Cuba alcanzó un récord de 1.353 presos políticos, con menores procesados y enfermos sin atención médica

Cuba batió en octubre su propio récord histórico de presos políticos, con 39 nuevos casos incorporados en un solo mes que elevan la lista total a 1.353 personas privadas de libertad por razones ideológicas, según el informe mensual de Prisoners Defenders publicado este jueves.

Entre los nuevos casos figuran menores de edad procesados por sedición, una familia entera sometida a proceso penal y decenas de presos gravemente enfermos a quienes el régimen niega atención médica.

“Cuba vuelve a batir su propio récord de represión en octubre. Son cifras que transgreden la sensibilidad de aquellos que monitoreamos la represión en Cuba, pero que deberían avergonzar a una comunidad internacional que, salvo excepciones, no está alzando, como la situación amerita, la voz por el pueblo de Cuba”, dijo en diálogo con Infobae Javier Larrondo, presidente de la ONG.

Dos de cada tres casos nuevos derivan de actos de expresión política

Las 39 incorporaciones de octubre obedecen a cinco patrones identificados por la organización: criminalización de protestas colectivas mediante delitos de extrema gravedad, persecución penal de la expresión individual, extensión de la represión a familias y menores, uso generalizado de la prisión provisional sin tutela judicial y vulnerabilidad sanitaria extrema de los presos.

Veintiséis de los 39 nuevos casos —el 66,7%— están directamente vinculados, bajo criterio estricto, a carteles, consignas, grafitis, propaganda u otras formas de expresión política. Es decir, dos de cada tres nuevas incorporaciones tienen origen en hechos relacionados con la manifestación de opiniones contrarias al gobierno.

Del total documentado en octubre, 26 personas permanecen físicamente entre rejas —18 en prisión provisional y ocho cumpliendo penas— mientras otras 10 están sometidas a medidas como reclusión domiciliaria o fianzas abusivas, todas impuestas por autoridad policial o fiscal, sin intervención judicial alguna.

En los últimos 12 meses, Prisoners Defenders documentó 346 nuevas incorporaciones a su lista, una media de 29 al mes. Desde julio de 2021 -fecha de las masivas manifestaciones conocidas como 11J- hasta finales de octubre, Cuba acumuló 2.256 presos políticos en apenas cinco años y cuatro meses.

Morón: seis menores procesados por sedición con penas de hasta 13 años

Uno de los focos centrales del informe es la localidad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, donde 18 personas están siendo procesadas por “sedición” tras las protestas del pasado 13 de marzo. Seis de ellas eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. Las peticiones fiscales oscilan entre cinco y 13 años de prisión, y en ninguno de los 18 casos ha intervenido un juez para examinar la acusación.

La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila rechazó incluso la tramitación del hábeas corpus presentado a favor de uno de los acusados, Jonathan David Muir Burgos, sin entrar a examinar el fondo.

Dos de los seis menores generan especial alarma. Jailer Israel Valero Luis tenía 17 años cuando participó en las protestas. El propio escrito acusatorio recoge un peritaje psiquiátrico que describe patología orgánica cerebral, alteración del control de impulsos e inmadurez psicológica. Pese a ello, la Fiscalía solicita siete años de privación de libertad por sedición. Pedro Luis Figuera Díaz tenía 16 años. El informe pericial oficial señala un déficit mental moderado de base orgánica cerebral y concluye que tenía “sustancialmente disminuida su capacidad para comprender el alcance de sus acciones y dirigir su conducta”. La petición fiscal es de cinco años.

“¿Qué clase de Estado responde a la protesta de adolescentes vulnerables con acusaciones de sedición y peticiones de años de privación de libertad?”, planteó Larrondo en conversación con este medio. “Lo que está ocurriendo con los menores de edad en Cuba es sencillamente intolerable”, añadió.

Entre los adultos de la causa de Morón figura Carlos Alejandro Carballeira Delgado, trabajador por cuenta propia detenido el 1° de julio, actualmente en prisión provisional. La Fiscalía le solicita 12 años por “sedición” por haber recorrido la localidad junto a su esposa, Madiam Estela Castellanos Darias, también procesada con la misma petición fiscal, por invitar a otras personas a sumarse a la protesta y expresar críticas al régimen.

Una familia entera en proceso penal por una consigna desde la azotea

En Sancti Spíritus, el caso de la familia Echevarría ilustra otra de las dimensiones de la represión documentada el mes pasado. Óscar Echevarría Rubio y su esposa Cleidys García fueron detenidos el 10 de octubre después de que Óscar gritara consignas contra la dictadura desde la azotea de su vivienda. Ambos fueron trasladados a la cárcel Nieves Morejón, donde permanecen en prisión provisional.

La actuación represiva alcanzó también a su hija, Aitana Echevarría Rivero, de 18 años y madre de una niña de aproximadamente un año de edad. El 22 de octubre quedó sometida a reclusión domiciliaria relacionada con su participación en la protesta. Los tres integran un mismo procedimiento penal sin que haya existido pronunciamiento judicial alguno.

“La represión no respeta a las familias. Toda una familia sometida a un procedimiento penal por expresar su disconformidad con el gobierno”, describió Larrondo.

El pastor infartado, el hombre con una grave enfermedad y el activista que volvió a prisión

Entre los nuevos casos por persecución de la expresión política se destaca el del pastor pentecostal y pintor Ariel Limias Leyva, detenido el 2 de octubre tras una protesta individual y pacífica en las escalinatas del Capitolio de La Habana, donde mostró carteles contra la dictadura y a favor de la libertad. Fue trasladado al Centro de Torturas de Villa Marista y acusado de “propaganda contra el orden constitucional”. Su situación presenta una vulnerabilidad sanitaria particular: sufrió un infarto en enero de 2026 y requiere tratamiento cardíaco constante, que solo recibe con el esfuerzo económico de su familia.

Por su parte, Daniel Rodríguez Rodríguez, trabajador por cuenta propia, fue detenido tras fotografiar consignas críticas para difundirlas en redes sociales. Pasó por el mismo centro de detención antes de ser trasladado al Combinado del Este. Padecía previamente enfisema pulmonar y tenía detectado un tumor en un pulmón. En octubre denunció que el encarcelamiento interrumpió la atención médica que tenía programada.

“No solo está condenado a morir, sino a sufrir además una muerte lenta y agónica, como ya han sufrido más de 10 presos políticos en los últimos cinco años”, dijo Larrondo sobre este caso.

En tanto, Julián Manuel Mazola Beltrán, que ya había cumplido condena fuera de prisión, fue detenido nuevamente el 9 de octubre en San Antonio de los Baños tras acudir a una citación de la Seguridad del Estado. Las autoridades registraron su vivienda, le confiscaron el teléfono móvil y le abrieron un nuevo proceso por propaganda contra el orden constitucional. Mazola es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde junio de 2024.

464 presos políticos enfermos y 236 con desnutrición forzosa

La situación sanitaria en las cárceles cubanas constituye otra dimensión crítica del informe. Al cierre de octubre, Prisoners Defenders documentó 464 presos políticos con enfermedades graves que no reciben tratamiento adecuado. La afectación más extendida es la desnutrición forzosa, que alcanza a 236 personas. Se registran además 80 casos de hipertensión arterial sin medicación, 39 de asma y 24 de diabetes, entre otras dolencias que conviven con la privación de alimento. La mayoría de los presos acumulan varias patologías simultáneas.

Otros 54 presos políticos presentan enfermedades o afectaciones mentales o psicológicas y permanecen encarcelados sin recibir atención psiquiátrica, psicológica ni farmacológica. La mayoría sufre además maltratos y torturas físicas y psicológicas, lo que agrava sus condiciones y eleva el riesgo de conductas suicidas.

“Hablamos de personas enfermas, debilitadas, sometidas a condiciones que pueden agravar sus patologías y que ponen en peligro sus vidas. Ya son muchas las muertes de presos políticos que dan su último aliento mientras el mundo no hace nada real y práctico para sacarles de ese infierno”, afirmó Larrondo.

“Terrorismo de Estado”

De los 1.353 prisioneros políticos registrados al cierre de octubre, 43 fueron detenidos siendo menores de edad —41 varones y 2 mujeres—. 210 manifestantes han sido condenados por “sedición” con una pena promedio de 10,1 años de prisión. 158 mujeres sufren actualmente autos fiscales, medidas cautelares o condenas políticas. La clasificación de Prisoners Defenders divide el total en 798 Convictos de Conciencia, 502 Condenados de Conciencia y 53 Otros Presos Políticos.

Larrondo fue categórico en su caracterización del sistema: “Cuba no está viviendo episodios aislados de represión. Está viviendo un sistema de represión permanente que debe llamarse por su nombre: terrorismo de Estado. La comunidad internacional no puede normalizar que se procese a niños por sedición, que se persiga a familias enteras o que personas gravemente enfermas sean abandonadas a su muerte en prisión cuando además entraron siendo inocentes”.

En los últimos 12 meses, el número de nuevos presos políticos en Cuba equivale a casi cinco veces el total de detenidos durante la llamada Primavera Negra, el período de represión de 2003 que motivó una amplia condena internacional. Para el presidente de Prisoners Defenders, el silencio actual de la comunidad internacional “tiene consecuencias irreparables”.

“Los cubanos necesitan algo más que declaraciones de cierta preocupación en despachos opacos de los que nunca ha surgido solución alguna en 67 años”, concluyó.