Un informe del centro de estudios Expediente Abierto sobre crimen organizado en Centroamérica concluyó que el sicariato fue responsable del 70.6% de los homicidios registrados en Costa Rica durante 2025.
El documento describe esa violencia como un mecanismo de competencia comercial entre redes de narcotráfico. El país cerró 2025 con 870 homicidios, frente a 656 en 2022.
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Según Expediente Abierto, el sicariato ya no resuelve conflictos interpersonales. Resuelve disputas por rutas, puntos de venta, extorsiones y disciplina interna entre bandas.
El arranque de noviembre, el más violento del año
Los datos más recientes contrastan con ese diagnóstico de fondo. Las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con corte al 2 de noviembre, sitúan la cifra acumulada de 2026 en 706 homicidios, un 5.2% menos que en la misma fecha de 2025, cuando se contabilizaban 745, de acuerdo con un reporte publicado por Infobae.
Pese a esa baja interanual, el arranque de noviembre fue el más violento del año. Diez personas murieron en apenas dos días por balaceras en cuatro provincias: Puntarenas, Limón, Cartago y San José.
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Ese mismo balance, citado por Infobae, muestra un cambio en la geografía del delito. Limón superó por primera vez a San José, con 185 homicidios frente a 183, luego de que la provincia caribeña pasara de 150 a 185 casos en un año.
Los ajustes de cuentas entre bandas explicaron 477 de los homicidios registrados en 2026. Ocho de cada diez víctimas murieron por arma de fuego, con 567 de los 706 casos, y los jóvenes de 18 a 29 años concentraron la mayor cantidad de muertes, con 263 registros, siempre según el corte del OIJ.
Tres provincias concentran la disputa territorial
San José, Puntarenas y Limón reunieron más del 60% de los homicidios nacionales cada año entre 2022 y 2025, de acuerdo con el informe de Expediente Abierto.
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San José concentra la pelea por el narcomenudeo en zonas urbanas densamente pobladas, mientras Puntarenas y Limón funcionan como nodos de abastecimiento marítimo y salida internacional de droga.
En 2023 había cerca de mil búnkeres de venta de drogas solo en la capital. La Policía Municipal intervino 122 de esos puntos durante 2025, según el documento.
El centro de estudios advierte que estas redes ejercen una forma localizada de gobernanza criminal. Imponen reglas propias, administran la violencia y erosionan la autoridad estatal en zonas costeras, portuarias y urbano-marginales.
No se trata todavía de una disputa por el poder político nacional, sino de una cooptación gradual de instituciones y territorios, según Expediente Abierto.
La violencia alcanzó su punto más alto en 2023
La curva de homicidios muestra una meseta alta desde entonces. El pico se registró ese año con 905 homicidios, de acuerdo con datos judiciales recogidos por Reuters, agencia internacional de noticias.
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La cifra apenas cedió a 876 en 2024 y a 873 en 2025. Las autoridades atribuyeron la mayoría de esas muertes a disputas entre grupos criminales por rutas de narcotráfico y mercados locales, según la agencia.
Un informe reciente de la Unidad de Análisis Criminal, citado por InSight Crime, portal especializado en crimen organizado en América Latina, confirma esa lectura institucional: el OIJ atribuyó 742 de los 873 homicidios de 2025 a actividades de grupos de crimen organizado. En los últimos cinco años se acumularon 2.688 asesinatos vinculados a ese fenómeno en el país.
La respuesta oficial combina mano dura y construcción carcelaria
El gobierno de la presidenta Laura Fernández inauguró en octubre una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. La medida forma parte de su estrategia contra el crimen organizado.
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“Habíamos fracasado en desconectar al delincuente preso del mundo exterior”, explicó la mandataria al diario ABC, en referencia a los casos de personas privadas de libertad que seguían ordenando homicidios desde la cárcel.
Esa megacárcel ya superó los 600 reclusos, según un reporte de The Tico Times, portal informativo costarricense. Entre los internos hay personas vinculadas a crimen organizado, homicidios, femicidios y al asesinato de agentes de la Fuerza Pública y del OIJ.
Fernández se fijó como meta bajar la tasa de homicidios a un máximo de 15.3 casos por cada 100 mil habitantes hacia 2030. Eso implicaría pasar de los 873 asesinatos de 2025 a 799 ese año, según cifras recogidas por el diario La Tercera.
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La mandataria también pidió una menor demanda de drogas en Europa como vía para reducir la presión del narcotráfico sobre su país, de acuerdo con la misma entrevista.
Un “efecto hormiga” que resiste a las capturas
El informe de Expediente Abierto considera, sin embargo, que la política de seguridad vigente para el período 2023-2030 resulta sectorial y centrada en capturas e incautaciones.
Ese enfoque, advierte el documento, no logra desarmar redes descentralizadas que se recomponen tras la caída de sus líderes.
El centro de estudios describe ese patrón como “efecto hormiga”: las estructuras criminales se fragmentan, pero no desaparecen, y vuelven a ocupar el espacio territorial que dejan sus cabecillas capturados o abatidos.
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