
Once personas murieron en hechos de violencia registrados en Cuba durante septiembre, mientras el país volvía a quedarse sin electricidad de manera total y la red de agua, salud y recolección de basura colapsaba en simultáneo.
Lo documentó el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), que contabilizó 663 protestas, denuncias y expresiones críticas en la isla durante el mes.
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La cifra se enmarca en un conteo histórico que acumuló 1,147 registros en septiembre, frente a 1,185 en agosto, según detalló el observatorio. El descenso convive, sin embargo, con un repunte paralelo de la violencia cotidiana que marcó el mes.
El 18 de septiembre, Cuba sufrió el octavo apagón nacional del año: una falla en una línea de transmisión de 220 kilovoltios entre Matanzas y Cienfuegos provocó la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional y dejó sin luz a más de nueve millones de personas, según informaron la agencia EFE y France 24.
El sistema tardó 32 horas en reconectarse, de acuerdo con la Unión Eléctrica estatal.
Nueve millones de personas sin luz y sin aviso
Detrás de esa cifra hay historias puntuales que documentó el OCC. La activista Lara Croft, cuyo nombre real es Yamilka Lafita, supo con horas de retraso de la muerte de su padre porque el apagón y la falta de cobertura telefónica la dejaron incomunicada. “Ni siquiera pude saber a tiempo que mi padre había muerto”, relató.
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En San Miguel del Padrón, en La Habana, una madre denunció 17 días sin corriente por un transformador sin reparar. “Mira cómo me tiene la Empresa Eléctrica: mis hijos durmiendo en la acera porque nada que resuelven el tema del transformador”, dijo, según recogió el observatorio.

La causa inmediata del apagón fue una avería en una línea de alta tensión entre Matanzas y Cienfuegos, pero el trasfondo es estructural: el país solo disponía de 990 megavatios en el pico nocturno, muy por debajo de la demanda, debido al deterioro de sus termoeléctricas y a la escasez crónica de combustible que France 24 vinculó a las restricciones petroleras impuestas por Estados Unidos desde enero.
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Nuevas averías en la termoeléctrica Antonio Guiteras agravaron el déficit de generación. La falta de electricidad y combustible golpeó también el bombeo de agua, la atención médica, las comunicaciones y la recolección de basura, de acuerdo con el registro del OCC.
En La Pastorita, en Marianao, los vecinos llevan sin agua desde enero y una de ellas pagó unos 60,000 pesos por una pipa privada. En el policlínico Julián Grimau, de Arroyo Naranjo, los cortes impidieron esterilizar material médico y realizar electrocardiogramas.
La inseguridad sigue subiendo
En contraste con la caída de las expresiones contestatarias, la inseguridad ciudadana aumentó un 18.64% en la serie histórica comparable del OCC: pasó de 177 registros en agosto a 210 en septiembre. Con la metodología aplicada al detalle mensual, el observatorio documentó 157 eventos de este tipo y contabilizó once muertes violentas durante el mes.
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Yusinay Capetillo Martínez, de 41 años, fue asesinada por su exyerno el 19 de septiembre en Santos Suárez, La Habana, durante un apagón; el agresor seguía prófugo según el último registro del OCC. En Ceballos, Ciego de Ávila, Didianny Barreto Palmero, de 34 años, fue asesinada por su expareja el 25 de septiembre y dejó huérfanas a dos niñas.
El deterioro alcanzó también a los más vulnerables. En el Hogar Materno de Santa Marta, en Cárdenas, ladrones robaron las baterías de los paneles solares con cinco embarazadas y una enfermera dentro del centro. En Santiago de Cuba, a un niño ingresado en el Hospital Infantil Sur le sustrajeron el ventilador que usaba.
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El robo de aceite dieléctrico de los transformadores, que se revende como sustituto del diésel, prolongó además la duración de los apagones en distintas zonas, según el OCC.
Represión contra activistas y periodistas
Las protestas presenciales mantuvieron la tendencia a la baja que ya se observaba en agosto: el observatorio documentó 26 en septiembre, frente a 33 el mes anterior y 72 en julio. El descontento, no obstante, siguió saliendo a la calle mediante cacerolazos nocturnos y cierres de vías, motivado principalmente por los apagones prolongados y la falta de agua.

En Fontanar, Boyeros, los vecinos bloquearon la avenida Rancho Boyeros el 4 y el 5 de septiembre. La policía respondió con golpes y el despliegue de alrededor de diez patrullas. Según testigos citados por el OCC, los agentes “los empujaron, golpearon y se llevaron al menos dos detenidos”. El veterinario Roberto Ponce Valdespino, detenido el día 5, permanece recluso en el Vivac.
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Según el conteo histórico comparable, los desafíos al Estado policial cayeron un 46.74%, de 291 registros en agosto a 155 en septiembre. En sentido contrario, los actos represivos subieron un 36%, de 100 a 136. Con la metodología aplicada al detalle del mes, estas dos categorías sumaron 97 y 91 eventos respectivamente.
El descenso de las expresiones de desafío no significó la desaparición de las acciones represivas contra quienes protestaron, ejercieron el periodismo independiente o manifestaron disenso en público. En Matanzas, la historiadora Alina Bárbara López Hernández, que cada día 18 sale sola a la calle para reclamar la libertad de los presos políticos, fue detenida el 18 de septiembre en medio del apagón nacional y liberada horas después.
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La policía política actuó también contra la prensa independiente. El 17 de septiembre mantuvo sitiados en sus viviendas a los periodistas Yoani Sánchez, Camila Acosta, Boris González Arenas, Yunia Figueroa y Frank Correa para impedirles asistir a un evento cultural de la Embajada de Estados Unidos.
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