El Poder Judicial de Costa Rica advirtió que una parte sustancial de su presupuesto para 2027 quedará condicionada a una serie de trámites y autorizaciones que, según la institución, podrían tardar meses y comprometer la ejecución efectiva de recursos destinados a áreas sensibles como investigación criminal, ciberseguridad, conectividad, infraestructura tecnológica y atención de usuarios en zonas periféricas.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027, presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa el 1.º de septiembre, asigna al Poder Judicial un total de ₡530,973.2 millones (aproximadamente USD 1,159.3 millones). Sin embargo, de ese monto, ₡29,843.8 millones (aproximadamente USD 65.2 millones) quedarían sujetos al cumplimiento de requisitos incluidos en cuatro normas de ejecución presupuestaria.
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El principal cuestionamiento de la institución no está dirigido a la existencia de controles, sino al mecanismo diseñado para liberar esos fondos.
Según el Poder Judicial, el procedimiento no establece un plazo cierto para que los recursos queden disponibles, lo que introduce un nivel de incertidumbre que podría dificultar la programación de compras, contratos, servicios y otras obligaciones que deben ejecutarse desde los primeros meses del año.
Entre los requisitos señalados figuran la presentación de estados financieros auditados, certificaciones de la Contraloría General de la República, conocimiento y aprobación por parte de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, aval del Plenario Legislativo y, finalmente, una orden al Ministerio de Hacienda para desbloquear los recursos.
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La institución sostiene que, aun después de cumplir todas esas etapas, el proceso legislativo podría tardar un periodo similar al de un presupuesto extraordinario, de hasta 93 días naturales, sin contar el tiempo necesario para completar los pasos previos.
“No podemos adquirir compromisos sin tener certeza de los recursos”
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Romero Jenkins, explicó que uno de los mayores problemas radica en que muchas obligaciones institucionales deben planificarse con anticipación.
“Hay que entender la responsabilidad institucional desde un enfoque contractual. Tenemos que garantizar el pago, durante el año, de los contratos vigentes; no podemos adquirir compromisos sin tener certeza de los recursos”, señaló.
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Para el Poder Judicial, una liberación tardía del dinero tendría consecuencias prácticas porque el presupuesto no puede ejecutarse de la misma manera en cualquier momento del año.
Si los recursos fueran habilitados en una etapa avanzada del ejercicio presupuestario, sería necesario reprogramar compras, contrataciones, proyectos y planes de trabajo, e incluso existiría el riesgo de que parte del dinero no pueda utilizarse oportunamente.
La institución remarcó que mantiene “plena apertura a la rendición de cuentas” y que históricamente se ha sometido a las auditorías, controles y procesos de fiscalización de la Contraloría.
El reclamo, según indicó, se concentra en que esos mecanismos de control no deberían impedir ni retrasar la ejecución de recursos aprobados para un determinado ejercicio económico.
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La Corte Plena acordó designar a la Presidencia del Poder Judicial para realizar gestiones ante autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo con el objetivo de defender el presupuesto institucional.
OIJ podría ver comprometida adquisición de equipo
Uno de los sectores que eventualmente sufriría consecuencias sería el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según la advertencia institucional, la indisponibilidad oportuna de los ₡29,843.8 millones (USD 65.2 millones) podría afectar la adquisición y mantenimiento de equipo policial, científico, médico, de laboratorio, tecnológico y de comunicaciones.
También podrían verse comprometidos repuestos y suministros considerados esenciales para las labores de investigación criminal.
En medio de un contexto marcado por el fortalecimiento de grupos de crimen organizado y narcotráfico, el Poder Judicial sostiene que cualquier retraso en este tipo de inversiones podría tener efectos sobre la capacidad operativa de la Policía Judicial.
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Ciberseguridad y tecnología
Otra de las áreas señaladas es la ciberseguridad.
El bloqueo de recursos podría limitar la capacidad institucional para prevenir, detectar y atender incidentes informáticos, así como mantener protegidos los sistemas y la información judicial.
También podría verse afectado el mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica utilizada por despachos, oficinas y sistemas judiciales.
La institución advirtió además sobre posibles repercusiones en los procesos de transformación digital, incluyendo servicios de desarrollo y mantenimiento de software, actualización de sistemas estratégicos e innovación tecnológica.
Fibra óptica y conectividad nacional
Entre los compromisos que también podrían quedar expuestos están más de 22 contratos de enlaces de fibra óptica.
Estos enlaces permiten conectar sedes, oficinas, centros de datos, sistemas y bases de datos del Poder Judicial distribuidos en distintas regiones del país.
Un eventual retraso en los pagos o en la continuidad de esos servicios podría afectar la operación cotidiana de oficinas judiciales y la comunicación entre dependencias.
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Riesgo para sustitución de plazas
La institución también cuestiona las condiciones que se establecerían para utilizar plazas vacantes.
De acuerdo con lo planteado, su uso quedaría sujeto a un estudio técnico de la Contraloría, conocimiento de Corte Plena y aprobación de una comisión legislativa, además de una actualización trimestral.
El Poder Judicial advierte que esto podría retrasar la sustitución de personas funcionarias que se jubilen o fallezcan.
En el caso de jueces, las consecuencias podrían ser particularmente delicadas.
Según la institución, una demora en la sustitución de una persona juzgadora podría afectar la continuidad de un proceso, provocar la anulación de un juicio o impedir la prórroga oportuna de una medida cautelar.
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Oficinas en zonas periféricas también podrían verse afectadas
Otro de los posibles efectos tendría relación con el acceso territorial a los servicios judiciales.
El Poder Judicial señaló que, si los recursos no se habilitan a tiempo, eventualmente tendría que revisarse la continuidad de algunos despachos y oficinas ubicados en zonas periféricas.
Esto podría afectar el acceso presencial a la justicia de personas que viven lejos de los principales centros urbanos.
La institución insiste en que el problema no se limita a una discusión contable, sino que podría traducirse en consecuencias directas para usuarios, funcionarios y servicios.
Poder Judicial aclara monto de fideicomiso
En medio de la discusión presupuestaria, la institución también volvió a aclarar información relacionada con un fideicomiso destinado a infraestructura judicial.
Según el Poder Judicial, ese fideicomiso alcanza los ₡37,556 millones (USD 82 millones) y no los ₡320,600 millones (USD 700 millones) ni los ₡302,280 millones (USD 660 millones) que, según la institución, se han mencionado incorrectamente.
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Los recursos están destinados a proyectos de infraestructura que buscan atender el déficit de edificios y espacios adecuados para la prestación de servicios judiciales.
También pretenden disminuir progresivamente el gasto en alquileres y generar ahorros para el Estado.
La institución aclaró además que los llamados depósitos judiciales no pertenecen al Poder Judicial ni forman parte de ese fideicomiso.
Se trata de dinero de personas usuarias vinculado con procesos judiciales en los que existen embargos, retenciones u otras medidas.
También incluyen recursos correspondientes a pensiones alimentarias, que son depositados por la parte obligada y posteriormente girados a la persona beneficiaria.
El Poder Judicial añadió que los intereses generados por esos recursos en cuentas del Banco de Costa Rica pertenecen a las partes, de acuerdo con lo establecido por la Sala Constitucional, y son entregados cuando así lo ordena la autoridad judicial.
La discusión sobre el presupuesto 2027 abre así un nuevo frente entre el Poder Judicial y el Ministerio de Hacienda, con la institución judicial advirtiendo que la forma en que se condicionan ₡29,843.8 millones (aproximadamente USD 65.2 millones) podría tener consecuencias operativas mucho antes de que el dinero llegue efectivamente a estar disponible.
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