El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en enero a dos hermanos costarricenses señalados como líderes de la mayor red de tráfico de cocaína del país.
Se trata de Luis Manuel Picado Grijalba, conocido como “Shock”, y de Jordie Kevin Picado Grijalba, alias “Noni”, acusados de dirigir una organización con bodegas repartidas en distintas provincias.
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Meses antes de esa sanción, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) había golpeado a esa misma estructura con la mayor operación antidrogas de su historia: 1,200 agentes y 64 allanamientos simultáneos.
El director de la institución, Randall Zúñiga, explicó en un comunicado que los traficantes, en su mayoría colombianos, transportaban la droga desde Turbo hasta Costa Rica para almacenarla y luego reexportarla hacia el norte y hacia Europa, según informó DW, cadena alemana de televisión pública.
El caso del llamado Cartel del Caribe Sur ilustra, según un informe sobre crimen organizado en el país centroamericano, un cambio de fondo: Costa Rica dejó de ser un simple corredor de paso para convertirse en plataforma de almacenamiento, reexportación y mercado propio de consumo.
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Entre 2018 y 2026, las autoridades incautaron 300,261 kilos de cocaína, un volumen equivalente a unos USD 10,000 millones en el mercado estadounidense y USD 9,000 millones en el europeo.
Las incautaciones apenas rozan la punta del problema
En 2025 se decomisaron 46,541 kilos de cocaína en territorio costarricense. El Ministerio de Seguridad calculó que esa cifra representó apenas el 10% de la droga que realmente circuló por el país ese año.
El propio informe sostiene que las organizaciones locales ya no tercerizan funciones ante los cárteles transnacionales: manejan de forma directa la logística, la distribución, el lavado de activos y el control de los mercados internos.
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El crimen organizado se multiplicó en una década
El número de grupos criminales activos en el país pasó de 35 a 340 en diez años, de acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado citado en el documento. Ese salto coincidió con el crecimiento de la producción mundial de cocaína, que subió de 1,982 toneladas en 2020 a 3,708 toneladas en 2023.
Costa Rica pasó de ser zona de tránsito a centro de acopio de cocaína por la combinación de tres factores: redes criminales locales más sofisticadas, el desvío de rutas internacionales por la presión policial en el Caribe desde 2021 y una respuesta estatal debilitada tras los recortes de seguridad de 2023.
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El consumo interno también creció en paralelo. Las personas atendidas por consumo de cocaína y crack pasaron de 2,509 en 2017 a 5,231 en 2022, un incremento del 108%. En ese mismo período ganaron terreno otras sustancias como la ketamina y la metanfetamina.
Los recortes de 2023 dejaron expuestos puertos y fronteras
El documento vincula la aceleración del fenómeno con decisiones que redujeron la capacidad de interdicción del Estado. En septiembre de 2023 la Policía de Control de Drogas fue retirada de fronteras, puertos y aeropuertos, aunque su presencia se restituyó después.
El Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Guardacostas abandonó en junio de ese año la bahía de Drake, una zona usada por traficantes marítimos que quedó expuesta durante tres años, según el informe.
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El ajuste alcanzó también al sistema judicial. El presupuesto del Poder Judicial para 2026 sufrió un recorte de más de ₡35.000 millones ( unos 77,315,000 USD), y el OIJ perdió $77.315.000 ( unos 170.788,84 USD) de su asignación. Las plazas de investigadores, fiscales y peritos figuran entre las más afectadas.
La ley sobre lavado de dinero quedó atrás de las redes
Costa Rica tiene desde 2023 una Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, pero el informe advierte que el marco legal pierde eficacia por limitaciones técnicas y presupuestarias.
La normativa vigente remite a una ley de 1994 que impide intervenir con eficacia comunicaciones encriptadas como WhatsApp.
La Fiscalía de Legitimación de Capitales contaba con apenas seis fiscales para 202 expedientes durante los primeros meses de 2026. A eso se suma que la Plataforma de Información Policial, creada en 2010 para integrar datos de seguridad, no opera en la actualidad, según el documento.
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La respuesta propuesta apunta al financiamiento de las redes
El informe plantea que la prioridad no debería ser multiplicar capturas aisladas, sino atacar al mismo tiempo el mando, la logística, el financiamiento y la protección institucional de cada organización. Entre sus recomendaciones figuran reforzar la jurisdicción especializada, formar peritos contables y actualizar las normas sobre mensajería cifrada y criptoactivos.
El documento también sugiere reactivar la coordinación de inteligencia entre instituciones y proteger el presupuesto judicial frente a futuros recortes. La regulación de criptoactivos aprobada en 2026 avanzó sobre los proveedores de servicios, pero dejó sin controles amplios a quienes operan por cuenta propia, según el informe.
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