
La Asamblea Legislativa de Costa Rica activó formalmente el procedimiento interno contra el diputado oficialista Fernando Obaldía, luego de las denuncias presentadas en su contra por presunto acoso sexual y laboral, lo que abre una investigación paralela a las diligencias que ya se encuentran en manos de la Fiscalía General de la República.
La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, confirmó que el Directorio Legislativo dio curso al caso el miércoles 9 de septiembre, de conformidad con el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas.
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“Ya hemos iniciado el protocolo. Es un tema confidencial, entonces no me voy a referir al respecto”, afirmó Jiménez durante una sesión del Plenario Legislativo, luego de que la diputada socialcristiana Abril Gordienko solicitara activar los mecanismos correspondientes y evitar eventuales represalias o procesos de revictimización.
La apertura del procedimiento implica que el caso deberá pasar ahora a una comisión investigadora, cuya integración será sometida a votación del Plenario.
La normativa establece que ese órgano puede estar compuesto por tres o cinco diputados y tendrá a su cargo la instrucción del procedimiento hasta emitir un informe con sus respectivas recomendaciones.
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El proceso deberá desarrollarse bajo confidencialidad, tanto para proteger a quienes presentaron las denuncias como para resguardar las garantías del diputado investigado.
De acuerdo con el reglamento, la investigación interna pretende garantizar el derecho a denunciar y desarrollar las diligencias bajo las reglas del debido proceso. En caso de determinarse responsabilidad por hostigamiento sexual, la normativa contempla una amonestación ética pública al legislador.

Una comisión deberá investigar el caso
La activación del protocolo establece una hoja de ruta inmediata dentro del Congreso.
Después de que el Directorio conociera la denuncia el miércoles 9 de septiembre, la Presidencia legislativa deberá incorporar una moción para conformar la comisión investigadora dentro del plazo previsto en el reglamento.
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Según la información publicada sobre el procedimiento, esa moción deberá llegar al Plenario, a más tardar, el lunes 14 de septiembre.
Antes de su conformación, el Directorio deberá consultar a las distintas fracciones legislativas cuáles tienen interés en formar parte del órgano.
Una vez constituida, la comisión dispondrá de un plazo máximo de dos meses para completar la investigación y rendir el informe correspondiente, período que puede ampliarse una única vez por 15 días naturales adicionales.
Posteriormente, sus conclusiones deberán ser conocidas por el Plenario, que será el encargado de determinar si procede o no una sanción contra el legislador.
El reglamento fue aprobado por el Congreso en 2021, con el objetivo de llenar un vacío existente respecto al tratamiento de denuncias por hostigamiento sexual contra diputados. En ese momento, la Asamblea señaló que la normativa buscaba establecer un procedimiento específico para investigar a legisladores y eventualmente aplicarles sanciones.
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Obaldía sería el segundo diputado sometido a este procedimiento desde su creación. El antecedente corresponde al exlegislador Fabricio Alvarado, quien fue investigado durante el período legislativo anterior tras una denuncia presentada por quien entonces se desempeñaba como asesora de Nueva República.

Investigación paralela en la Fiscalía
El procedimiento interno ocurre mientras Fernando Obaldía, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), enfrenta además denuncias ante el Ministerio Público.
Una asesora de su propio despacho acudió a la Fiscalía para denunciar hechos que se investigan como un presunto delito de acoso predatorio, mientras que también se han presentado denuncias relacionadas con supuesto acoso laboral.
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El Ministerio Público confirmó además la recepción de una segunda denuncia por presunto acoso predatorio contra el legislador e indicó que el caso se encontraba en estudio para determinar las actuaciones correspondientes.
La situación ha provocado cuestionamientos dentro del Congreso y llamados de diputadas de oposición para que Obaldía renuncie voluntariamente a su inmunidad parlamentaria y pueda enfrentar las diligencias judiciales sin esa protección constitucional.
Hasta ahora, el Pueblo Soberano no ha anunciado públicamente que vaya a solicitar al diputado renunciar a su fuero.
La misma denuncia laboral atribuye a Obaldía una serie de 14 hechos, entre ellos presuntas descalificaciones, mensajes enviados fuera del horario habitual de trabajo y el supuesto uso de cámaras de seguridad legislativas para conocer los movimientos de funcionarias, según documentación citada por medios costarricenses.
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Por ahora, el procedimiento legislativo apenas entra en su primera etapa y sus detalles permanecerán bajo reserva.
Con la activación del protocolo, el siguiente momento clave será la integración de la comisión que tendrá a su cargo investigar los hechos y determinar si existe mérito para recomendar una sanción al diputado Fernando Obaldía.
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