La investigación sobre la Municipalidad de Santa Cruz abrió una nueva etapa luego de que la Fiscalía de Costa Rica analizara una posible organización criminal vinculada con permisos de construcción y concesiones en zonas costeras. El caso alcanza al alcalde Jorge Arturo Alfaro, a su hijo, a funcionarios municipales y a representantes de una empresa constructora.
La pesquisa se centra en presuntos beneficios indebidos obtenidos a través de trámites relacionados con la Zona Marítimo Terrestre, un área regulada por el Estado costarricense debido a su ubicación en la franja costera. Las autoridades buscan determinar si existieron contactos y gestiones irregulares para favorecer concesiones y permisos en terrenos de interés turístico y comercial.
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La Fiscalía Adjunta de Probidad de Santa Cruz investiga si una red integrada por funcionarios, empresarios y familiares del alcalde utilizó vínculos políticos, comerciales y societarios para influir en decisiones municipales, señala una publicación de CR Hoy.
¿A quién incluye la investigación?
Además de Jorge Arturo Alfaro, la causa incorpora a un asesor del alcalde, al jefe de Planificación Urbana y a dos inspectores de la Municipalidad de Santa Cruz. También figuran Sergio José Canales Solís y André Canales Cárcamo, representantes de Constructora Masorati S.A., así como Jorge Arturo Alfaro Molina, hijo del jefe comunal.
Según la hipótesis de la Fiscalía, la posición del alcalde dentro del gobierno local y las relaciones personales y comerciales de su hijo con los empresarios habrían permitido acercamientos con quienes resolvían trámites de permisos y concesiones. La investigación deberá establecer si esos contactos derivaron en decisiones administrativas irregulares.
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Uno de los vínculos bajo revisión corresponde a la sociedad Tamarindo Los Sueños Tres Marettimo S.A. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que Alfaro Molina presidía la junta directiva de esa compañía. Canales Solís aparecía como secretario y Canales Cárcamo ocupaba el cargo de tesorero.
Las concesiones en terrenos costeros forman parte de la pesquisa
La línea de investigación sostiene que los involucrados habrían utilizado sociedades mercantiles para obtener concesiones sobre terrenos ubicados en la costa. Luego, esas empresas podrían haber vendido sus acciones o cedido los derechos concedidos a terceros por sumas elevadas.
El expediente se inició a partir de una denuncia anónima sobre presuntas anomalías en expedientes tramitados ante el Departamento de Zona Marítimo Terrestre. El denunciante afirmó haber recibido archivos de audio en los que, supuestamente, el alcalde y su hijo hablaban sobre la obtención y comercialización de derechos relacionados con concesiones.
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La causa también recoge la declaración del auditor interno de la Municipalidad. El funcionario afirmó que recibió información anónima sobre la cercanía entre Alfaro Molina y representantes de una constructora. Además, mencionó un crecimiento patrimonial que consideró desproporcionado y el uso aparente de un vehículo vinculado con personas relacionadas con esas empresas.
La Fiscalía analiza varios posibles delitos
La Sección de Anticorrupción del OIJ concluyó de forma preliminar que había elementos que apuntaban a relaciones personales, comerciales y societarias entre el hijo del alcalde y los empresarios investigados. Esa valoración forma parte de una pesquisa en curso y no representa una declaración de responsabilidad penal.
La Fiscalía analiza posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho propio, cohecho impropio y enriquecimiento ilícito. La figura de organización criminal también integra la hipótesis del Ministerio Público, que deberá reunir pruebas para definir las responsabilidades de cada una de las personas investigadas.
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Como parte de las diligencias, el Ministerio Público realizó cuatro allanamientos en instalaciones de la Municipalidad de Santa Cruz, oficinas de una constructora y dos viviendas. Durante los operativos, las autoridades decomisaron dispositivos electrónicos y documentos que serán examinados dentro del expediente.
En medio de esta situación la Municipalidad señaló que colaborará con las autoridades judiciales y pidió que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia. El alcalde no respondió a las consultas del medio, mientras que su hijo indicó que no podía atender a los medios.
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