Cuba cerró septiembre con un récord de 1.351 presos políticos: “El hecho de pedir agua y electricidad puede llevarte a prisión”

Cuba cerró septiembre con 1.351 presos políticos, una cifra récord para la organización Prisoners Defenders, que incorporó 50 casos nuevos a su listado mensual y registró 38 bajas, en su mayoría por cumplimiento de condenas. El informe, elaborado con datos hasta el 30 de septiembre, advirtió sobre el encarcelamiento de manifestantes, activistas, periodistas, líderes religiosos y menores de edad.

“El hecho de pedir agua y electricidad puede llevarte a prisión. Denunciar los abusos del Gobierno puede destruir tu vida y la de tu familia. Incluso convocar una oración pública puede llevarte a la cárcel”, afirmó Javier Larrondo, presidente de la ONG, en diálogo con Infobae.

La entidad registró 318 nuevos presos políticos en los últimos 12 meses, entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. El promedio fue de 26,5 incorporaciones mensuales.

Desde julio de 2021, fecha en que se realizaron las masivas protestas contra el régimen conocidas como 11J, la organización contabilizó 2.217 personas que pasaron por cárceles cubanas por razones políticas.

El listado actual incluye 802 convictos de conciencia, 496 condenados de conciencia y 53 otros presos políticos, de acuerdo con la clasificación de Prisoners Defenders. Entre ellos hay 152 mujeres y 40 personas que eran menores de edad en el momento de su detención.

El caso del pastor Maikel Pupo Velázquez

El informe sitúa entre los casos más recientes el del pastor evangélico Maikel Pupo Velázquez, líder del Ministerio Palabra de Fuego Bendición Sagrada, de Camagüey, y miembro de la Alianza de Cristianos de Cuba.

Pupo fue detenido el 26 de septiembre después de convocar a varias iglesias a una oración pública por Cuba. Según Prisoners Defenders, las autoridades le advirtieron que no realizara la actividad. El religioso pidió a los fieles que no acudieran y se presentó solo en el lugar previsto, donde fue arrestado.

Permanece en prisión provisional en el penal Cerámica Roja, en Camagüey. La organización Christian Solidarity Worldwide informó el 9 de octubre que fue acusado de desobediencia y que pasó nueve días incomunicado antes de su traslado a prisión.

“Convocó a varias iglesias para rezar por Cuba. Ante las amenazas policiales pidió a los fieles que no acudieran y acudió solo. Lo detuvieron”, describió Larrondo a este medio.

El reporte también consignó hechos posteriores al cierre estadístico de septiembre. El 1 de octubre, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este condenó a dos años de privación de libertad, con una sanción subsidiada por limitación de libertad, a la creadora de contenido cristiana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como “Anna Bensi”, y a su madre, Caridad Silvente Laffita.

El proceso se originó por la publicación de un video grabado en el domicilio de Caridad Silvente, en el que aparecía un agente vestido de civil que le entregaba una citación. Ambas ya cumplían medidas cautelares domiciliarias, según la documentación recopilada por Prisoners Defenders.

Protestar por los apagones y la falta de agua

La organización señaló que las manifestaciones por los cortes eléctricos, la escasez de agua y el deterioro de las condiciones de vida continuaron con detenciones y procesos penales.

Entre las nuevas incorporaciones figura Yordenkis Fonseca, un menor diagnosticado con epilepsia, detenido a fines de julio en la comunidad Oriente Rebelde, en el municipio de Sibanicú, Camagüey. Su arresto ocurrió un día después de un cacerolazo pacífico que reclamaba agua potable, electricidad y mejoras en las condiciones de vida.

El informe sostiene que Fonseca fue llevado primero a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria y luego a Villa María Luisa, identificada como un centro de operaciones de la Seguridad del Estado. Según la organización, permanecía en prisión provisional al cierre del relevamiento y sufrió crisis epilépticas que requirieron traslados hospitalarios.

También permanecían detenidos Eleiner Torres Verdecia y Andrés Guillén Pedrosa, arrestados en marzo en Ciego de Ávila en el contexto de protestas por apagones, desabastecimiento y deterioro de las condiciones de vida. Prisoners Defenders afirmó que ambos seguían bajo prisión provisional meses después de sus detenciones.

Larrondo también se refirió a Leandro Cristian Palmero Guevara, detenido a los 17 años, para quien la Fiscalía pidió una pena de 12 años de prisión. “Ni siquiera le atribuye la Fiscalía un acto delictivo concreto consumado”, explicó.

De las 40 personas incluidas en la lista que eran menores al ser detenidas, 14 fueron condenadas por sedición. Prisoners Defenders registra en total 214 casos vinculados a ese delito: 138 personas continúan en prisión y 76 cumplen sanciones domiciliarias o trabajo forzoso sin internamiento.

La denuncia por la situación sanitaria en las cárceles

El informe también puso el foco en las condiciones de salud de los detenidos. 476 presos políticos con enfermedades permanecen encarcelados, según la ONG, que denunció una denegación parcial o total de atención médica y medicamentos. Otras 53 personas presentan afecciones psicológicas, psiquiátricas, cognitivas o neurológicas que, de acuerdo con el reporte, son incompatibles con el encarcelamiento.

Uno de los casos documentados es el de Roberto Ángel Piloto Rodríguez, preso desde 2021 e incorporado al listado de septiembre tras la verificación de su expediente. Prisoners Defenders le atribuye insuficiencia renal, inflamación de próstata y riñones, anemia y desnutrición, además de dificultades para acceder a medicamentos e insumos médicos.

“Seguimos documentando la desnutrición forzosa en prisión. Les dan de 250 a 350 kilocalorías al día. El ser humano necesita 2.000 para sobrevivir”, afirmó Larrondo. El presidente de la organización también denunció la falta de atención médica y el deterioro físico de presos cuyas familias reclaman alimentos, tratamientos y asistencia sanitaria.

El informe de Prisoners Defenders concluyó que la presión estatal alcanza a quienes protestan, informan, realizan actividades religiosas o acompañan a familiares de detenidos. La organización pidió la liberación de las personas privadas de libertad por ejercer derechos fundamentales y atención médica inmediata para los presos con enfermedades.