Autoridades indígenas advierten que bloquearán los accesos al aeropuerto de Guatemala ante alza de gasolina

Las autoridades indígenas de Sololá y los 48 Cantones de Totonicapán exigieron al Congreso una respuesta frente al aumento de los combustibles y plantearon que, si no se aprueba una medida, bloquearán los ingresos al Aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala.

El reclamo surgió durante una reunión con jefes de bloque del Congreso de la República, a la que también asistieron representantes de sectores que demandan acciones para reducir el impacto de los precios de los carburantes.

Las alcaldías indígenas de Sololá indicaron que la población acordó en un cabildo abierto no bloquear carreteras. Pese a esa decisión, las autoridades advirtieron que preparan otras medidas de presión porque consideran insuficiente la respuesta institucional ante el incremento de las gasolinas y el diésel.

El planteamiento consiste en trasladar la protesta a la zona 13 de la Ciudad de Guatemala y cerrar los accesos al aeropuerto. Los dirigentes indicaron que la acción no la consideran una amenaza, sino una decisión ya tomada junto con otros sectores.

Las autoridades indígenas afirmaron que el reclamo apunta a los sectores económicos que utilizan con mayor frecuencia los vuelos internacionales. Bajo ese argumento, señalaron que las familias de escasos recursos no cuentan con visa para viajar a Estados Unidos.

La movilización anunciada contempla además la llegada de los 48 Cantones de Totonicapán a la capital, acompañados por representantes de siete pueblos indígenas. La protesta se desarrollaría en las calles, aunque los organizadores insistieron en que no cerrarán las rutas del país.

Sobre el cierre, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dijo a Infobae que sostendrán una reunión interinstitucional donde se abordará la situación y luego de ello se tendrá una postura al respecto.

El reclamo busca eliminar temporalmente dos impuestos

La propuesta de las autoridades indígenas consiste en suspender de forma temporal el Impuesto a la Distribución de Petróleo, conocido como IDP, y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se cobra sobre los combustibles.

Los representantes de Sololá rechazaron la aplicación de un subsidio en los términos tradicionales. Si el Congreso adopta ese mecanismo, pidieron que el beneficio llegue directamente al consumidor cuando cargue combustible en las estaciones de servicio.

La discusión legislativa gira alrededor de cómo trasladar un alivio al precio final sin crear dificultades administrativas o intermediaciones que impidan que el beneficio alcance a los usuarios, ya que, por ahora alternativas expuestas incluyen pagos a importadores, compensaciones a gasolineras y un fondo de estabilización.

El superintendente de Administración Tributaria, Werner Ovalle, presentó los escenarios que podrían utilizarse para aplicar las propuestas que circulan en iniciativas de ley. El funcionario remarcó que el Congreso debe definir quién tendría la responsabilidad de liquidar los recursos.

La SAT explicó el efecto de las propuestas

El primer mecanismo mantendría la liquidación con cinco importadores específicos. El alivio se aplicaría en las estaciones de servicio, pero el pago se realizaría con esos importadores de manera semanal o quincenal y que, con ese esquema la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) sólo tardaría dos días en adaptar sus plataformas informáticas.

La segunda opción trasladaría la liquidación a las 2.177 estaciones de servicio existentes en el país. En ese caso, cada establecimiento tendría que participar en los procesos periódicos vinculados con el apoyo aplicado directamente al precio de venta.

La SAT calcula que requeriría una semana para desarrollar los ajustes informáticos de ese sistema. La entidad advirtió que la gran cantidad de transacciones y documentos electrónicos elevaría la dificultad de implementar el modelo.

La tercera propuesta plantea un fondo de compensación con una variable de estabilización que acumule recursos y compense las variaciones de los precios. El mecanismo trasladaría la compensación al valor final y liquidaría los fondos con los contribuyentes del impuesto petrolero.

La Administración Tributaria estimó que esa alternativa necesitaría seis semanas de desarrollo institucional, además de un reglamento y coordinación entre varias entidades. Aunque no sería una salida inmediata, Ovalle sostuvo que podría ofrecer una respuesta estructural.

Un representante de transportistas cuestionó a los diputados

Durante la reunión, Esvin Velásquez, representante de la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos, cuestionó a los diputados y los calificó de “fariseos” e “hipócritas” por la distancia que, según dijo, mantienen frente a las necesidades de los ciudadanos.

“Basta de usar ya sus cargos como un escudo”, expresó Velásquez. El dirigente acusó a los legisladores de convertir el servicio público en un espacio de privilegios y de dejar pendientes las demandas de la población.

El representante también aludió a promesas incumplidas y comparó a los congresistas con los “escribas y fariseos hipócritas” mencionados en un pasaje bíblico. Su intervención fue interrumpida por el presidente del Congreso, Luis Contreras.

El titular del Legislativo le pidió que expusiera una propuesta concreta y evitara los señalamientos contra los diputados. La reunión terminó con las advertencias de movilización aún vigentes y sin una respuesta legislativa anunciada sobre las medidas reclamadas.