Un fiscal general adjunto de Costa Rica puso en cifras lo que The Wall Street Journal, diario estadounidense, documentó en un reportaje publicado el 26 de agosto: los homicidios en el país subieron 50% desde 2020, y buena parte de esa violencia se explica por los pagos en cocaína que organizaciones de México, Colombia y Europa hacen a sus socios locales. Así lo declaró Mauricio Boraschi al diario, según retomó El Mundo CR a partir de esa publicación.
“Muchas de las víctimas están vinculadas con estos grupos criminales, pero el número de víctimas colaterales también ha crecido exponencialmente”, advirtió Boraschi.
El mecanismo es directo: las organizaciones transnacionales pagan sus servicios con droga, los grupos costarricenses la venden en el mercado interno y las disputas territoriales por ese negocio alimentan los asesinatos.
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Costa Rica, principal corredor de cocaína desde 2020
El punto de inflexión fue 2019, cuando la terminal de contenedores de Moín, en la costa caribeña, comenzó a operar. Según el diario estadounidense, las organizaciones criminales identificaron de inmediato la oportunidad: la instalación procesó más de seis millones de toneladas de exportaciones el año pasado, un volumen que facilita mover cargamentos de droga a una escala sin precedentes en el país.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, citado por el diario, estableció que desde 2020 Costa Rica se convirtió en el principal punto de tránsito de cocaína sudamericana con destino a Estados Unidos y Europa.
Las autoridades costarricenses y europeas anunciaron el año pasado el desmantelamiento de una red que enviaba cocaína en contenedores de yuca congelada.
La provincia de Limón, donde está el puerto, concentra el impacto más grave: su tasa de homicidios supera en más del doble el promedio nacional. La ciudad, de unos 70,000 habitantes, era considerada relativamente segura hace pocos años.
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Tres vehículos patrulla contra el crimen organizado
El jefe de la policía municipal de Limón, Jeison Arce, reconoció ante el diario la desproporción de la batalla: su fuerza dispone de apenas tres vehículos patrulla frente a organizaciones con recursos económicos mucho mayores. Algunos jóvenes se incorporan a las bandas ante la falta de alternativas laborales.
El asesinato del agente Gerson Rosales, de 28 años, abatido durante una patrulla por presuntos miembros de una banda local, se convirtió en uno de los casos más representativos de esta etapa. Tras su muerte, la presidenta Laura Fernández impulsó nuevas iniciativas legislativas para endurecer las penas.
La guerra entre el Ejecutivo y el Poder Judicial
La crisis de seguridad derivó en un choque institucional que el diario calificó como una “guerra civil política”. Fernández, quien asumió en mayo, acusó al Poder Judicial de estar infiltrado por el crimen organizado, presentó una denuncia penal contra magistrados de la Sala Constitucional en una disputa por nombramientos judiciales y recortó el presupuesto de esa institución.
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En julio, el Ministerio de Hacienda anunció reducciones por decenas de millones de dólares que incluyen al Ministerio Público, los tribunales y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“¿Por qué esto se ha convertido en un círculo vicioso, donde la policía arresta personas y el Poder Judicial las libera?”, preguntó Fernández poco después de tomar posesión.
El fiscal general Carlo Díaz respondió que los recortes “definitivamente benefician al crimen organizado” y advirtió que podrían facilitar decisiones gubernamentales orientadas a limitar derechos ciudadanos.
Funcionarios judiciales preparan una impugnación contra esas medidas, y el relator especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial las calificó como una “noticia preocupante”.
Miles de costarricenses se movilizaron este mes en defensa del Poder Judicial con carteles que rezaban “No toquen nuestro Poder Judicial independiente”.
El antecedente Chaves y el efecto Bukele
La confrontación tiene raíces en el mandato anterior. Rodrigo Chaves, quien gobernó entre 2022 y 2026, impulsó un discurso duro contra el crimen y las instituciones tradicionales, defendió medidas inspiradas en el modelo de El Salvador bajo Nayib Bukele y promovió la construcción de una prisión de máxima seguridad cuya apertura está prevista para este año.
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Durante su administración se aprobó también la reforma constitucional que permite extraditar a ciudadanos costarricenses acusados de narcotráfico.
Este año, el país extraditó a Estados Unidos a un exmagistrado de la Corte Suprema y exministro de Seguridad acusado de delitos vinculados al tráfico de drogas.
En agosto, dos presuntos narcotraficantes, Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, y Gabriel Lozano, alias “Compadre”, fueron entregados a la justicia estadounidense para enfrentar cargos en una corte federal de Nueva York, según informó Reuters, agencia de noticias británica.
Los límites de la mano dura
El Gobierno de Fernández defiende sus resultados: la policía antidrogas incorporó 100 agentes en los últimos dos años, las incautaciones se recuperaron el año pasado y, según cifras del Ejecutivo, entre enero y agosto de 2026 se registraron 62 homicidios menos que en el mismo período de 2025.
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No obstante, el diario señaló que los asesinatos alcanzaron máximos históricos en 2023 y apenas cedieron en los dos años siguientes, mientras los decomisos de cocaína cayeron a 21.4 toneladas métricas en 2023, el nivel más bajo desde 2015.
Los expertos citados por el diario advirtieron que el problema costarricense es particularmente complejo porque las organizaciones transnacionales ya están profundamente arraigadas. En ese contexto, aumentar penas o construir cárceles no bastaría para resolver la crisis.
Fuente: El Mundo CR, a partir del reportaje Runaway Drug Violence Sets Off a Political Earthquake in Costa Rica de The Wall Street Journal, publicado el 26 de agosto de 2026.
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