Tras una solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) de Costa Rica, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública suspendió de sus labores a una funcionaria del Poder Judicial, de apellido Esquivel, quien ocupaba de manera interina el puesto de Proveedora Judicial, como parte de una investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con contrataciones y manejo de recursos públicos.
La funcionaria es investigada por los posibles delitos de peculado, sobreprecio irregular y falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, según confirmó el Ministerio Público. El expediente se tramita bajo el número 25-000239-1218-PE.
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Como parte de las diligencias, las autoridades realizaron allanamientos en el Departamento de Proveeduría y en la Dirección de Tecnologías de Información (DTI), ambos pertenecientes al Poder Judicial, con el objetivo de recopilar documentación y evidencia que permita ampliar la investigación.
La Fiscalía también mantiene bajo investigación a un contratista privado de apellido Fallas, identificado como el proveedor que presuntamente habría resultado beneficiado con algunas de las contrataciones cuestionadas. Sin embargo, el hombre no fue detenido durante el operativo.
Según la información suministrada por la FAPTA, la causa analiza al menos dos modalidades mediante las cuales se habrían producido las presuntas irregularidades.
La primera está relacionada con la adquisición de bienes, obras y mantenimientos mobiliarios, en los que se investigan aparentes precios superiores a los correspondientes y eventuales inconsistencias en los procesos de contratación.
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La segunda línea de investigación apunta a la eventual sustracción directa de fondos públicos por medio de anticipos ficticios de caja chica, mecanismo que habría permitido girar recursos para supuestos gastos que ahora son examinados por las autoridades.
Auditorías alertaron sobre las irregularidades
El fiscal adjunto Miguel Ramírez explicó que el caso surgió a partir de información reciente y del trabajo realizado por las auditorías institucionales, cuyos hallazgos permitieron avanzar en las pesquisas.
Ramírez aseguró que se trata de una investigación que se ha desarrollado con rapidez y señaló que las auditorías tuvieron un papel relevante en la detección de las posibles anomalías.
“Esa es una denuncia muy reciente, es una denuncia del año anterior y parte de este año, donde las auditorías han realizado un aporte importantísimo en la investigación”, manifestó.
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Según el fiscal, los hallazgos provocaron una reacción inmediata por parte de la FAPTA con el propósito de evitar que los hechos investigados pudieran continuar.
El funcionario explicó además que los allanamientos realizados en la Proveeduría y en la DTI tienen como finalidad encontrar información adicional que complemente las diligencias efectuadas previamente y los elementos obtenidos a partir de las auditorías.
“Tratamos de buscar una serie de información que alimente de alguna manera ya el trabajo hecho en las investigaciones anteriores y la auditoría en general”, indicó Ramírez.
Fiscalía destaca controles internos
El fiscal adjunto sostuvo que la actuación forma parte de las investigaciones que el Ministerio Público desarrolla independientemente de la institución o del cargo ocupado por las personas señaladas.
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“El Ministerio Público, bajo la objetividad que reviste, acarrea un seguimiento a cualquier figura que se trate de funcionarios públicos y funcionarios judiciales”, afirmó.
Ramírez mencionó que anteriormente han existido investigaciones relacionadas con jueces, fiscales y oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y señaló que las pesquisas actuales alcanzan ahora el ámbito de la Proveeduría Judicial.
El representante del Ministerio Público destacó, además, la existencia de mecanismos internos dentro del Poder Judicial que permiten detectar situaciones sospechosas y trasladarlas a las autoridades competentes.
“Dentro del Poder Judicial encontramos alarmas institucionales, situaciones que nos determinan actos de corrupción e inmediatamente se ponen en conocimiento del Ministerio Público”, sostuvo.
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El fiscal afirmó que esos controles permiten investigar posibles irregularidades incluso dentro de la propia estructura judicial.
“Hoy podemos decir que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen las alarmas necesarias para poder dar seguimiento a la corrupción interna”, agregó.
Tras su detención, Esquivel, fue cesada de su puesto de trabajo, deberá firmar una vez al mes, no podrá salir del país, ni comunicarse con testigos por un periodo mínimo de seis meses.
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