única opción para enfrentar los desafíos actuales. De esta manera, el presidente estuvo concentrado en mantener un discurso de unidad, frente al sacudón que generó el incumplimiento de un fuerte de su campaña. El país vecino tiene un alto índice de apego a la democracia, del 60 %, contra el 49 % de la región, según el Latinobarómetro. Por lo tanto, la confianza en las instituciones y procesos democráticos puede ser un camino de reforma, frente a la desconfianza que vive el continente en la actualidad.

Tras el revés del plebiscito, si bien el presidente Boric hizo un llamamiento a la unidad de las distintas fuerzas políticas chilenas para concretar el cambio de la Constitución, el futuro de la reforma de la Carta Magna aún es incierto y, aunque desde la derecha política chilena, que tiene la mitad del Senado y más de 40 % de los diputados, se han dado señales de apertura –siempre que la nueva Constitución incorpore demandas, como la consagración de un Estado democrático de derecho– resulta poco claro si se llegará a un acuerdo y la manera en que se planteará la nueva reforma. La clave estará en las coaliciones que logre generar el gobierno de Gabriel Boric y, sobre todo, en la estrategia de la dirigencia política chilena para mantener el interés de la ciudadanía, que ya lleva casi tres años en un contexto de discusión política y espera definiciones contundentes que le permitan avanzar. El meollo de la cuestión reside en si insistir por una nueva Constitución traerá mayor fortaleza y gobernabilidad o afectará la ya debilitada posición gubernamental.

Mariana Cóvolo es licenciada en Relaciones Internacionales y directora de carrera de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Congreso. Es, además, directora del Centro de Investigación Orientado a la Práctica y miembro de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior (REDAPPE).

Clara Ralo Venditti es estudiante avanzada de Relaciones Internacionales y Gobernanza Global, de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Congreso, y miembro del Centro de Investigación Orientado a la Práctica.

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