Beyoncé, Justin Timberlake y Britney Spears en el centro de una batalla legal por mil millones de dólares

Abogados de la industria del entretenimiento y de los proveedores de servicios de internet se enfrentaron en la Corte Suprema en un caso sobre música pirateada que podría tener un gran impacto en la forma en que millones de estadounidenses usan internet.

Los jueces parecían escépticos ante el argumento presentado por Cox Communications de que las empresas de internet son simplemente participantes pasivos y en gran medida están libres de responsabilidad cuando sus clientes violan las normas de derechos de autor. Pero también hicieron preguntas difíciles dirigidas a los argumentos de Sony Entertainment de que los proveedores de internet tienen el deber de desconectar a los usuarios sospechosos de piratear y compartir archivos musicales.

Algunos jueces expresaron su preocupación de que tal norma obligaría a los proveedores de internet a cortar el servicio a instituciones enteras —como hospitales y universidades— cuando un solo usuario aprovechara la red para compartir archivos ilegalmente. “Realmente no veo cómo funciona su posición en ese contexto”, le dijo el juez Samuel A. Alito Jr. al abogado de Sony.

Lo que está en juego es el futuro de un caso que resultó en un veredicto de 1.000 millones de dólares, que un jurado de Virginia otorgó tras considerar a Cox responsable de las violaciones de más de 10.000 derechos de autor propiedad de Sony Music Entertainment, Capitol Records y decenas de otros sellos discográficos. Canciones de Beyoncé, Justin Timberlake y Britney Spears estaban entre las obras pirateadas.

Sony y decenas de otras compañías discográficas han acusado a Cox de permitir deliberadamente el intercambio de música pirateada a través de sus servicios y de no tomar las medidas adecuadas para eliminar a los infractores. Quieren que los proveedores de internet sean considerados responsables cuando los usuarios distribuyen archivos musicales ilegales en la red.

Cox, que presta servicio a más de 6 millones de clientes en todo el país, argumenta que hacer responsables a los proveedores de internet por las canciones pirateadas los expondría a una avalancha de demandas. Se verían obligados a desactivar a grandes cantidades de usuarios de internet basándose solo en acusaciones sobre personas que intercambian material pirateado, dicen los abogados.

Quién gane ese argumento podría tener grandes implicaciones para los consumidores y para la forma en que se regula internet, según expertos legales.

Las compañías discográficas y otros titulares de derechos de autor suelen notificar a los proveedores de servicios de internet sobre el supuesto intercambio ilegal de archivos enviando avisos de infracción. Cox sostiene que esos avisos son solo acusaciones. Usarlos como motivo para cortar el servicio a una dirección IP sería irrazonable, dicen sus abogados. Imponer responsabilidad a los proveedores de internet los obligaría a desconectar conexiones en bibliotecas, hospitales y regiones enteras solo porque una persona en la dirección IP ha sido acusada de infringir derechos de autor, argumentan.

Josh Rosenkranz, abogado de Cox, dijo durante los alegatos que convertir a los proveedores de internet en la policía del comportamiento delictivo en la red “causaría estragos” en grandes cantidades de usuarios inocentes. “Las consecuencias de la posición de los demandantes son catastróficas”, dijo. “No hay una forma infalible para que un proveedor de servicios de internet evite la responsabilidad, y la única manera es cortar el internet, no solo para el presunto infractor, sino para cualquiera que use la misma conexión”. Defensores de la libertad de expresión coinciden en que ampliar la responsabilidad podría llevar a una regulación excesiva de internet, lo que podría aislar a los usuarios de la información.

En el caso actual, la Corte de Apelaciones del 4º Circuito de Estados Unidos anuló el veredicto de 1.000 millones de dólares contra Cox, pero determinó que la empresa sabía de la actividad ilegal y contribuyó a ella al no desconectar a esos clientes. El tribunal de apelaciones devolvió el caso a un tribunal de primera instancia para reconsiderar cuánto debería pagar Cox.

Cox quiere que la Corte Suprema revoque esa decisión y declare que no es responsable. El lunes, algunos jueces se mostraron escépticos ante ese argumento, señalando las acusaciones durante el juicio. “No hicieron nada”, dijo la jueza Sonia Sotomayor, señalando las acusaciones de Sony de que Cox permitió a los usuarios intercambiar archivos musicales ilegales en sus líneas de internet sin consecuencias.

Rosenkranz, el abogado de Cox, negó que la empresa no hubiera hecho nada y que tomó medidas para disuadir a los infractores, dijo. Ha enviado cientos de advertencias al día a los usuarios de internet que sospecha de infringir derechos de autor, señaló. “Eso no es nada, su señoría”, dijo Rosenkranz.

Legalmente, el caso gira en torno a lo que los tribunales llaman “responsabilidad secundaria”: hasta qué punto una persona o empresa es responsable de facilitar la mala conducta de otra.

A medida que internet se ha expandido, la Corte Suprema ha intervenido de manera más amplia sobre cuánto responsabilizar a las empresas de internet por el contenido en la red. En 2005, por ejemplo, un tribunal unánime determinó que las empresas de intercambio de archivos Grokster y StreamCast tenían responsabilidad secundaria porque sus productos alentaban a los usuarios a intercambiar archivos ilegales. En 2023, en cambio, un tribunal unánime dictaminó que Google, Twitter y Facebook no eran responsables de ayudar en ataques terroristas, aunque sus algoritmos dirigieran a los usuarios a contenido producido por ISIS.

Los jueces preguntaron al abogado de Sony, Paul Clement, qué pasaría con los titulares de derechos de autor si la empresa perdiera el caso. “Nos quedaríamos sin… recursos”, dijo Clement. Sin ninguna responsabilidad, “Cox podría tomar decenas de miles de avisos de derechos de autor y tirarlos a la basura”, añadió.

Fuente: The Washington Post